El directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió sumariar y separar del cargo a cuatro médicos del Hospital de Treinta y Tres, luego que una investigación administrativa del prestador estatal concluyera que los profesionales tuvieron responsabilidad en la muerte de una adolescente de 14 años que se había sometido a un proceso de interrupción voluntaria del embarazo en diciembre.
En una rueda de prensa que tuvo lugar este viernes, el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, informó además que elevará las conclusiones del informe realizado a la fiscalía departamental para que analice si hay además responsabilidades penales.
La muerte de la adolescente había ocurrido el 13 de diciembre, una semana después del aborto, cuando la joven había terminado todas las etapas del procedimiento que exige la ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue aprobada en 2012.
La causa de muerte fue septicemia (una infección generalizada). La joven ingresó a la emergencia del Hospital de Treinta y Tres y murió al otro día. Sin embargo, una primera investigación administrativa realizada por el propio centro de salud había descartado irregularidades en la actuación de los médicos, lo que en su momento no conformó a las autoridades de ASSE, que dispusieron esta segunda investigación con resultados opuestos.
Además de la separación del cargo, Sosa dijo que a los cuatro trabajadores se les retuvo los haberes y que se decidió "implementar los correctivos de servicio pertinentes sugeridos en las conclusiones de la investigación, referidos al cumplimiento de guías y protocolos de atención de niñas y adolescentes en situación de embarazo".
El directorio del prestador estatal también resolvió iniciar una segunda investigación para determinar por qué uno de los cuatro médicos sumariados había sido contratado en 2018, cuando nueve años antes ya había sido destituido "por una causal que lo ameritaba", según indicó Sosa.
El gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, presente en la conferencia de prensa, contó el detalle de uno de los cuatro casos. Aseguró que el doctor se encontraba de retén en el hospital –una guardia en la que los médicos no tienen por qué estar físicamente en la institución–, pero que no acudió al llamado cuando internaron a la adolescente.
"Cuando una persona está de retén no implica que no vaya cuando es llamado. Acá se constató que hacía indicaciones por teléfono cuando la paciente fue internada, lo que no está permitido en ningún prestador del país", afirmó el jerarca.
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