El Parlamento aprobó esta semana de manera definitiva la reestructura de las deudas en Unidades Reajustables (UR) ante el Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. El texto, prometido por el presidente Luis Lacalle Pou en la Asamblea General del 2 de marzo, genera fuertes resistencias en los propios organismos involucrados y en expertos que desde hace años ponen el tela de juicio la denuncia de que la UR ha afectado a los deudores.
"Para hacer macanas no hay grieta, ahí hay unanimidades", reclamó el economista Javier De Haedo, luego de que el Senado ratificara los cambios negociados a último momento en Diputados.
El economista José Licandro arremetió contra lo aprobado: "US$ 590 millones de quitas a deudores hipotecarios que hicieron lobby –hasta que lo lograron– con dinero de contribuyentes. ¿Qué se viene ahora?".
"La reflexión que cualquiera puede hacer respecto a las prioridades del gasto público es que esos US$ 590 millones son una cifra sideral concentrada en relativamente pocos uruguayos –unas 25 mil familias–, cuando Uruguay tiene 200 mil familias en asentamientos, un número elevado de pobreza infantil", cuestionó en diálogo con El Observador el socio de la consultora Exante, Pablo Rosselli.
El experto sostuvo no obstante que son "decisiones que legítimamente" toman los legisladores desde un punto de vista político, aunque "muestran que la prioridad no son esos temas". "Parece claro que hay más disposición a destinar recursos para los deudores que a atender esas situaciones", agregó.
El diputado Federico Casaretto defendió en diálogo con El Observador las modificaciones negociadas en Diputados, dado que permitieron que se votara por unanimidad.
"Cuando la presidenta del Banco Hipotecario (Casilda Echevarría) habla de que el proyecto original decía US$ 180 mil de valor de la vivienda y que nosotros pusimos US$ 80 mil de crédito original y que eso serían us$ 300 mil al valor de hoy, la presidenta se olvidó de leer al final del artículo que eso es al valor remate, que son dos tercios del valor efectivo de la vivienda: US$ 270 mil. Si a la presidenta del BHU la diferencia de US$ 30 mil le parece que es la diferencia entre ricos y pobres, o política social y ser generoso, está muy equivocada", declaró.
"La presidenta omite, y me extraña porque conoce el funcionamiento del BHU, que cuando uno paga el crédito, durante muchos años no toca el monto original que pidió. Se pagan intereses, intereses y más intereses. Hay ente que pagó varias veces el monto de su vivienda sin llegar al 50% del monto original del crédito que se votó", argumentó el diputado del Partido Nacional.
La presidenta del BHU había acusado que la "larguísima discusión" en Diputados había llevado a "incluir en el perdón de deudores de UR a quienes al menos hayan pago el 35% del crédito, bajando el 50% que venía de comisión". "Pregunto, ¿qué sentido tiene si al decir de los propios deudores todos habían pago varias veces la deuda? Raro", añadió en sus redes sociales.
La ley establece que se extinguirán las deudas de más de 40 años desde que fueron contraídas, siempre y cuando en los diez años previos al momento de aplicación del beneficio "se hayan abonado un mínimo de 110 pagos"; y que el saldo sea "igual o inferior al 65% del capital adeudado al momento de la asunción del crédito por su actual titular".
Las deudas contraídas antes del 31 de diciembre 1993 serán bonificadas con una tasa de 0% sobre las UR; las que se hayan adquirido entre 1994 y 2008 tendrán en cambio una tasa de 2,5% de interés. De haber más de tres cuotas sucesivas impagas, quedarán sin efecto los beneficios.
El gobierno había alertado a los diputados que de no subsanarse la redacción del Senado, sería incalculable el costo fiscal de una iniciativa que se propuso en principio para reestructurar unos US$ 330 millones a nivel del BHU y US$ 260 millones en la ANV.