Uruguay espera contar con estas alternativas de financiamiento para proyectos sustentables
El gobierno uruguayo ultima detalles para emitir un bono sustentable soberano. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comenzó a trabajar en la iniciativa a finales de 2020 y, según dijo el ministro de Ambiente, Adrián Peña, a El Observador el sábado 4 de junio, “se ha avanzado lo suficiente para lograrlo este año”.
“Más allá de los beneficios económicos para Uruguay supone reforzar el compromiso del país con la acción climática, con metas en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero”, explicó Peña.
Para empezar, ¿qué es un bono? Es un instrumento de deuda que emite el Estado o una compañía privada, con el objetivo de financiarse. Al adquirir un bono, el emisor se compromete a devolverle el dinero al acreedor (o tenedor) más unos intereses fijados previamente.
Los bonos funcionan como una de las principales fuentes de financiación de las grandes empresas y de la administración pública, aunque también pueden ser emitidos por otras organizaciones. Estos instrumentos corresponden a la categoría de “renta fija”, dado que se conoce cuál será el retorno recibido con certeza.
Los bonos se pueden conseguir de dos maneras diferentes. La primera forma es cuando el Estado o la empresa concretan la venta inicial con los inversores. La segunda es cuando un inversor adquiere el bono tras negociar con otro inversor.
Como ejemplo, podemos definir que el Estado emite un bono a través del cual obtendrá US$ 100. Vencerá en 10 años y pagará una tasa del 10% anual. En este caso, el Estado les pagará US$ 10 por año a los inversores que adquirieron su bono durante 10 años y, al llegar la fecha de vencimiento, devolverá los US$ 100 iniciales a los compradores.
La diferencia sustancial entre un bono convencional y uno verde radica en que “los bonos verdes son instrumentos de deuda de renta fija donde el destino de los fondos es utilizado para proyectos que contribuyen a obtener beneficios ambientales, por ejemplo, la instalación de un parque eólico”, explicó Alejandra Muxí, gerenta en el área de Asesoramiento Financiero de la consultora KPMG para Uruguay, a Café & Negocios.
En este sentido, Peña aseveró que “el bono está atado a ese cumplimiento y Uruguay será castigado si no cumple y premiado si lo hace”. Además, añadió: “Más allá de lo financiero, hay una señal que da el país en ese sentido”.
Mientras tanto, el director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía, Herman Kamil, adelantó en marzo de este año que “el MEF se estableció la prioridad de alinear la estrategia de financiamiento del gobierno con la persecución de objetivos climáticos con los que el país ya se ha comprometido internacionalmente.”
El MEF está trabajando “en diseñar un bono soberano que incorpore explícitamente los objetivos del país en reducción de gases de efecto invernadero en toda la economía, con las metas ya establecidas bajo el Acuerdo de París (en 2015)”, añadió Kamil.
Muchas veces, los parques eólicos son financiados con este tipo de bonos
Mientras los bonos verdes se utilizan para financiar proyectos con impacto ambiental, los bonos sostenibles buscan concretar proyectos económicos con impacto ambiental y social a la vez. Por ejemplo, construir una escuela con materiales que no contaminen o que no contaminen tanto como los convencionales.
Los bonos no sustentables comparten con los que no lo son “la estructura general (de estos instrumentos financieros) y los riesgos asociados a la emisión son de naturaleza similar”, explicó Santiago Jauregui, manager de Fondos Centenario de la compañía de gestión de activos patrimoniales que opera en Uruguay, Gletir.
Sin embargo, según señala Muxí, “a diferencia de los bonos verdes, los ligados a la sostenibilidad son instrumentos de deuda de renta variable, donde el destino de los fondos no está previamente definido, pero la renta que paguen los bonos dependerá de si el emisor cumple o no con las metas comprometidas para ciertos objetivos de desarrollo sustentable en cierto plazo”.
“Actualmente, los bonos verdes, así como los sostenibles, han tenido una creciente popularidad y demanda. Respecto a los inversores institucionales, cada vez son más los que comienzan a certificarse en sostenibilidad, inversiones socialmente responsables, entre otros”, apuntó Jauregui.
Los flujos netos hacia fondos u otros activos que se relacionan con lo ambiental, social o empresarial, han aumentado exponencialmente en los últimos cinco años. “Tanto es así, que hoy en día uno de cada tres dólares manejados profesionalmente han sido vertidos en algún tipo de estrategia que contempla aspectos ambientales, sociales o gubernamentales”, ahondó Jauregui.
Si bien Uruguay está apostando a los bonos destinados a inversiones con algún tipo de impacto, los expertos consultados por Café & Negocios coincidieron en que, en la región, es Chile el país que se destaca en la materia; mientras que, a nivel internacional, los países nórdicos “son los que se mantienen a la vanguardia”. De todos modos, la tendencia por volcarse a estos instrumentos financieros es mundial.
En este contexto, Kamil destacó que debido a la pandemia los bonos temáticos (es decir, aquellas inversiones que apuntalan proyectos con impactos ambientales, sociales y económicos) crecieron exponencialmente en Uruguay, y detalló que en 2021 estos recursos de financiamiento crecieron 80% respecto de 2020.
