La profesional está acusada de atender como cardióloga sin haberse recibido de tal
La Federación Médica del Interior (FEMI) manifestó el martes “su plena solidaridad y respaldo institucional” a la médica de Treinta y Tres que fue imputada por la Fiscalía por el delito de usurpación de título.
La médica atendía una policlínica de cardiología a pesar de no tener terminado el posgrado en esa especialidad. La fiscal de primer turno de Treinta y Tres, Ana Baricevich, imputó a la profesional y ordenó, como medidas cautelares, la fijación de domicilio, la prohibición de salir del país y la de ejercer la cardiología por 90 días, hasta que se celebre el juicio
“El caso constituye un hecho de enorme gravedad, no solo por sus consecuencias personales y profesionales, sino porque expone una realidad que FEMI viene advirtiendo desde hace tiempo a las autoridades nacionales: la ausencia de un marco jurídico claro que otorgue seguridad a los médicos que desempeñan funciones asistenciales especializadas indispensables para el funcionamiento del sistema de salud”, señala el comunicado emitido por la gremial de médicos del interior.
FEMI remarca que no se trata de un caso aislado, ya que muchas horas de especialidades son cubiertas por médicos que no finalizaron sus estudios de posgrado respectivos y por lo tanto no están titulados.
“Se estima que alrededor del 30% de los médicos que actualmente ejercen funciones propias de especialidades médicas en Uruguay se encuentran en una situación similar (sin el posgrado respectivo terminado)”. Para la gremial la labor de estos médicos “resulta esencial para garantizar la cobertura asistencial en todo el territorio nacional, particularmente en el interior del país”.
El comunicado agrega que “resulta inadmisible que profesionales cuya actividad ha sido conocida, permitida o tolerada durante años por las propias instituciones del sistema de salud queden expuestos, en forma individual, a consecuencias jurídicas derivadas de una situación estructural que el Estado aún no ha resuelto”.
Para FEMI “hoy no existen las garantías jurídicas indispensables para brindar la debida protección a estos profesionales ni a las instituciones asistenciales, circunstancia que genera incertidumbre, compromete la continuidad de los servicios y pone en riesgo la adecuada cobertura sanitaria de la población”.
El comunicado finaliza exhortando a las autoridades del Ministerio de Salud Pública a alcanzar en forma urgente “una solución definitiva a esta problemática”.
El Plenario Gremial de FEMI resolvió declararse en Asamblea Permanente y facultó al Consejo Ejecutivo a adoptar “las medidas gremiales e institucionales que estime pertinentes en defensa de los médicos, de las instituciones asistenciales y del derecho de la población a acceder a una atención especializada de calidad”.
La médica M.L.P. ejercía como cardióloga y fue imputada a raíz de una denuncia de usurpación de título presentada por el Ministerio de Salud Pública en 2024, durante la anterior administración.
La denuncia fue presentada por un usuario de los servicios de salud de Treinta y Tres, que aportó fotografías de cómo la médica era presentada como cardióloga en la mutualista local. Según la denuncia, la médica imputada se habría inscripto en 2018 para finalizar su posgrado, algo que todavía no logró.
Gustavo Alonso, presidente de FEMI, dijo a El Observador que la acusada está cursando el posgrado en cardiología y le resta aprobar el último trimestre de la especialización.
Alonso agregó que, debido a la carencia de especialistas que existe, en varios llamados de ASSE para cubrir este tipo de horas de consulta se aceptan los médicos sin el posgrado respectivo terminado.
Por ejemplo, un reciente llamado para un cargo de urólogo también en Treinta y Tres fue dirigido a urólogos o médicos “cursando el último año de la especialidad en urología”. Otro llamado para un puesto de cardiólogo en el mismo departamento, también convocó a médicos que estén cursando el último año de la especialización, sin haberla terminado.
Fuentes médicas dijeron que en estos casos los estudiantes avanzados de posgrado consiguen un aval de la cátedra de que están en condiciones de desempeñar los cargos.
La presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere, manifestó que el peor efecto de este caso sería “que la gente sintiera alarma respecto de la atención que recibe”.
“En términos generales, cuando uno analiza los resultados de sistema de salud se aprecia que son buenos. Pero tenemos que mejorar la transparencia y la calidad de la información”, reconoció. “La gente tiene derecho a saber con quién se está atendiendo”.
Pradere prefirió no opinar sobre el caso concreto, ya que está en manos de la justicia y se confía en su actuación. “La información que tenemos dice que la doctora figuraba como responsable de una policlínica en cardiología. La justicia deberá determinar si existió la usurpación de título”.