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Ley de urgencia: partidos de la coalición activan equipos técnicos y propondrán cambios en seguridad

El capítulo de seguridad generó reparos en el Partido Colorado

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24 de enero de 2020 a las 05:02

Los socios del Partido Nacional en el gobierno multicolor volvieron a activar a sus equipos técnicos para poner en marcha el análisis del proyecto de ley de urgente consideración que les permitirá hacer sugerencias y críticas. Luis Lacalle Pou, Beatriz Argimón y Rodrigo Ferrés dieron tiempo hasta el 20 de febrero a los partidos para presentar sus aportes y en algunas de estas colectividades, la maquinaria técnica ya comenzó a moverse.

En el Partido Colorado, enviaron un correo electrónico a sus técnicos informándoles que en los próximos días conformarán grupos de trabajo por áreas para analizar el texto. En ese mismo e-mail pidieron a sus asesores que no realizaran apreciaciones individuales públicamente sobre el documento, porque en la reunión de los socios quedó establecido que no se iban a dar opiniones por separado, sino que se esperará a tener todas las sugerencias juntas para hacer las valoraciones.  

Según supo El Observador, uno de los capítulos en los que tienen previsto hacer sugerencias los colorados es el vinculado a la seguridad pública ya que hay aspectos del articulado que generan reparos.

El Partido de la Gente también tiene propuestas en materia de seguridad que buscará que se incluyan. El asesor de Edgardo Novick en el área, Robert Parrado, indicó que quiere que se agregue un artículo sobre medidas para personas ausentes y otro para violencia de género.

La propuesta para violencia de género es crear un registro nacional de situaciones de violencia doméstica, dijo Parrado. El documento elaborado durante la campaña electoral con 50 medidas sobre seguridad indica que el cometido de ese registro es “realizar un seguimiento histórico de cada situación, donde cada operador deba registrar una reseña del paso de los involucrados por su servicio". “Dicho registro permitirá que los llamados a resolver a nivel del sistema judicial, puedan contar con el máximo de información, con el fin de proteger a las víctimas y la atención de los victimarios”, agrega.

El Partido de la Gente comenzará a convocar a sus técnicos en las próximas semanas.

Por su parte, el Partido Independiente formó tres equipos de técnicos para trabajar en el análisis del proyecto de ley. Por un lado, economía, que incluirá también agro, relaciones laborales y seguridad social, eficiencia del Estado y empresas públicas. Otro equipo se dedicará al capítulo de seguridad, que es el más extenso, con 94 artículos de los 457 que tiene el documento. Por último, habrá un tercer equipo que analizará las secciones relativas a desarrollo social, educación, salud y vivienda.

El líder del Partido Independiente y futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, indicó a El Observador que los técnicos fueron convocados para el próximo lunes y martes. El lunes 3 de febrero se reunirá el ejecutivo del Partido Independiente y allí se volcarán las sugerencias de los técnicos, se votarán los cambios o críticas y luego se remitirá el informe a Argimón y a Ferrés. El Partido Independiente definió que Iván Posada y Marcel Vaillant sean los interlocutores con la vicepresidenta electa y el prosecretario de Presidencia designado.

Mieres tampoco quiso hacer comentarios sobre el proyecto de ley por el acuerdo sobre no realizar apreciaciones de manera individual.

Desde Cabildo Abierto, en tanto, indicaron a El Observador que era muy pronto para analizar el texto y no dieron detalles sobre los pasos que seguirán para analizarlo.

Este jueves, el canciller designado Ernesto Talvi dijo en Desayunos Informales de Canal 12 que aquellos artículos que por decisión de toda la coalición queden fuera del texto original serán remitidos al Parlamento por la vía tradicional, es decir con los plazos de un proyecto de ley ordinario.

Los proyectos de ley de urgente consideración son enviados por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento y deben ser aprobados en un plazo máximo de 90 días. La cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para tratarla y votarla. En la otra, el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara donde ingresó. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, el texto redactado queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en tres meses. 

Luego, el Poder Ejecutivo tiene 10 días para su promulgación, lo que significa que la ley entrará en vigencia en un máximo de 100 días. 

El texto elaborado por los blancos tiene 10 secciones: seguridad pública; secretaría de inteligencia estratégica del Estado; educación; economía y empresas públicas; eficiencia del Estado; sector agropecuario; relaciones laborales y seguridad social; desarrollo social y salud; normativa sobre la emergencia en vivienda; y por último un capítulo sobre “otras disposiciones”.

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