Agosto fue el mes con más paros y ocupaciones en la educación: las claves del conflicto

Solo en agosto de este año hubo más días (siete) de ocupaciones de centros educativos que cualquiera de los doce meses sumados de los dos años anteriores. Por lo que Eloísa González, directora del Departamento de Estudios Organizacionales de la Universidad Católica que elabora el índice de Conflictividad Laboral, no tiene dudas: fue el mes con más días de paros y ocupaciones en la enseñanza.

El conteo no considera el nivel de violencia con que se expresa el conflicto que, en el último mes, incluyó pintadas en la fachada de la casa del presidente del Codicen, insultos al presidente de la República y la rotura de vidrios.

Tampoco toma en cuenta si las movilizaciones fueron lideradas por las federaciones sindicales o solo obedecieron a núcleos de base, si fueron docentes, funcionarios no docentes o estudiantes. Pero esa distinción tiene relevancia porque, aunque suene a cliché, no todos los paros u ocupaciones respondieron a iguales motivos.

Desde que existen registros del índice de Conflictividad Laboral, la educación es la segunda rama de actividad con mayor conflictividad. Pasó en los gobiernos del Frente Amplio y sucede ahora. La construcción suele encabezar ese ranking, en buena medida por la cantidad de empresas y proyectos que nuclea, así como por la alta representatividad y capacidad de organización que tiene el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos. Los sindicatos de la enseñanza también se caracterizan por una alta representación (encima del 85% entre los maestros).

En casi todas las administraciones pasa lo mismo: mientras se discute el presupuesto quinquenal, en el primer año de gobierno, se da la mayor conflictividad en la educación. Mucho más desde que se reclama que el 6% del PIB se destine a la enseñanza. Pero en el actual quinquenio la tendencia cambió: la pandemia hizo que la conflictividad se viera reducida el primer y segundo año, la discusión sobre la recuperación salarial (tras dos años de caída y la reducción al 4,4% del PIB destinado a la educación) se aplazó y en este 2022 confluyeron las reivindicaciones laborales clásicas, los cuestionamientos al proceso de reforma educativa y luchas puntuales.

Puede decirse que el conflictivo agosto es el resultado de un caldo de cultivo que acumuló luchas históricas (como la presupuestal), disputas ideológicas y pujas coyunturales (incluyendo el aumento de la inseguridad en centros educativos o la quita de becas de transporte para algunos estudiantes de formación docente).

Ese caldo de cultivo venía sedimentándose desde antes que el gobierno sea gobierno. En 2018, cuando todavía no era secretario de Estado, el hoy ministro de Educación, Pablo Da Silveira, decía en una columna de opinión: “Es verdad que los sindicatos vienen actuando como una fuerza regresiva, solo interesada en mantener su poder y sus privilegios aunque sea al precio de perjudicar a los alumnos”. Los sindicatos, a su vez, venían criticando la lógica “privatizadora” del liceo público de gestión privada que había fundado Da Silveira (Liceo Impulso).

Esa misma tensión, pero agravada, existía entre algunos sindicatos y el hoy presidente del Codicen, Robert Silva. Cuando era representante de los docentes, Silva fue declarado “persona no grata” por parte de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria de Montevideo.

El desgaste de la pandemia, la falta de consulta a los docentes en el inicio del armado del marco curricular (aunque ahora las ATD forman parte del armado de los nuevos planes) y la discusión por la LUC fueron tensando más esa relación que se reflejó en que los sindicatos ganasen con creces los dos lugares de representación en el Codicen. Eso incluyó acusaciones sobre quién era el responsable de darles de comer a los niños los días de paro. 

¿Qué es lo nuevo? Este agosto, justo el mes en que se recuerdan a los mártires estudiantiles y en que está en plena discusión el proyecto de Rendición de Cuentas, llega tras incidentes de violencia, una bala que impacta contra un liceal y la aprobación en el Consejo de Formación en Educación de un proyecto de transformación de la carrera docente (votación que solo fue acompañada por los consejeros designados por el gobierno).

Ese proyecto —el que incluyó el plagio, falta que en Formación Docente es penalizada hasta con la quita de la calidad estudiantil— había sido rechazado en su totalidad por la mitad de las Asambleas Técnico Docente. Otro 45% rechazó parte y solo 5% tuvo cierta aceptación, según la información sindical a la que accedió El Observador.

Esa iniciativa cambia los escalafones docentes (se dejan los siete niveles y se pasa a una graduación similar a la Universidad de la República), se quitan asignaturas anuales para que sean semestrales (por lo que algunos profesores pierden carga horaria), se quitan materias (como el primer año de didáctica) y se agrega un tronco formativo sobre nuevos lenguajes .

“Desde 2015 se venía trabajando en un cambio del plan 2008, pero la nueva administración quiso hacer otra cosa, en todo su derecho. El problema fue que no incorporó la voz y los reclamos de los propios docentes”, explicó Líber Romero, presidente del Sindicato de Docentes de Formación en Educación.

Por si fuera poco, los estudiantes de formación docente también entraron en conflicto. Algunos eran reclamos específicos, como la sobrepoblación en Magisterio que obligó a que muchos alumnos tuviesen que cambiar de local de estudio o no accedieran a las prácticas. Otros eran reivindicaciones generales, como el rechazo al cambio de asignaturas a mitad de camino y sin consenso.

Algunos de esos reclamos devinieron en insultos. Silva denunció las pintadas en su casa y ahora la pedrada en una actividad en el Cerro. Los sindicatos de docentes rechazaron esas agresiones y se solidarizaron con el jerarca, aunque algunos políticos, como el diputado colorado Felipe Schipani (el mismo que lideró una investigación parlamentaria por irregularidades en las faltas docentes) acusaron al gremio de profesores de “dar manija”.

El lunes habrá una reunión de la coordinadora de sindicatos de la educación para intentar tender puentes y que se llegue a una negociación.