Ay, Fitch, Fitch…

En sus calificaciones de riesgo soberano analizan la situación institucional, la económica, la externa, la interna y monetaria. Apenas fueron ratificados los 135 artículos de la LUC que estaban sometidos a referéndum el domingo pasado, Fitch emitió una nota de alto contenido político. La calificadora señaló que "el 27 de marzo, los uruguayos votaron 'no' a la revocación de 135 de los 476 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) de 2020 en un referéndum popular iniciado luego de una campaña de firmas el año pasado por parte del partido opositor Frente Amplio (...) En nuestra opinión, el voto para defender la LUC tiene más importancia simbólica que consecuencias políticas directas. La LUC estableció principalmente objetivos de política de alto nivel e hizo algunos cambios institucionales para ayudar a lograrlos (como una nueva regla fiscal y un marco para fijar los precios de los combustibles), que el gobierno podría haber mantenido en cualquier caso. Por sí mismo no hizo grandes reformas económicas".

Además de caerle al gobierno por no “hacer grandes reformas económicas”, Fitch plantea que "el estrecho margen de victoria (49,9% contra 48,8% de los votos elegibles) podría limitar el capital político que otorga". Pero en seguida se da vuelta y aclara que la diferencia "fue similar al margen de Lacalle Pou en la segunda vuelta presidencial de noviembre de 2019 (50,0% a 48,4%), lo que indica que mantuvo el apoyo a pesar de la política fiscal conservadora, las pérdidas de salarios reales y los aumentos en el precio del combustible".

Como que Fitch quiere criticar, por un lado, al gobierno por no hacer grandes reformas y por otro, por tener poco capital político para hacerlas. Algo un poco contradictorio. Además Fitch reconoce que pese a la “política fiscal conservadora, las pérdidas de salarios reales y los aumentos de los combustibles” el gobierno mantuvo el apoyo de la segunda vuelta presidencial. Menudo éxito que parece sorprender a Fitch.

También la calificadora, en sus idas y venidas, dice que ahora el gobierno piensa usar su capital político para avanzar en reformas para mejorar la competitividad: altos costos de combustibles, rigidez del mercado laboral, resultados educativos decrecientes, estrecha apertura comercial. Y acto seguido dice que será difícil hacer las transformaciones porque los socios de la coalición -Partido Colorado y Cabildo Abierto- se negaron a desmonopolizar los combustibles.

A esta altura de la nota de Fitch uno no sabe a que atenerse. A si el gobierno tiene o no capital político. A si quiere usarlo o no. A si la coalición lo acompaña o no. A si salió fortalecido o debilitado del referéndum. Le cuesta aceptar que el gobierno bajó el déficit fiscal y duda si podrá continuar haciéndolo porque no aplicó a rajatabla la regla sobre fijación del precio de los combustibles.

En definitiva, esta nota es un “palo porque bogas y un palo porque no bogas”. Le gusta que haya bajado el déficit pero ello no será sostenible. Dice que tiene capital para hacer reformas pero que sus socios de la coalición no lo acompañan.

Más que un análisis de una calificadora parece un análisis político escrito antes del referéndum y rellenado en la noche del domingo 27 con los porcentajes de votos obtenidos. Es un tipo de análisis que no ayuda a comprender bien el papel de las calificadoras. Y, en el caso de Fitch, reafirma el sesgo anti Uruguay que viene mostrando desde hace tiempo. Como que quiere bajarle la nota y nunca encuentran la justificación para hacerlo. Quizá Fitch podría contratar un buen analista político y redactar sus notas con un poco más de calma y de ecuanimidad. Le haría bien a la calificadora y a su prestigio.