Nacional > Pop TV
Pop TV demandó al Estado por US$ 20 millones tras fallo favorable del TCA
El Grupo Oz, empresa detrás del frustrado proyecto de Pop Tv, demandó al Estado por unos US$ 20 millones a raíz del perjuicio generado en el proceso de asignaciones de canales digitales durante el gobierno del expresidente José Mujica, según informó el semanario Búsqueda.
La propuesta audiovisual, conformada por la productora Oz Media y la editorial Bla, se había presentado en 2013 a un llamado a licitación del gobierno para asignar dos nuevos canales de televisión abierta digital, al que se presentaron seis oferentes. La Comisión Honoraria Asesora Independiente (CHAI) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) fueron los encargados de evaluar las propuestas y determinaron que el consorcio Giro —integrado por las cooperativas La Diaria y Demos— quedó en primer lugar, seguido por Saomil —del canal VTV y Tenfield— y en tercer lugar se posicionó Pop TV.
No obstante, la Ursec entendió en aquel entonces que Giro no poseía los medios necesarios para financiar el proyecto presentado, por lo que el Ministerio de Industria (MIEM) recomendó asignar los canales a Saomil y Pop TV. A pesar de esta sugerencia, Mujica resolvió que se le asignara una señal a Giro.
Ante esto, el consorcio de Oz y Bla decidió iniciar acciones legales contra el Estado y finalmente, en 2018, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) falló a su favor, argumentando que el gobierno de Mujica “violó el "principio de igualdad" de trato a los oferentes en el llamado.
Este proceso le causó a Pop TV un “daño enorme”, pero en principio se pensó en “dar vuelta la página”, dijo a El Observador el abogado Martín Bueno. No obstante, tras reanalizar el tema, “se resolvió seguir adelante” y presentar esta demanda.
La demanda asciende, en total, a unos 20 millones de dólares; el letrado explicó que este monto “sale de las proyecciones que se presentaron en el mismo proceso y que fueron validadas por el propio Estado”. De acuerdo con el mencionado medio, el MIEM respondió a Pop TV y cuestionó la cantidad de dinero en cuestión.
A entender de Bueno, la reacción de la cartera es “natural” y “correcta”. En este sentido, subrayó que lo que “no está cuestionado” es que el Estado “incurrió en responsabilidad, causó daños y debe ser condenado”; lo que será objeto de litigio y será el resultado del proceso judicial es el monto.
De esta manera, el 1º de setiembre se realizará la audiencia preliminar, indicó el abogado. Este tipo de procesos judiciales puede demorar entre dos y tres años, precisó.
