Cambios propuestos en organismos reguladores dan “señales contradictorias”, según expertos

Mientras que por un lado pretende otorgarles mayor autonomía e independencia, por otro elimina restricciones sobre la carrera política de los directores. De todos modos, los expertos señalan que hay que esperar las designaciones y cómo se aplica para conocer cuáles son las intenciones reales.  

El proyecto presentado por el gobierno electo el miércoles 22 de enero transforma a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) en organismos descentralizados que se comunican con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria. De esta forma, les da el mismo nivel que las empresas públicas y dejan de depender directamente de Presidencia como hasta ahora. 

Con estos cambios, los organismos tienen mayor independencia y podrían ejercer con mayor autoridad algunas potestades que tienen en la actualidad al mismo tiempo que contraen nuevas potestades. Una de esas competencias es su incidencia sobre la fijación de tarifas.

“Examinar en forma permanente las tarifas y precios correspondientes a los servicios comprendidos dentro de su competencia, formulando las determinaciones técnicas y recomendaciones que entienda del caso e informando preceptivamente al Poder Ejecutivo los criterios de fijación tarifaria”, dice el texto en su artículo 195. 

En el mandato de José Mujica (2010-2015) la ley de presupuesto les quitó poder tanto a la Ursea como a la Ursec, ya que el Poder Ejecutivo asumió nuevamente la potestad de diseñar las políticas energéticas y de telecomunicaciones que se habían delegado a los organismos reguladores durante el gobierno de Jorge Batlle, dejando solo la función de contralor. De esta forma, los reguladores vuelven a tener peso en el diseño de políticas. 

Pero al mismo tiempo que el proyecto de ley de urgente consideración jerarquiza a los organismos reguladores, el proyecto reduce el mandato de seis años a cinco (alineándolo con el ciclo político) y elimina la restricción de no poder presentarse a un cargo electivo hasta pasados los cinco años de dejado el cargo. 

El socio de CPA Ferrere Bruno Gili señaló como positivo que los cambios introducidos en el proyecto generan debate sobre estos temas. “Uruguay se merece que el Parlamento discuta estos temas”, aseguró. Sin embargo, indicó que si bien es positivo “que tengan una mayor incidencia en la fijación de tarifas y que trabajen en busca de mayor eficiencia y competitividad del sector”, lamentó que se elimine las restricciones de la carrera política y que se alinee su gestión con la del ciclo político.

“Todos los que hemos trabajado en temas para mejorar la gobernanza política de las empresas públicas estamos de acuerdo en que la restricción tiene que ser de por lo menos un gobierno entero”, apuntó. 

El docente e investigador del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar Leandro Zipitría es aun más contundente: “Cambiaron todo para dejar todo como estaba”, aseguró en diálogo con El Observador y apuntó que “no importa” lo que pongas dentro si quien dirige es un político. “En los hechos yo creo que no vamos a observar un cambio”. 

Para Zipitría hasta ahora los directores estaban sometidos al poder político –porque dependían directamente de Presidencia- pero tenían que tener cierta independencia técnica o había incentivos para que tuvieran que ser técnicos. “¿Para qué eliminas la restricción de que puedan presentarse a cargos electivos si no vas a poner un político ahí?”, preguntó cuestionando este cambio. 

El investigador de la Udelar sostuvo que no lo ve como un cambio positivo, ni cree que vaya a modificar algo “que mueva la aguja”. Por un lado, señaló, se dan ciertas señales en un buen sentido, buscando mayor independencia, pero por otro se contradice eliminando las restricciones para los directores. “Vamos a ver los nombres y cómo se aplica”, apuntó. 

De todos modos, el proyecto de ley de urgente consideración puede tener modificaciones ya que está siendo evaluado por el resto de partidos que integran la coalición de gobierno y luego tendrá que pasar por la discusión parlamentaria. 

Tanto Gili como Zipitría firmaron un documento presentado a fines de 2019 denominado “Reforma de Empresas Públicas. Propuesta de Agenda” en el que introducían distintos elementos para mejorar la eficiencia de los entes autónomos. Ese documento aseguraba que el regulador debe “establecer un precio por lo bienes y servicios producidos por las empresas en marcos regulados” y pedía fortalecer la “gestión y capacidades técnicas” de las unidades reguladoras. 

“La dirección de las unidades reguladoras debe estar a cargo de personas seleccionadas en base a sus antecedentes en la materia y su mandato también debe estar desfasado del ciclo político. Por último, los reguladores deben estar impedidos de trabajar en empresas que actúen en los mercados regulados por un período de tiempo prudencial, así como de participar en cargos electivos”, señala el documento respaldado por cerca de 30 expertos en el tema.  

Algunos de los elementos claves que definen al cumplimiento de estos roles se han definido a la luz del marco institucional actual que rige el funcionamiento de las empresas públicas. Ello no implica reconocer que este sea el marco ideal de funcionamiento de estas empresas. Sin embargo, reconocen la necesidad esencial de cambiar los incentivos de directores, reguladores y funcionarios –tanto del Poder Ejecutivo como de los organismos estatales– sobre el funcionamiento de las empresas públicas.

Cambios necesarios

El director por la oposición en la Ursea, Fernando Menéndez, dijo que estos cambios van en línea con lo que viene persiguiendo desde que está en el organismo. “Creo que todos los directores están de acuerdo con buscar una necesaria independencia”, señaló en diálogo con El Observador. 

Si bien aseguró que no había podido leer “en detalle” el proyecto, expresó que el cambio jurídico al pasar a ser un servicio descentralizado es “positivo” aunque también reconoció que “depende mucho” de cómo se lleve a la práctica. En ese sentido, explicó que la Ursea actualmente tiene por ley una injerencia en la fijación tarifaria, sin embargo, en la práctica es nula.