Cambios en la LUC: por qué delitos los menores podrán estar 10 años encerrados

Se mantendrá la pena máxima de cinco años para casi todos los delitos que cometan los adolescentes infractores. Las excepciones serán el homicidio intencional agravado y muy especialmente agravado, la violación y el abuso sexual especialmente agravado, que sí tendrán una pena máxima de 10 años. 

A su vez, el aumento de la pena mínima propuesta para los delitos gravísimos –que pasará a ser de dos años, en vez de uno– afectará a quienes cometan estos delitos: homicidio intencional con agravantes especiales, lesiones gravísimas, violación, privación de libertad agravada y secuestro. Se sacaron de la versión final los delitos de rapiña, extorsión, abuso sexual y tráfico de estupefacientes. 

Antes de llegar a este acuerdo, algunos legisladores se oponían particularmente a duplicar la pena mínima para el delito de rapiña, por el cual es institucionalizado 60% de los menores. A su entender, el incremento punitivo llevaría a que el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) tuviera problemas operativos, por el posible aumento de la población carcelaria. 

Tampoco se eliminará el régimen de semilibertad para los delitos gravísimos, como inicialmente pretendía el gobierno. La nueva redacción da margen al juez para aplicarlo en todos los casos, pero con ciertas condiciones y siempre como segunda medida. Cuando el adolescente cumpla la mitad de la pena, el juez podrá concederle el régimen de semilibertad, siempre y cuando haya un informe favorable de Inisa y del fiscal, explicaron legisladores de la coalición a El Observador. 

La propuesta del Poder Ejecutivo era resistida por Rosanna De Olivera, la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, designada para el cargo en representación de Cabildo Abierto. Al comparecer ante la comisión especial del Senado que trata el proyecto de ley, la jerarca se apegó a las cifras de un informe elaborado por el Departamento de Planeamiento y Presupuesto del organismo. 

De aprobarse la reforma impulsada por el Ejecutivo, para poder abordar el "peor escenario posible" sería necesario un incremento presupuestal de $ 1.800 millones (US$ 40 millones) en todo el período de gobierno, según este estudio. 

La delegación de Inisa planteó que los artículos del proyecto de ley podrían desembocar en un pico de 660 menores institucionalizados en 2024. Desde 2013, cuando hubo un pico de 633 reclusos y no prosperó el aumento punitivo propuesto por el entonces presidente José Mujica, se produjo un descenso sostenido de los casos. 

De Olivera, al igual que otros legisladores de la coalición, buscaron fortalecer la rehabilitación y reinserción de los adolescentes privados de libertad, a partir del articulado de la ley urgente. Para ello se respaldaron en las recomendaciones de organismos internacionales y los compromisos asumidos por Uruguay en la materia, como la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Mandela. 

Carlos Camy, el senador de Alianza Nacional que ocupa la banca del ministro Jorge Larrañaga, resaltó días atrás que el aumento de las penas máximas y mínimas había sido incluido en el programa de gobierno de los blancos, con el que Luis Lacalle Pou se consagró como presidente en segunda vuelta. 

El documento prometía “duplicar el lapso máximo de privación de libertad para los menores autores de infracciones gravísimas a la ley penal, llevándolo a diez años” y “duplicar el lapso mínimo de privación de libertad para los menores autores de infracciones gravísimas a la ley penal, llevándolo a dos años”. 

A su vez, Camy puso en duda la correlación entre el aumento de penas y el incremento de la población recluida, como planteó la delegación del Inisa. El senador recordó que cuando en 2013 aumentó la pena mínima, con los años se redujo el número de adolescentes institucionalizados. 

El acuerdo de la coalición se encaminó en la reunión de este sábado. Se tomó como base una redacción alternativa hecha por el diputado blanco Álvaro Viviano, exdirector del Inisa. El legislador cree que de este modo "se penará especialmente lo que se quería penar, que son los delitos extremadamente graves".

Se sacaron 35 artículos del proyecto original