Contradicciones de Manini "no condicionan" postura de blancos sobre desafuero

Los blancos –cuyos once votos son decisivos para impedir que la Justicia actúe contra el senador y líder de Cabildo Abierto– consideran que en las miles de hojas que conforman la causa no hay ningún elemento "contundente" que permita asegurar que Manini sea pasible de un delito. Por lo tanto, afirman los nacionalistas, no hay lugar a la "formación de causa" exigida por el artículo 114 de la Constitución. 

Para arribar a esa conclusión, entre muchos otros elementos, el Partido Nacional se apega al relato del general retirado en cuanto a que a fin de cuentas comunicó todo al Poder Ejecutivo, una visión contraria a la del fiscal Morosoli, quien aseguró en su dictamen que el entonces comandante en Jefe retaceó la información. 

El presidente Luis Lacalle Pou respaldó este miércoles la decisión de la bancada nacionalista y el argumento de que "la información llegó a donde tenía que llegar". 

"La información pasó el ámbito de las Fuerzas Armadas, la información pasó al ámbito del Ministerio de Defensa, llegó a la Torre Ejecutiva y eso está comprobado con los nuevos elementos de otras actas", argumentó el mandatario, quien agregó que "jurídicamente" no corresponde el desafuero.

Si bien Morosoli confirmó que Manini llevó todo el expediente al Ministerio de Defensa el 14 de febrero de 2019, el fiscal cuestiona que para ese entonces habían transcurrido 310 días desde la confesión de Gavazzo y que recién en esa instancia la información llegó al Ejecutivo (y sin una advertencia explícita del hoy líder de Cabildo Abierto).

Manini Ríos dijo ante Fiscalía que advirtió al entonces ministro Jorge Menéndez en todo momento acerca de las declaraciones de Gavazzo, pero Morosoli señaló que la evidencia disponible no lo indica. 

El senador Gustavo Penadés, coordinador de la bancada blanca, dijo a radio El Espectador que "no solamente" cree "en la palabra de Manini" –quien dijo en Fiscalía que advirtió a Menéndez en todo momento acerca de las declaraciones de Gavazzo– sino que además "la acción que se adopta posteriormente corrobora que, en todo caso, si hubo una responsabilidad de omisión, esa responsabilidad termina siendo no del general Manini sino del mando superior". 

Según Penadés, el hecho de que Morosoli haya entendido que el mando superior (el Poder Ejecutivo) actuó "conforme a derecho" termina "exonerando a Manini Ríos". "Porque si el Ejecutivo terminó dando cuenta de la denuncia, eso se compone de una cantidad de actuaciones en las cuales está también incorporado Manini. Se llega a la conclusión de que el mando superior estaba enterado. Tal es así que da pase a la Justicia", añadió el senador. 

Penadés también sostuvo que "no existen pruebas" de que haya existido una omisión de informar al mando superior. "Si en caso de que el delito existiese, que no existen pruebas, y en ese sentido los elementos que se analizan no son contundentes, estamos hablando de la comisión de un delito que no justifica el alejamiento del senador", planteó. 

También cuestionó que se den por buenas las justificaciones del Poder Ejecutivo respecto a la demora en dar pase a la Justicia "pero no se da por bueno que el comandante en jefe puso en conocimiento del ministro". 

"¿Usted me dice que hubiera sido mejor que lo hiciera por escrito? Ah bueno, podemos llegar a coincidir que sí. Ese elemento no es justificativo para sacarle los fueros a un senador", concluyó. 

Contradicciones

Este miércoles, El Observador informó acerca de las contradicciones entre el relato de Manini Ríos y los testimonios brindados en Fiscalía por los generales que integraron el Tribunal de Honor y el Tribunal de Alzada. 

Por ejemplo, los generales del primer tribunal dijeron que llevaron por escrito a Manini la segunda declaración de Gavazzo, en la que confiesa haber arrojado al río Negro el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro. El actual senador, en cambio, sostuvo que la comunicación solo había sido verbal. 

Ante el fiscal, los integrantes del Tribunal también dijeron que insistieron varias veces a Manini para que pasara el tema a la Justicia. 

Consultado al respecto, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que la información "no cambia" ni "condiciona" el voto contrario al desafuero. Como opinión personal, señaló que "más allá de esa posición" asumida, esas son "cosas que tendrá que explicar" Manini cuando se someta el tema a discusión de la Cámara, el próximo 30 de setiembre. 

"Es relevante escuchar su posición", afirmó Gandini, quien señaló que en esa instancia también habrá una "discusión política" sobre todos los detalles del caso. 

El Observador intentó contactarse con otros integrantes de la bancada para conocer su opinión sobre las contradicciones de Manini, pero no tuvo éxito.  

Este martes, la senadora Graciela Bianchi indicó que tenía "una prueba" de que el presidente del Tribunal de Alzada –en alusión al general Claudio Romano– afirmó haber sido advertido por Menéndez acerca de las confesiones. Ello no consta en la declaración de Romano ante Fiscalía. En esa instancia se refirió a que Manini les transmitió que "tenía conocimiento" del tema. "Nos dio dos precisiones: una de que había declaraciones de Gavazzo y de Silveira, que no nos detuviéramos en ella, que él ya tenía conocimiento y que estaba actuando al respecto; y después, que nos pedía la máxima urgencia en el diligenciamiento de los hechos, dado que así se lo pedían desde el Ministerio", declaró Romano.

Bianchi ratificó que tiene ese elemento como prueba pero dijo que se reservaría los documentos "para la intervención en sala". 

Más allá de esos elementos, el Partido Nacional desde un principio concluyó que no había mérito jurídico para acceder al desafuero. Los tres integrantes de la comisión de Constitución (Graciela Bianchi, Carmen Asiaín y Carlos Camy) redactaron tres informes por separado y coincidieron en que Manini no debía ser juzgado por omisión de denunciar un presunto delito, como pretendía Morosoli. 

Entre los argumentos manejados en dichos informes están la apreciación de que Gavazzo ya había sido sobreseído del delito que confesó ante el tribunal (un punto controvertido por el fiscal en su dictamen de setiembre de 2019), que a Manini se lo acusa de un “delito imposible” (en el sentido de que "no le competía" a él hacer la denuncia ante la Justicia), y que las pruebas contra el excomandante en jefe no son del todo “contundentes”. 

“Básicamente para que se impute un delito a alguien no puede ser por aproximación. No puede ser porque ‘me resulta raro’, o ‘se demoró un poquito’, o ‘me pareció que se podría haber actuado antes’. Tiene que verificarse el cumplimiento de todos los elementos que el Código Penal describe como una figura a ser castigada”, dijo la senadora Asiaín entrevistada por el programa Así nos va el pasado lunes 7 de setiembre.