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Coalición define qué hacer con el aumento de penas para menores infractores
La Cámara de Senadores entrará en sesión extraordinaria y permanente el miércoles de la semana próxima. La oposición y el oficialismo se adentrarán en la discusión general y particular del proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración, pilar de la administración del presidente Luis Lacalle Pou.
Con matices, los cinco partidos de la coalición de gobierno están convencidos de la propuesta del Poder Ejecutivo y la votarán en general. Pero algunos detalles hasta último momento no persuadían a los coaligados, que se reunieron este sábado –otra vez– para acercar sus posiciones antes de que el texto fuera elevado al plenario.
Si la reunión del sábado 16 terminó con 90% de la redacción acordada –como remarcaron los legisladores después del encuentro–, la de este fin de semana permitió avanzar sobre los puntos que seguían generando fricción. Ahora, según los senadores y diputados consultados por El Observador, hay acuerdo sobre 99% de la propuesta.
Los legisladores de la coalición están reunidos este lunes para definir ese 1% restante. El principal punto de tensión es el capítulo dedicado a los menores infractores, que hasta último momento encuentra un Partido Nacional dividido en cuanto al aumento punitivo propuesto y a socios de la coalición no dispuestos a votarlo sin modificaciones.
Por estas horas se trabaja en una redacción alternativa. Según el diputado nacionalista Álvaro Viviano (Por la Patria), es probable que se mantenga la pena máxima de cinco años para casi todos los delitos. En tal caso, las excepciones serían el homicidio especialmente agravado y muy especialmente agravado, la violación y el abuso sexual especialmente agravado, que tendrían una pena máxima de 10 años, como prevé el proyecto de ley.
Cambios ya acordados sobre seguridad pública
La coalición de gobierno también negoció otros aspectos de la sección sobre seguridad pública. Un ejemplo de ello es la nueva redacción del artículo 85 del proyecto de ley, con el que se modifica el artículo de la ley de libertad provisional y anticipada (17.897) que regula la redención de las penas de los reclusos que trabajan y estudian en prisión.
El proyecto original eliminaba esta posibilidad para quienes cometieran delitos vinculados al comercio ilícito de drogas, violación, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, privación de libertad, todo tipo de homicidios, rapiña, rapiña con privación de libertad, secuestro y extorsión. Sin embargo, atendiendo a las recomendaciones del fiscal de Corte y otras delegaciones, la coalición acordó que todos los reclusos puedan redimir sus penas si trabajan o estudian, con la excepción de quienes cometan delitos sexuales y homicidios especialmente agravados o muy especialmente agravados.
Se acordó, a la vez, la implementación del proceso abreviado para los menores que infringen la ley. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, había sugerido que se instrumentara en virtud de que la ley urgente derogará la suspensión condicional del proceso, a partir de la cual se tramitan 45% de las imputaciones de adolescentes.
Otros reclamos en materia de seguridad no fueron tenidos en cuenta. La Asociación Rural del Uruguay pidió que la ampliación de la legítima defensa se extendiera a todo el predio, no solo a "los galpones, instalaciones o similares que formen parte del establecimiento, siempre que tengan una razonable proximidad con la vivienda”, como propone el proyecto de ley. Según los legisladores consultados, este cambio no fue contemplado.
Código Civil
En la reunión del sábado también se acordó no poner a consideración los artículos 484 y 485 del proyecto de ley, a partir de los cuales se reformaría el Código Civil, referidos a la materia sucesoria y a las donaciones inoficiosas. Los demás artículos de este capítulo –que en su mayoría modifican los plazos de prescripción– en principio sí van a ser votados por los demás integrantes de la coalición.
El diputado colorado Ope Pasquet, quien había cuestionado la inclusión a último momento de la reforma del Código Civil, dijo que fue decisiva la comparecencia en la comisión especial del Senado del Colegio de Abogados y del Instituto de Derecho Civil de la Facultad de Derecho.
Contrarias a la Asociación de Escribanos del Uruguay, estas delegaciones aseguraron que es necesario un estudio integral de la materia antes de aprobar los artículos 484 y 485 de la ley de urgente consideración para anticiparse a las posibles consecuencias de lo que disponen.
Información secreta
El rótulo de "información secreta" se reservará para los datos que provean las agencias de inteligencia de otros países. Inicialmente se pretendía crear esta nueva categoría de información para clasificar una cantidad más amplia de datos, a los que no se podría acceder a través de la Justicia sino que sería necesaria una resolución firmada por el presidente en actuación con el Consejo de Ministros.
A partir de la propuesta original, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado podría considerar secretos ciertos "actos, documentos, registros, actividades y cualquier otro material o insumo de los órganos que integran el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, cuya difusión puede provocar daño a la soberanía e integridad del Estado, a los acuerdos internacionales, a la defensa de las instituciones, a la independencia del Estado respecto a otros Estados u organismos internacionales y a las relaciones con estos".
Áreas protegidas
Por otra parte, no será necesario el consentimiento del propietario para ingresar un terreno al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como estipulaba el artículo 500. Se mantendrá la normativa vigente, que permite imponerle al dueño una serie de restricciones como, por ejemplo, la forestación con especies foráneas o la instalación de molinos de viento, dependiendo del tipo de área que se trate.
Sin embargo, en la nueva redacción de este artículo se prevé darle mayor participación a los gobiernos departamentales, de los que dependerá el ingreso de un predio al sistema o su ampliación, además de lo que resuelva el Poder Ejecutivo.
En el pasado, la decisión de declarar áreas protegidas enfrentó a productores y jerarcas del gobierno. Al término de su segundo mandato, el expresidente Tabaré Vázquez decretó la ampliación del área protegida de Quebrada de los Cuervos, en Treinta y Tres, con lo que se prohibieron los parques eólicos, la forestación, la caza y la minería.
El actual subsecretario de Industria, Walter Verri, dijo entonces a Montevideo Portal que la decisión había ocasionado malestar en la gente de la zona porque tendría incidencia "en muchas actividades mineras (...) vinculadas al cemento y la caliza".
