Candidato colorado a diputado es uno de los sumariados por ASSE

En las elecciones departamentales de 2015, los colorados tuvieron como candidato único para intendente a Becerra y también integra la Convención Nacional del Partido Colorado.

El directorio de la ASSE destituyó al director y sancionó al equipo de dirección del Hospital de Treinta y Tres, luego de comprobar irregularidades en el uso de los fondos presupuestados asignados a ese centro de salud. El monto que las autoridades no pudieron justificar oscila entre los $ 40 millones y los $ 50 millones, informó Búsqueda y confirmó El Observador.

Reunidos este miércoles, los integrantes del directorio presidido por Marcos Carámbula resolvieron cesar al director del hospital y, a la vez, abrir un sumario con retención de haberes al subdirector, su secretaria adjunta, la administradora y el gerente financiero. Becerra,  jefe de puerta, y un urólogo también fueron sancionados, por estar vinculados a la contratación de una empresa proveedora de servicios. 

En diálogo con El Observador, Becerra aseguró que no recibió ninguna notificación de ASSE que diera cuenta de que fue sumariado. "Se hizo una investigación y se llegó a la conclusión de que había un conflicto de intereses teniendo en cuenta que yo organizaba los traslados del hospital desde el 2015 para una empresa que le daba servicio al hospital", afirmó el dirigente colorado. El vínculo de la empresa con el hospital, según detalló Becerra, se debe a que la firma compitió en licitaciones y venció frente a otras oferentes. 

Según relató, en noviembre de 2017 se desvinculó de la empresa que organizaba los traslados y concursó para entrar como médico de puerta del hospital. "En ese momento, la emergencia del hospital queda acéfala, porque renunció el jefe del momento, y me ofrecieron el cargo de forma interina. Hasta que llamaran a concurso nuevamente, al cual incluso me podía presentar", dijo Becerra. De esta manera, agregó que como su gestión en la jefatura conformó a las autoridades "se fue dilatando el concurso" y el interinato duró aproximadamente "un año y medio".

"En junio de este año, cuando se hizo la auditoría, se llegó a la conclusión de que no podía ser jefe de la empresa y seguir organizando los traslados para la empresa contratada, tercerizada. Ese fue el conflicto de intereses que se me atribuye y por el cual fui retirado del cargo de jefe de emergencia", narró. 

Becerra dijo estar "convencido" de que es víctima de una "persecución política". "Estamos molestando actualmente porque le estamos disputando la diputación y es muy probable que le ganemos al Frente Amplio en Treinta y Tres", agregó. 

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Las autoridades de ASSE habían detectado problemas en la gestión del Hospital de Treinta y Tres hacía unos meses. Tras constatar que los gastos de funcionamiento durante 2018 habían "superado ampliamente la pauta establecida", según informó Búsqueda, la Gerencia General en Montevideo informó a la Dirección de la Región Este que creía pertinente "iniciar un plan de fortalecimiento del equipo de gestión del hospital, principalmente en los aspectos administrativos".

ASSE creó entonces una comisión de trabajo para fortalecer la gestión y conocer la naturaleza de los gastos millonarios. Tras conocer los resultados de este trabajo, el directorio resolvió la destitución y sanción de los integrantes del equipo directivo, a la vez que ordenó ampliar la investigación para determinar si hay más personas responsables. 

Las fuentes consultadas por El Observador agregaron que "no está claro cuál será el siguiente paso", porque aún falta determinar el grado de responsabilidad y participación del equipo de dirección en el manejo irregular de los fondos. Si efectivamente se trató de una maniobra de desvío y no de una mala administración, aseguraron, intervendrá la Justicia "como corresponde".

El diputado nacionalista Martín Lema había realizado en julio un pedido de informes en el que consultaba a las autoridades de ASSE sobre las empresas contratadas por el hospital desde enero de 2017 para la realización de tomografías. El cuestionamiento del diputado refiere a observaciones que recibieron por ir en contra de un artículo del Texto Ordenado de Contabilidad Financiera (Tocaf) relativo al conflicto de intereses en compras del Estado a privados.

A su vez, aseguraba que de acuerdo a datos recabados por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), los gastos en contrataciones de ambulancias aumentaron 216% en 2018 con respecto a lo gastado en 2017.

Ese sistema solía tener una clave exclusiva para legisladores para el acceso a datos privados, pero la Contaduría General de la Nación eliminó la posibilidad de acceder y solo permite ingresar a información pública.