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Presentan acuerdo de reforma para empresas públicas al estilo Eduy21
Un grupo de 30 profesionales, integrado en su mayoría por economistas, presentó este miércoles un acuerdo de reforma para las empresas públicas con el fin de impulsar un cambio en su gobernanza.
Las empresas públicas operan “en un marco mayormente creado a principios del siglo XX, cuando el Estado se hizo cargo de provisión de ciertos bienes y servicios”, dice el texto, aunque aclara que ese marco institucional ha ido variando en el tiempo y en “las últimas décadas se han introducido diversos cambios regulatorios en los mercados”.
El documento señala que las formas jurídicas en la que operan en la actualidad las empresas públicas “han dejado de utilizarse en el mundo”, a medida que los mecanismos de control tanto interno como externo han mejorado sustancialmente.
Además, critica el actuar de muchas de ellas por fuera de su marco de competencia, a razón de que provienen esas características –tanto por su naturaleza económica como por decisión legislativa– de “un mundo con otra velocidad, más predecibles”.
También señalan que eso ha llevado a que algunas empresas públicas desarrollen actividades “no necesariamente vinculadas con su objeto, en ocasiones a pérdidas y también ha permitido la utilización de las tarifas con fines no vinculados al funcionamiento del mercado donde operan”.
Sobre este punto, se considera necesario que las empresas públicas sean más flexibles y modernas, con el fin de tener mayores incentivos para adaptarse rápidamente a los adelantos tecnológicos y hacerlo a menores costos, sin descartar que los ciudadanos puedan saber si los precios que pagan por los servicios que reciben son competitivos o no.
En particular, se considera que para transitar hacia el modelo deseado, la separación de roles es una precondición fundamental.
En relación al rol del Estado y del Poder Ejecutivo se sostiene, por ejemplo, que las EEPP deben perseguir un retorno adecuado sobre el capital invertido por el Estado, en el marco de las políticas públicas establecidas para el sector, y tomando en cuenta las inversiones previamente evaluadas desde el punto de vista técnico por el regulador sectorial.
Respecto al rol del operador, las empresas deben operar en un marco de autonomía del poder político, persiguiendo el objetivo fundamental de proveer un servicio de calidad, a precio competitivo y con retorno adecuado al capital invertido dentro de los lineamientos estratégicos establecidos por las políticas públicas, dice el texto.
Y sobre el rol del ente regulador, se da cuenta que el regulador sectorial debe establecer un precio por los bienes y servicios producidos por las empresas en mercados regulados, tanto públicas como privadas, de forma de evitar que se trasladen al consumidor ineficiencias e inversiones sin la debida evaluación, entre otros puntos.
Lea aquí la versión completa.
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El director ejecutivo de Ceres, Guillermo Tolosa, dijo a El Observador que se trata de “una síntesis sobre trabajos de gente que ha venido dedicándose a este tema durante muchos años” y que en charlas informales se dieron cuenta que “hay consensos claves aunque se piense distinto en muchas otras cosas”.
Para Tolosa, el documento encierra el mismo espíritu que Eduy 21 “porque hay reformas que son impostergables” (…) Después de un año en que la gente está cansada de ver tanta polarización, queríamos mostrar que hay uruguayos trabajando en focalizarse en grandes acuerdos de políticas de Estado”, dijo Tolosa a El Observador.
El acuerdo será presentado en los próximos días a autoridades del nuevo gobierno.
