El informe que realizaron las autoridades del Hospital de Treinta y Tres respecto a la muerte de una adolescente de 14 años luego de someterse a un proceso de interrupción voluntaria del embarazo descartó responsabilidades médicas. Sin embargo, según informó Telemundo y confirmó El Observador, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) continuará investigando el caso.
La muerte de la adolescente había ocurrido el 13 de diciembre, una semana después del aborto, cuando la joven había terminado todas las etapas del procedimiento que exige la ley de interrupción voluntaria del embarazo que fue aprobada en 2012.
La causa de muerte fue septicemia (una infección generalizada). La joven ingresó a la emergencia del Hospital de Treinta y Tres y al día siguiente murió.
En tanto, la familia de la joven realizó la denuncia, y el caso es investigado por la fiscal de 2° Turno de Treinta y Tres, Ana Segovia, quien tomó las primeras declaraciones, pero no hubo mayores avances ya que la denuncia ingresó días antes del comienzo de la feria judicial.
En paralelo, el centro de salud elevó el informe que descartó mala praxis, pero a las autoridades del directorio de ASSE les resultó con "gusto a poco" y entienden que podía haber sido más riguroso, según las fuentes del prestador estatal.
Por lo tanto, la investigación continuará ahora en Montevideo. Así lo determinó una resolución que adoptó esta semana el directorio de ASSE en su última sesión, por la cual se decidió que ante cualquier fallecimiento de un usuario del prestador público las investigaciones finales quedarán en manos del departamento jurídico del organismo.
Aborto
La ley de interrupción voluntaria del embarazo se aprobó en noviembre de 2012 en Uruguay y habilita a realizar el procedimiento hasta la semana 12 de gestación. El proceso comienza con una consulta médica donde la mujer deberá contar por qué decidió no continuar con el embarazo. A su vez, el médico dispondrá la consulta con un equipo interdisciplinario que está integrado al menos por tres profesionales: un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social, quienes informarán sobre el procedimiento y las alternativas si decide no realizar el aborto.
Luego hay un período de reflexión de al menos cinco días y si continúa con el proceso, se realiza el aborto en el hospital o mutualista de la afiliada.
La organización Las Lilas informa que desde que se aprobó la ley más de 65 mil mujeres se realizaron abortos en el sistema de salud pero remarcan que hay "falencias, problemas y vacíos" que no fueron corregidos.
La carta pública que difundió Las Lilas está acompañada por otras organizaciones feministas como Mujer y Salud y el Colectivo Feminista Treinta y Tres, entre otras.
