Un fiscal de Corte interino que, por la inercia de las negociaciones frustradas, sigue al mando del organismo tras la salida de su antecesor.
Y por último, un proyecto para aclarar las reglas de juego en torno al financiamiento de partidos políticos -fogoneado tras la entrega del pasaporte a un narcotraficante preso en el exterior- que no va a salir hasta que no se destraben las trancas anteriores.
Decidir las cúpulas de las instituciones por las que pasan los asuntos más sensibles del sistema político -desde el caso Astesiano hasta la concesión a Katoen Natie en el puerto de Montevideo- desafía a los partidos a atar un “paquete” con el toma y daca de cargos, a cambio de lograr las necesarias mayorías especiales en el Parlamento en las que ninguno puede prescindir del otro.
Las negociaciones siempre fueron tensas y muchos nombres quedaban por el camino. Pero, en general, los partidos lograban ponerse de acuerdo para designar a los cargos mencionados. Algo que no ha sucedido en esta legislatura.
El oficialismo pretende “reiniciar todos estos temas” -cada parte del paquete- cuando se levante el receso en marzo, confirmó a El Observador el senador herrerista Gustavo Penadés. Las conversaciones quedaron truncas a mediados del año pasado, cuando los colorados cerraron el paso a reemplazar a su ministro en la Corte Electoral, Juan Máspoli, por el nombre propuesto por Cabildo (Sandra Chá), a cambio de la primera suplencia de la presidencia, que hoy corresponde a Wilfredo Penco (FA). Por el resultado de las elecciones de 2019 a Cabildo le corresponde un lugar en la Corte Electoral al que todavía no accedió.
A los pocos avances se suma la renuncia al Senado de Lucía Topolansky, una negociadora de peso reconocida en todas las tiendas. La salida de la histórica emepepista, que desde el segundo gobierno del FA fue quien capitaneó este tipo de conversaciones, hizo recaer los temas en los senadores Liliam Kechichian y Charles Carrera.
“Nosotros siempre llevamos propuestas, pero veo que el problema es que en aquel momento se sentaban dos por partido, -en el pasado tenías Bordaberry y Amorín con los colorados, a Heber y Larrañaga con los blancos- y en esta negociación la coalición que gobierna delegó en el Senado a Penadés para todo; él es muy serio, me consta, negociaba conmigo pero después daba la impresión que tenía complicaciones hacia adentro”, contó Topolansky a El Observador.
Según la exvicepresidenta hay “como una cultura Twitter en que se arman trifulcas difíciles de desenmarañar”. “Lo que tenemos más penoso es la Fiscalía. Juan Gómez hace un esfuerzo colosal, pero está acorralado: no tiene suplente y a su vez el sistema no se pone de acuerdo. Como es un tipo responsable, sigue peleando para capitanear el organismo, pero el que está en falta es el sistema político”, opinó.
Como un paquete de varias aristas que tiene que cerrar sin descontentos, cada partido reconoce su apertura a las conversaciones pero apuntan a otro que está trancando. “Aspiramos hace mucho tiempo al cargo que nos correspondería en la Corte pero los partidos no lo han facilitado”, criticó el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. El diputado colorado Ope Pasquet sostuvo en tanto que los cargos “son un esquema entero para el que no se resolvieron las piezas”.
El Partido Colorado pretendía resolver en conjunto con la Corte Electoral una nueva integración del TCR.
Fiscalía: entre el triunvirato y la política
Penadés apostará por destrabar la sucesión de Gómez, quien como subrogante de Jorge Díaz debió tomar el mando en la Fiscalía de Corte, aunque no quedó exento de los mismos cuestionamientos que llegaban a su antecesor desde una parte del oficialismo. El exfiscal de Homicidios tendrá que dar un paso al costado en 2025, una vez que cumpla los 70 años de edad.
En la coalición saben que la falta de acuerdo desembocará en que deba asumir la actual fiscal de Narcóticos, Mónica Ferrero, quien quedó como subrogante tras una interpretación promovida por la coalición en la última rendición de cuentas, que establece que ese puesto corresponderá al fiscal penal con mayor antigüedad.
Ya durante la votación en octubre del año pasado, el Frente puso el grito en el cielo: “Esto tiene nombre y apellido. ¿Por qué no decimos cómo son las cosas? Si decimos que corresponde a los fiscales penales de Montevideo, estamos diciendo que corresponde a la doctora Mónica Ferrero”, arremetió Carrera en la sesión. “Hablamos mucho de transparencia, pero realmente estamos votando un mecanismo que es violatorio de la Constitución de la República”, añadió, proponiendo como alternativa algún tipo de sorteo que asegure algo más “aleatorio”.
En el oficialismo, sin embargo, el de Ferrero no es un nombre que haga ruido, y en los corrillos políticos se comenta incluso que con ella encontrarían mayor afinidad ideológica, síntoma claro de que la lectura partidaria tiñe también la negociación.
“A mí me encantaba la época en la que en Uruguay nadie sabía quién era un juez o un fiscal”, dijo al respecto el senador Penadés en La Diaria, bregando por “buscar a alguien que reúna las condiciones, no importa si es blanco, colorado, frentista”, sino “que aplique la justicia”.
Los blancos reivindican en ese sentido haber dado los votos para la designación de Jorge Díaz “sabiendo que era un hombre muy vinculado a la izquierda en su pasado”.
Para su correligionaria Graciela Bianchi uno de los dos caminos posibles es que “que Gómez se aparte o apartarlo de acuerdo a cómo se puede subrogar”. La senadora de Aire Fresco planteó a El Observador que “era grosero” que el fiscal de Corte designara a su propio suplente y que por eso la coalición votó esa disposición para determinar al subrogante del organismo, resistida entonces por la oposición.
Bianchi asegura que desconocía que la interpretación negociada facilitara a Ferrero el acceso a la Fiscalía de Corte en caso de no haber humo blanco entre políticos. “Ahora es ley, si es Ferrero u otra persona, no me importa. Lo que no queríamos en la coalición es que fuera tan grosera la propuesta que el fiscal designara a su propio suplente”, sentenció, aunque aclaró: “No estamos dispuestos a tocar nada en Fiscalía hasta que termine la investigación de los pasaportes y la mafia rusa; lo de Astesiano quedó saldado”.
Lejos aún de que ocurra, la sucesión por antigüedad en la Fiscalía de Corte tampoco hace ruido en Cabildo: “No tenemos objeciones hacia Mónica Ferrero, pero es una cosa tan en el aire, que sería un manoseo de nombres”, subrayó Domenech.
El oficialismo ha apuntado en varios casos contra la gestión Gómez y tanto Bianchi como Cabildo Abierto y el exfiscal Gustavo Zubía -hoy diputado colorado- han personificado en él una continuidad con la administración de Jorge Díaz. Desde esas tiendas, de hecho, discreparon públicamente con Penadés respecto a que no importa el vínculo político de la conducción de la Fiscalía, en tanto reivindican la “independencia técnica” que hayan tenido respecto a Díaz.
Al mismo tiempo recae sobre Penadés la tarea de mediar con un Cabildo Abierto que arremete contra las investigaciones de crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura -en especial contra el rol del fiscal Ricardo Perciaballe- y hace de ese punto una condición de peso a la hora de negociar los nombres.
El FA, sin embargo, respalda a Juan Gómez y no tiene en agenda promover un cambio en la cúpula de la Fiscalía, aseguraron fuentes políticas. No obstante, aún hay nombres sugeridos por la coalición de izquierdas a mediados del año pasado -de profesionales independientes de la Fiscalía- que no llegaron a entrar en la negociación política y siguen sobre la mesa, según supo El Observador.
La otra alternativa, impulsada en especial por algunos legisladores blancos, colorados y cabildantes consiste en un triunvirato que conduzca al ministerio público, aunque la negociación no se ha movido más allá de los conceptos.