Aumento de penas a menores: la medida de Bonomi que el FA encajonó y los blancos reflotan

Ante cada uno de esos casos, el gobierno de José Mujica puso en marcha un paquete de medidas para endurecer el combate a la inseguridad. En 2011, a principios de su mandato, el Parlamento aprobó varias leyes referidas a los menores infractores y un año después, consumado el crimen de La Pasiva, el Ejecutivo presentó 15 medidas de seguridad, que iban desde el Plan Siete Zonas (luego cancelado por falta de presupuesto) hasta la legalización de la marihuana. 

Pero uno de los proyectos derivados de las conversaciones multipartidarias, que actualizaba el Código de la Niñez y la Adolescencia y fue remitido en julio de 2013 al Poder Legislativo, acabó encajonado por el Frente Amplio pese a contar con el visto bueno del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. 

Tuvieron que pasar seis años y medio para que un nuevo gobierno, de distinto signo, retomara una de sus principales medidas: duplicar la máxima pena permitida para adolescentes infractores, pasando de cinco a diez años. 

El artículo 63 del anteproyecto de ley de urgente consideración, presentado por Luis Lacalle Pou la semana pasada, busca concretar la idea defendida por ese ministro tantas veces criticado por los partidos que ahora gobernarán el país. 

El borrador plantea modificar el artículo 91 del Código de la Niñez estableciendo que “la medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de diez años” y “en ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permaneciera sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos”. 

El naufragado proyecto del gobierno de Mujica, producto de los acuerdos multipartidarios, establecía en su artículo 45 exactamente lo mismo con una redacción alternativa. 

El proyecto de 2013 terminó archivado cuando terminó la legislatura, pero volvió a la discusión en 2016, en el marco de una nueva ronda multipartidaria, esta vez bajo la Presidencia de Tabaré Vázquez. En esa instancia los delegados del Partido Nacional pidieron retomar las medidas incluidas en el viejo proyecto y Bonomi manifestó su acuerdo en aumentar el máximo de penas a los menores, pero no obtuvo eco en su fuerza política. 

Antecedentes de menores

La ley de urgente consideración avanza también en otra medida aprobadas durante la gestión Bonomi y resistida por amplios sectores del Frente Amplio: la conservación de los antecedentes de menores. 

El registro de antecedentes se creó en 2011, a raíz de los acuerdos multipartidarios. La ley 18.778, promulgada en julio de ese año, señala que “los antecedentes judiciales y administrativos de los niños o adolescentes que hayan estado en conflicto con la ley se deberán destruir en forma inmediata al cumplir los dieciocho años o al cese de la medida”, salvo que se trate de una pena por violación, rapiña, copamiento, secuestro, homicidio intencional. En esos casos, dice la ley vigente, el juez “podrá imponer como pena accesoria la conservación de los antecedentes” para que “una vez alcanzada la mayoría de edad”, si esa persona “volviera a cometer otro delito doloso o ultraintencional no pueda ser considerado primario”. 

La ley de urgente consideración modifica algunos de los términos de ese artículo. Por un lado, agrega más delitos a la lista de penas que no se borran al cumplir la mayoría de edad. El borrador plantea incluir también el abuso sexual, el abuso sexual especialmente agravado, la privación de libertad, la rapiña con privación de libertad y las lesiones graves o gravísimas.  

Por otra parte, quita la discrecionalidad del juez. Si la ley vigente dice que el magistrido “podrá” imponer la conservación de los antecedentes, la nueva redacción señala que ante esas penas “se conservarán los antecedentes”. 

Hay un último detalle en la modificación. Mientras que la ley actual dice que esos individuos no podrán ser considerados primarios en caso de volver a cometer “otro delito doloso o ultraintencional”, el borrador de la ley urgente plantea que eso ocurra simplemente “si volviera a cometer otro delito” a secas. 

La profundización de la conservación de antecedentes va en la línea contraria a lo planteado en el programa del Frente Amplio del último congreso, que planteaba derogar el registro. Esa propuesta, incluida en un capítulo de adolescencia y no en el de seguridad, agarró desprevenido al MPP y otros sectores de la coalición, que intentaron bloquearla, sin éxito, en el Congreso de 2018. 

Una vez que eso quedó plasmado formalmente en el programa, el sector del ministro Bonomi dijo expresamente que en caso de continuar en el gobierno no darían marcha atrás a esa medida, por entenderla “beneficiosa” y producto de un acuerdo entre partidos.

Otra disposición votada durante el gobierno de Mujica que el Congreso del FA pidió derogar es la que establece la prisión cautelar preceptiva de al menos un año para los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 años que incurrieran en delitos gravísimos. El MPP también procuró que ello no figurara en el programa. 

El anteproyecto de ley de urgente consideración establece que esa prisión preventiva será como mínimo de dos años. 

En el Congreso frenteamplista, quien argumentó a favor de derogar esa disposición fue Fabiana Goyeneche de Casa Grande. “Es cierto, la prensa va a decir muchas cosas y la oposición nos va a pegar, pero por temor a lo que diga la oposición y la prensa es que seguimos manteniendo leyes que no dan resultados”, dijo la exvocera del No a la baja.