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Cabildo Abierto y FA reeditarán mayoría en un “choque de poderes” por ley forestal
La Asamblea General se reunirá este miércoles en sesión extraordinaria para discutir y pronunciarse sobre el veto que el Poder Ejecutivo emitió a mediados de este mes sobre la ley de suelos forestales. Será la última actividad parlamentaria del año y, en lo previo, ofrece una certeza: la observación presidencial quedará firme.
El veto había sido firmado por el presidente Luis Lacalle Pou pocas horas después de reunirse con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que intentó en vano convencerlo de no cometer “el gran error” de observar el proyecto, que había sido promovido por su partido.
Más allá de que el resultado se sabe de antemano, una sesión de este tipo implica determinados detalles reglamentarios que la vuelven muy particular.
Un primer asunto a tener en cuenta es la exigencia de un quórum compuesto, que deberá ser conformado obligatoriamente este miércoles. El artículo 32 de la Reglamento establece que la Asamblea General solo podrá sesionar con la mitad más uno del total de integrantes de cada cámara.
Así, siempre deberán estar presentes 16 senadores y 50 diputados. Si no existe ese quórum, la sesión no podrá comenzar. Y si comienza y luego ese quórum se pierde, deberá suspenderse. El procedimiento indica que durante un minuto se convocará a sala a los legisladores que falten. Si eso no resulta, la sesión debe ser levantada.
Por lo pronto y si bien podrían apostar a eso, jugar a la falta de quórum no está en los planes. Tanto el Frente Amplio como Cabildo Abierto tendrán a todos sus legisladores en sala.
“La coherencia nos exige que estemos presentes y defendamos a ultranza lo que hemos sostenido siempre”, dijo a El Observador el senador cabildante Guillermo Domenech. “No cabe otra cosa”. Según precisó, la postura de su partido será defender la ley que intentaron promover. Y será bajo la misma argumentación. “Hubiera sido muy bueno que el gobierno aceptara este proyecto”, dijo.
En su visión, detrás de la iniciativa estaba el interés de “miles” de personas, no solo pequeños y medianos productores agropecuarios. “Esto le interesa al panadero, al barraquero, a todo aquel que en los pueblos vive de este entramado social”, sostuvo. Domenech consideró que, si la forestación avanza, ese entramado social quedará convertido en un vacío. “Lamentablemente no tendremos votos para levantar la observación. Pero son las reglas de juego”, dijo el senador.
Consultado, consideró “muy difícil” que, en un gesto político, su partido defina votar junto a blancos y colorados en apoyo al veto.
Las dos mayorías
Cabildo Abierto y el Frente Amplio no reúnen por lo pronto la mayoría especial de tres quintos necesaria para levantar la observación presidencial. Dando por hecho que los 130 legisladores asistan, con 69 votos combinados quedarían lejos de los 78 indispensables para anular el veto. Cuanto menos legisladores presentes haya, menos votos serán necesarios para ese objetivo.
Pero también están en condiciones de evitar que blancos, colorados e independientes configuren una mayoría en respaldo a la decisión de Lacalle Pou. Así, con 61 votos entre diputados y senadores, el resto del sistema político quedaría ocho votos abajo de la alianza entre cabildantes y frenteamplistas.
En la oposición se asume que no estarán los respaldos exigidos por la Constitución para levantar el veto. Sin embargo, la lectura del Frente Amplio es que el Poder Ejecutivo tampoco tendrá mayorías en el Parlamento para defender la observación. El senador Alejandro Sánchez (MPP) dijo a El Observador que en la sesión de este miércoles quedará patente un conflicto entre ambos poderes del Estado.
Según precisó, el Frente Amplio girará sus argumentos en torno al “enorme error” que el gobierno cometió al centrar el veto en aspectos jurídicos, en una intento “endeble” de justificar su postura en torno al futuro de la forestación.
Sánchez cuestionó que el veto del Ejecutivo haya puesto como excusa la libertad de empresa o la amenaza de posibles juicios contra el Estado por parte de grandes inversiones del sector forestal. En su visión, ninguna de los dos premisas es cierta. “El gobierno se esconde detrás de estas argumentaciones para, en última instancia, defender a las empresas forestales”, dijo.
Así las cosas, la sesión terminará con un resultado ambiguo: la postura de levantar el veto se impondría por mayoría simple, pero no llegaría a la mayoría especial para hacerlo, por lo que la observación presidencial quedaría firme.
La Carta Magna prevé que, en estos casos, el voto de los legisladores sea nominal. Cada uno deberá expresarse por sí o por no y sus nombres y fundamentaciones quedarán registrados. Hay un acuerdo político para que solo intervengan los integrantes de las comisiones de Ganadería de ambas cámaras.
Recurso ante Presidencia
La Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, junto a Redes Amigos de la Tierra y el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) presentaron este lunes en Presidencia de la República un recurso de anulación por inconstitucionalidad del decreto que el Poder Ejecutivo emitió a mediados de este mes, introduciendo nuevas reglas en el sector forestal.
En el escrito, al que accedió El Observador, los reclamantes aducen que el gobierno debió haber cumplido con el artículo 47 de la Constitución y, antes de emitir el decreto, haber convocado a la sociedad civil para su discusión y definición. Debería haber sido así, afirman, por las “grandes implicaciones” que la normativa tendrá sobre los recursos hídricos del país.
“Este decreto fue un intento del Poder Ejecutivo de frustrar la votación de una ley que circunscribía las plantaciones de árboles con fines industriales a las áreas de prioridad forestal”, se recordó. El recurso cuestionó que el decreto presente, como una norma internacionalmente probada, la Clasificación por capacidad de Uso de las Tierras del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
“La introducción de esa clasificación sirve de pretexto para redefinir las áreas forestales del Uruguay afirmando explícitamente que irán más allá de lo definido hasta el presente”, afirman estas organizaciones.
Bajo prioridad forestal están hoy 4,2 millones de hectáreas. Según el recurso, el decreto eleva 25% esa superficie. “Bajo el manto de las exigencias ambientales el decreto, en lugar de reducir, aumenta la forestación”, se afirma.
Los reclamantes reparan además en que la normativa del gobierno manifiesta que las actividades forestales tienen un impacto directo en las cuencas hidrográficas, con lo que reconoce que dictó normas de política nacional sobre aguas. Al respecto, el recurso recordó que el plebiscito nacional de 2004 establece en forma expresa que, en tales decisiones, debe participar la sociedad civil.
Si el reclamo no prospera, las organizaciones detrás de esta iniciativa adelantaron que recurrirán ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
