Al menos alguien cree en la libertad

La propuesta del debate obligatorio provino del diputado Fernando Amado cuando aún pertenecía al Partido Colorado con el argumento de que el debate “colabora con la democracia y ofrece más elementos para el votante”. Nadie lo duda pero una cosa son debates libres y otra los obligatorios. Casi nadie quiso estar en contra de los debates obligatorios aunque no todos estaban de acuerdo en la forma de llevarlos a cabo. El diputado nacionalista Pablo Abdala, que estuvo en contra, a último momento señaló que su partido acompañaría la iniciativa con los cambios introducidos: “Que no se diga que nosotros tememos a los debates”.

La única voz disidente en la Cámara fue la de la diputada colorada Elena Grauert quien emitió el único voto contra el proyecto con un sencillo argumento: “No creo que sea necesario regularlo todo, yo creo en la libertad de expresión y en que cada uno puede tener la estrategia que le parezca”. Fuera de la votación de la Cámara, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi también se opuso a la iniciativa del debate obligatorio por ir contra el principio de la libertad.

Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Senadores y todo hace suponer que contará con los votos para su aprobación: en estos tiempos, es lo políticamente correcto. Con lo cual, si hay segunda vuelta, habrá al menos un debate televisado por cadena nacional y en horario central. La Corte Electoral se las verá en figurillas para elegir el conductor del mismo. Tal vez le convenga hacer un llamado a interesados y luego sortear al encargado de llevarlo a cabo. Parece ridículo pero es la mejor forma de salvaguardar su imparcialidad. Menos mal que la Corte Electoral no tiene que organizar los debates del Partido Demócrata de Estados Unidos que han concitado la presencia 25 candidatos a la nominación presidencial. Y 20 de ellos han aparecido en un mismo debate televisivo. Eso sí, sin que ninguna norma legal que lo imponga.

En fin, una réplica del show que protagonizaron los republicanos en 2015 con Donald Trump a la cabeza y otros 14 aspirantes a la presidencia.

Los debates televisivos comenzaron en 1960 en Estados Unidos en el famoso intercambio entre John F. Kennedy y Richard Nixon y luego se hicieron una tradición que nadie quiere perderse. Lo mismo ocurrió en Francia a partir de 1974 cuando debatieron Valery Giscard d’ Estaing y François Mitterrand. Y la costumbre se extendió luego por Europa. Suecia fue pionera en 1948 pero sin televisión. Es a partir de los 70 cuando se hace común el debate televisivo aunque en Alemania recién se instaura en 2002 y en Gran Bretaña en 2010.

En América Latina son costumbre en los últimos 25 años. Uruguay, que había avanzado en 1989, tuvo su último debate en 1994. Brasil es el único país en el que los debates están fijados por la ley electoral e incorporan a todos los candidatos aunque la ley no establece la autoridad para organizar los debates. 

Ahora queremos hacer los debates obligatorios. Es algo que no se entiende. Debería estar en el interés de los candidatos mostrar sus ideas frente al público y lo ocurrido en ocasión del debate entre Talvi y Andrade en Canal 4 demostró los beneficios del mismo.

Ahora bien, que el Parlamento se ponga a legislar sobre la obligatoriedad y el formato de los debates es algo muy peligroso porque interfiere en la libertad de candidatos, medios y periodistas. Quien quiera debatir, podrá arrojar el guante. Quien no lo quiera, que no lo recoja. Cada cual se atendrá a las consecuencias. Pero hacerlo obligatorio para todas las etapas y con sanciones y organizado por la Corte Electoral, es algo que demuestra que el Parlamento está demasiado distraído con la campaña política como para pensar con claridad de presente y sentido de futuro. Lo más sensato es seguir el consejo de la diputada Elena Grauert. Y su voto en solitario contra el debate obligatorio, debería ser recordado como el llamado del sentido común y el llamado de la libertad responsable. Valores que lamentablemente escasean.