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Los detalles de la maniobra de militares imputados por robo y distribución de combustible

La investigación llevó varios meses, luego de que a la brigada antidrogas le llegara una "información confidencial"
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13 de enero de 2020 a las 15:59

La investigación que culminó con cuatro militares y un civil imputados este domingo por el robo y distribución de combustible de la base aeronaval Capitán Curbelo (Laguna del Sauce) demostró que los hombres habían montado un sistema aceitado. Extraían el combustible de los dispensadores del predio militar sin que fuera detectado por las autoridades –alterando el registro de las extracciones– y llegaron a abastecer incluso a avionetas de narcotraficantes que aterrizaban en Salto.

Según consta en el dictamen de la fiscal del caso Ana Dean dos de los funcionarios militares imputados con prisión habían heredado el negocio de otro integrante de la Armada que murió en julio de 2019. 

Todo se descubrió en junio del año pasado, cuando la Dirección General de Represión al Tráfico ilícito de Drogas recibió "información confidencial" acerca de la maniobra. Los datos apuntaban a que había "funcionarios de la Armada Nacional (que) estarían realizando la logística y facilitando el acceso al combustible a una organización criminal de transporte y comercialización de sustancias estupefacientes", detalló Dean en su pedido de formalización, disponible online.

La banda de narcotraficantes –cuya identificación todavía no se logró– usaba el servicio de algunos de los imputados para cargar los aviones que aterrizaban en un campo salteño ubicado por la ruta 3, a cinco kilómetros "antes de llegar a las termas del Dayman". Las aeronaves llevaban  droga con destino a Montevideo.

Desde que la brigada antinarcóticos registró el problema, comenzó a realizarse una "vigilancia electrónica" e interceptaciones telefónicas, entre otros mecanismos de control, para recabar información.

Fue así como siete meses después la fiscal pudo concluir que "si bien no se logró establecer conexión directa entre los funcionarios militares y las organizaciones relacionadas al tráfico ilícito de estupefacientes, se pudo constatar que se comercializaban miles de litros de combustible (fundamentalmente nafta de avión) a particulares presuntamente intermediarios".

Los roles y el "jugo azul"

Hasta el momento, la fiscal de Maldonado llevó a la Justicia a cinco personas –los cuatro militares y un civil–, pero no todas recibieron cárcel como medida cautelar. Tres de los miembros de la base aeronaval fueron imputados de asociación para delinquir y delito continuado de peculado, y enviados a prisión preventiva por 30 días.

El militar restante solo fue imputado de peculado –un delito de poca monta que no mereció que la fiscalía solicitara cárcel–, y el civil –que realizó compras ilegales del combustible robado– fue imputado por el mismo delito y enviado a su casa a cumplir arresto domiciliario.

Las imputaciones responden directamente al grado de involucramiento que tuvieron los militares en las maniobras. Según Dean, dos de ellos fueron los "encargados" de coordinar los robos del combustible: un marino de primera –retirado en diciembre pasado– y un suboficial en actividad. Ellos también se hicieron cargo de la "distribución" de los combustibles y la "conexión con los clientes externos".

"Asimismo impartían órdenes a sus subordinados en relación a la forma cargar y registrar el combustible de manera que no se notara el faltante, ordenando que registrara mayor carga de combustible de la que efectivamente habían efectuado en los vehículos de la Armada, así como la alteración de los medidores", detalló la fiscal. "Dicha diferencias eran las que luego comercializaban dentro y fuera de la base", agregó.

En una de las interceptaciones telefónicas, las autoridades escucharon cómo uno de los imputados habló de "jugo azul", en referencia al combustible que utilizan los aviones. En esa misma comunicación, la venta que se estaba negociando era de 700 litros.

También se comercializó nafta y gasoil para autos, y en una de las transacciones se llegó a vender gasoil a $ 25 el litro. 

Otro de los imputados ofició de chofer. Era "el encargado de conducir el camión que transporta el combustible hacia el interior del país, ya que cuenta con habilitación para el transporte y manejo de materiales peligrosos", según consta en el documento. 

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