Sin acuerdo político, vacantes del TCA y Suprema Corte se encaminan a ser completadas por antigüedad

De esta forma, Nilza Salvo asumirá como ministra del TCA y John Pérez en la Suprema Corte de Justicia. El plazo para renovar el primer cargo, por vacante que dejó José Echeveste, vence este viernes mientras que para el segundo caso, por la vacante de Eduardo Turell, el tiempo finaliza el 12 de enero. 

Nilza Salvo se desempeña actualmente como ministra en el Tribunal de Apelaciones Civil de 1° Turno y John Pérez en el Tribunal de Apelaciones Civil de 2° Turno.

La venia para la designación exige los dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General (es decir  87 votos de 130), por lo que se requiere amplio consenso político para los nombres que se propongan. Al no haber acuerdo, la designación se da por antigüedad. 

La Presidencia de la República había puesto este tema sobre la mesa a principios de agosto en conversación con la vicepresidenta Beatriz Argimón porque tenía la intención de llegar a un acuerdo interpartidario. Sin embargo, no fue posible para estos dos cargos. De todos modos, quedan más designaciones en organismos por negociar, pero quedarán para 2021. 

La lista de los ministros de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad la encabezan Salvo, seguida por Pérez y Luis Simón. 

Sin embargo, el Frente Amplio se ha negado a dar los votos para que Salvo y Simón integren la Suprema Corte de Justicia.

Mientras, en ámbitos judiciales empezó a circular la posibilidad de que Salvo rechace el ingreso al TCA, aunque fuentes del Poder Judicial consideraron poco probable que se proceda de ese modo.

La posibilidad se basa en un trabajo del constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz que determina que un ministro puede oponerse a ocupar la vacante que se genera. De acuerdo con ello, Salvo podría declinar integrar el TCA e ingresaría en su lugar el segundo de la lista. A su vez, ella mantendría el primer lugar de la lista y cuando se genere la siguiente vacante, que es la de la Corte, podría ingresar a la corporación. 

Según explicó a El Observador el constitucionalista Daniel Ochs, la tesis de Cassinelli implica que "lo que se produce a los 90 días de configurada la vacancia, automáticamente, es una designación. Y un principio general de derecho público es que las designaciones deben ser aceptadas expresa o tácitamente (al tomar posesion) por el agente designado. Este, por su lado, puede libremente aceptarla o rechazarla".

Pero también corre el riesgo de que el Poder Judicial la dé de baja de su padrón al considerar que debe asumir en el TCA, como ya ha ocurrido con otros ministros.

Según las fuentes consultadas, la situación se encamina a que como los parlamentarios no llegaron a un acuerdo, Salvo acepte ingresar al TCA. La magistrada tiene 68 años por lo que su pasaje por el organismo será de dos años porque al cumplir 70 los jueces deben retirarse.

En el Parlamento el oficialismo tiene 74 de los 130 votos y el Frente Amplio tiene 55 legisladores. A ellos se suma en Diputados el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), con César Vega.

Desde el Frente Amplio cuestionan que el Parlamento, a excepción de la Ley de Urgente Consideración y el Presupuesto, estuvo prácticamente “inoperativo” y que por eso no hay posibilidad de llegar acuerdos. En la pasada legislatura se formó un ámbito formal de negociación para conversar sobre este tipo de designaciones. 

El senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano, dijo a El Observador dijo que en la coalición había acuerdo respecto a los nombres. La postura del partido liderado por Guido Manini Ríos, que ha cuestionado a la Justicia en diversas instancias, generaba expectativa dentro del propio oficialismo. 

Otras negociaciones

El cronograma parlamentario del gobierno también incluye las designaciones de los presidentes de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Ambos organismos tienen integrantes del oficialismo y de la oposición, pero el acuerdo del sistema político implica la búsqueda de un presidente de consenso para cada institución.

En la Corte Electoral la coalición estará representada por dos ministros blancos, uno del Partido Colorado y uno de Cabildo Abierto. En tanto, mientras el Frente Amplio tendrá cuatro representantes.  

Tanto en la Corte Electoral como en el TCR, los ministros no cesan al cumplir un determinado período por lo que si no se logra acuerdo político para nombrar a nuevos integrantes siguen los que están.

Para votar las venias de los ministros de la Corte Electoral también se requieren dos tercios de los votos, para cinco titulares y sus suplentes a los que se les pide ser “garantía de imparcialidad”. Los restantes cuatro titulares, representantes de los partidos, serán elegidos por doble voto simultáneo.

Mientras, los ministros del Tribunal de Cuentas también se designan por dos tercios de los votos de la Asamblea General.

La Constitución establece que sus miembros cesarán en sus funciones cuando la Asamblea General que sustituya a la que los designó, efectúe los nombramientos para el nuevo período. “Podrán ser reelectos y tendrán, cada uno de ellos, tres suplentes para los casos de vacancia, impedimento temporal o licencia", señala el texto.

El año que viene también va a estar sobre la mesa la negociación para un nuevo fiscal de Corte ya que el período de Jorge Díaz vence en 2022.