Senadores de todos los partidos alzaron sus manos el 18 de octubre para aprobar un proyecto de ley de reestructura de las deudas en unidades reajustables (UR) ante el Banco Hipotecario (BHU) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
Pero la ovación de los deudores que bajó desde las barras no impidió que los días siguientes técnicos y autoridades del BHU y la ANV empezaran a juntarse con el Ministerio de Economía, preocupados por un costo fiscal que pudiera hasta duplicar lo estimado en un inicio, según reconstruyó El Observador.
Fue así que desde el Poder Ejecutivo se contactaron con el presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Andújar, para que los diputados de la comisión de Vivienda no lo votaran "a tapa cerrada" y recibieran primero a las partes involucradas para estudiar modificaciones.
El enfriamiento de una iniciativa de larga data prometida por el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General no pasó desapercibido para los propios deudores, que empezaron a hacer consultas a los legisladores.
"Se votó por unanimidad y nos llama poderosamente la atención que una vez que pasa a Diputados aparecen planteando cosas que en tres años ya están más que estudiados y laudados", dijo a El Observador la abogada Rosemarie Rosas, del Movimiento de Deudores, quien sabe que la votación tendrá que ser en diciembre y que, por tener cambios, volverá al Senado.
Rosas agregó: "Hay 23 mil, 25 mil familias, que lo creíamos laudado. No se oponen a la ley en sí, sino que tratan de introducir elementos cuyo único objetivo es dejar mayor cantidad de gente afuera".
Los senadores que meses atrás se habían puesto al hombro las conversaciones con Torre Ejecutiva siguen de cerca el trabajo de la comisión en Diputados. "Hay una posición en que Economía hace advertencias respecto al costo que eso tiene. Le afecta el balance porque se genera una pérdida en empresas públicas, incide en el déficit y puede incidir en la calificación de Uruguay. Hay un cuidado de parte del MEF, pero es más bien una advertencia de lo que sucede más que un mensaje de que no se haga", sostuvo el nacionalista Sergio Botana.
El presidente de la ANV, Klaus Mill, reconoció a El Observador que "la redacción tal como está hoy tiene un costo fiscal mucho mayor" a los US$ 590 millones estimados en octubre por el MEF, entre los US$ 330 millones de créditos del BHU y US$ 260 millones de los de la ANV. En el gobierno aventuran que el costo del texto que salió del Senado podría ser de hasta mil millones de dólares si no se afina la redacción.
Leonardo Carreño
Archivo, reclamo de los deudores en UR durante la campaña electoral
El senador blanco Botana acusó que "todo surge de la imposibilidad de calcular la deuda debidamente debido al espantoso manejo del BHU, que lamentablemente tiene la información anterior a 2008 en carpetas, por lo que no puede dar datos con la exactitud debida". El dirigente de Mejor País ha chocado varias veces con el organismo y hasta ha pedido la renuncia de su presidenta Casilda Echevarría.
El BHU, junto a economistas de CPA Ferrere, Exante y otras consultoras que se han manifestado, arremeten de plano contra una reestructura que consideran "demagógica". El proyecto permite a grandes rasgos que se extingan las deudas en UR de más de 40 años de antigüedad y con 210 pagos mensuales (cuotas), y que haya tasas más beneficiosas –desde 0% a 2,5%– para las que se aproximen a esos requisitos, según cada caso.
Alertas del BHU y el gobierno
"En el texto no se refleja lo que ha querido el Senado establecer", dijo la presidenta del BHU ante los diputados la semana pasada, y repartieron un texto alternativo al que accedió El Observador, de la misma forma que lo hicieron el miércoles el MEF y la ANV tras mantener varias reuniones.
El gerente general Álvaro Carella apuntó que "el más relevante" aspecto refiere al "concepto de que las deudas debieran extinguirse en un plazo de cuarenta años", cuando en realidad "hace referencia a la fecha de originación del crédito independientemente de quién sea el titular". "En la práctica los créditos hipotecarios son adquiridos por otras personas y el titular actual no necesariamente es el mismo que el que lo adquirió originalmente. En una proporción muy significativa de los créditos que están hoy en UR, quienes los adquirieron lo hicieron hace relativamente pocos años. Es una diferencia muy significativa (...)", explicó el economista.
Carella expuso que "hay incertidumbres sobre quiénes eran los deudores originales y la fecha en la que contactaron con el crédito". "En nuestras estimaciones, podría estar toda la cartera del BHU en UR, es decir, podríamos estar hablando de un stock de créditos de entre US$ 450 millones y US$ 500 millones, que es bastante distinto a todas las estimaciones que se venían trabajando, porque siempre había focalización", dijo, en el entendido de que pueden haber habido venta de títulos sin haber hecho la novación (cuando se sustituye al titular) y por tanto estar perdonando el crédito a quien ya se despojó de él pero que sigue figurando a su nombre por no haber notificado al BHU.
Echevarría, presidenta del BHU, manifestó en esta línea que "parece razonable y lógico que se focalice una situación especial en gente que tiene no solo un crédito pago por mucho tiempo sino también en inmuebles de un costo razonable", para lo que sugirió valores de entre US$ 100 mil y US$ 150 mil. "Ciertamente, no estamos hablando de gente de muy escasos recursos; estamos hablando de casas en muy buen estado", declaró.
También Klaus Mill, de la ANV, hizo hincapié en el "carácter social" de las viviendas y coincidió con la cifra sugerida por el BHU. Se trata incluso de una inquietud trasladada en el Senado por el frenteamplista Mario Bergara, en tanto su asesor Jorge Polgar –otrora presidente del BHU– había afirmado a El Observador que la reestructura no podía ser "al barrer" considerando solamente la antigüedad de los créditos.
El senador Botana apuntó que se opusieron a ese reclamo bajo la premisa de que "las propiedades que más valen son las que la gente más cuidó".
Otro punto sustancial a estudio de Diputados es que sea la ANV y no República Afisa quien administre el fideicomiso al que el BHU pasara su activo. Tanto el BHU como ANV defienden que sea un fideicomiso financiero y no de administración, de un régimen similar a los generados cuando entre 2008 y 2010 se reestructuró al BHU. "En una lógica de minimizar riesgos y ayudar a la implementación es razonable seguir el camino de lo que ya es la experiencia en este tipo de operaciones", dijo el gerente general Carella.
Klaus Mill, presidente de la ANV, defendió en tanto que el organismo "tiene la especialidad" para "hacerse cargo de los fideicomisos".
La diputada blanca Carmen Tort, del riñón de Botana, indicó que "habría que ver cómo solucionar el personal y todo el andamiaje" para hacerlo, y que en el Senado la opción de que República Afisa se hiciera cargo respondió estrictamente a eso: todo el tiempo que podría insumirle a la ANV asumir la tarea.
