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Brigada antidrogas busca más bandas que venden combustible de avión a narcos
En un operativo realizado el 3 de mayo del año pasado en la ruta 1 a la altura de Santiago Vázquez, la brigada antidrogas incautó más de 400 kilos de cocaína, armas y vehículos, pero también cerca de 1.200 litros de nafta común mezclada con combustible de avión que desde entonces llamó la atención de los investigadores.
Esa intervención policial, llamada Puerto Príncipe –y que derivó en la imputación con prisión de cinco uruguayos y tres colombianos–, fue el puntapié inicial para que la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) comenzara a seguir las pistas de bandas locales dedicadas a robar combustible para brindárselo a narcotraficantes, dijeron fuentes policiales a El Observador. Esa búsqueda ocurrió bajo la órbita de la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero.
Y fue de esa manera como se llegó a la detención este domingo de cuatro militares de la Armada –más un civil– que tenían montado un negocio en la base aeronaval Capitán Curbelo –en la Laguna del Sauce–. El negocio consistía en extraer combustible de los dispensadores del aeropuerto –alterando el registro de las extracciones y burlando los mecanismos de control– para luego abastecer, entre otros compradores, a los narcos que llegaban en avionetas que aterrizaban en Salto.
"Seguimos la pista de ese combustible", señalaron las fuentes consultadas que añadieron que este fue el primer grupo organizado dedicado a esta tarea que desarticularon las autoridades.
Según detalló en su dictamen la fiscal de Maldonado Ana Dean –quien finalmente se hizo cargo de este caso–, la investigación se inició formalmente en junio y comenzaron entonces a realizar interceptaciones telefónicas tras las cuales descubrieron la maniobra y el modo como se organizaba esta banda, liderada por un marino de primera –retirado en diciembre pasado– y un suboficial en actividad.
Esos dos, más otro funcionario de la Armada, fueron imputados con prisión por asociación para delinquir y un delito continuado de peculado –comprar combustible robado–, mientras que los otros dos restantes –otro militar y un civil– fueron imputados solo por el último delito y enviados a su casa a cumplir arresto domiciliario.
Pero esta banda desbaratada no es la única. De acuerdo a los informantes, la brigada antidroga está desde mayo tras los rastros de otros grupos criminales similares. "Desde (el operativo) Puerto Príncipe empezamos a seguir la ruta de ese combustible y tratar de llegar a las organizaciones que lo proveían", agregaron las fuentes.
Los investigadores también trabajan bajo la hipótesis de que la banda desarticulada en mayo esté vinculada a la conformada por los militares, aunque todavía faltan elementos como para demostrarlo ante la Justicia.
Investigación administrativa
La Armada Nacional, en paralelo al proceso penal, inició una investigación administrativa para determinar responsabilidades internas y descubrir las fallas en los sistemas de seguridad que no detectaron el robo en la base aeronaval.
"Es tan grave como sorpresivo que haya pasado esto y nos enteremos después", afirmó este lunes en una rueda de prensa el ministro interino de Defensa, Andrés Berterreche.
Según informó el jerarca, la cartera le solicitará a la fiscal Dean y a la brigada antinarcóticos que faciliten la información que contribuya a encontrar responsabilidades administrativas en la interna de la Armada a partir de la investigación.
La secretaría de Estado espera concluir con las averiguaciones antes del 29 de febrero, cuando terminará este período de gobierno, y para ello está previsto que declaren oficiales y personal subalterno ante el comandante de Infantería Marina seleccionado para realizar las indagatorias, Marcos Saralegui,
En concreto, el objetivo planteado por el Ministerio de Defensa será dirimir si el robo de combustible fue producto de que "los controles (previstos) no son suficientes" o si hubo gente que los evadió con la complicidad del personal de la Armada. No hay indicios de que haya oficiales implicados, en principio, pero si los hubiera serían sancionados, dijo el ministro.
En paralelo, seguirán las indagatorias a cargo de Dean. La fiscal aseguró que pueden ser interrogadas unas 40 personas pertenecientes a la base naval.
