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Los ataúdes sin cuerpos: informes, aportes en campaña y una licitación de la IM que va a juicio
A cada muerto le corresponde su ataúd. En el caso de Montevideo, la intendencia se hace cargo de aquellos que en vida no tuvieron ningún tipo de cobertura, o que al fallecer no tenían ningún lugar preestablecido en el que terminar. De esos se usan entre 200 y 300 cada mes. Por licitación o compra directa, la comuna tiene que asegurar la disponibilidad de esos cajones para el reposo de los cadáveres.
Esa necesidad desencadenó una larga trama que atraviesa procesos de compra fallidos, la campaña electoral para las departamentales del 2020, una adjudicación en tela de juicio, un taller repleto de tumbas sin destino y un recurso de nulidad presentado hace pocos meses ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
La Intendencia de Montevideo (IM) abrió en 2019 una licitación abreviada para la adquisición de 1.500 ataúdes, y su ampliación por otra partida similar. Ese llamado se declararía desierto al año siguiente, bajo la premisa de que ninguno de los cuatro oferentes cumplía con las condiciones estipuladas en los pliegos.
Sin embargo, un informe técnico encargado por el gobierno departamental al ingeniero Andrés Obiol para evaluar las propuestas destacó uno de los productos presentados, que utilizaba un tipo de madera (mdf enchapado) distinto al solicitado por la comuna para las tapas de los cajones mortuorios (pino nacional). El técnico concluyó, según el informe al que accedió El Observador, que ese había sido "el único" con un "encolado totalmente correcto", además de ser uno de los dos que "se asemeja más a lo que se necesita", a pesar de usar otro material.
Ese fue el ataúd producido por la carpintería de Fabián Sosa, que, con el informe de Obiol en la mano, presentó un recurso de revocación y jerárquico ante las oficinas del palacio municipal en el entendido que le correspondía ganar la licitación que había sido declarada desierta. En aquel momento transcurría a pleno la campaña para las departamentales y el emprendedor buscó el contacto con dos de los candidatos para destrabar el asunto. "Me llega la posibilidad de reunirme con Carolina Cosse y con Daniel Martínez. Tenía la oportunidad de que me escucharan si ponía US$ 5 mil a la campaña de cada uno. (El empresario) Pablo Scotellaro fue quien armó la reunión y puso ese requisito", declaró Sosa a El Observador.
El intermediario para dar con Scotellaro fue su conocido, Emiliano Zapata, quien ratificó a El Observador que el empresario le puso esa condición: "Si tiene US$10 mil (US$5 mil para cada uno) podemos escucharlo". Scotellaro, en cambio, dijo en diálogo con El Observador que quien quiso aportar dinero a la campaña de los candidatos fue el propio Sosa, y que él solo quiso "dar una mano" ante la situación, dada su llegada con los frenteamplistas.
Ambos encuentros se concretaron en la casa de Scotellaro: el abogado Marcelo Marquesano recibió el dinero en efectivo para la postulación de Martínez, y Jorge Braga hizo lo propio con la de Cosse, según el relato de Sosa. "Yo lo único que buscaba era que se ajustaran a derecho, porque hasta el momento no lo habían hecho", asegura el responsable de la carpintería, que para entonces no veía solución a la licitación frustrada. "Los ponía en conocimiento y yo no tenía ningún inconveniente, porque mi producto era bueno y a buen precio. Los dos respondieron que era justo y que me iban a ayudar", afirmó.
Ganó Cosse
Carolina Cosse se consagró como intendenta electa el 27 de setiembre del 2020, y asumió el cargo dos meses después. En ese interín, el responsable de la carpintería aseguró haberse reunido en el palacio municipal con Gustavo Cabrera, que en ese entonces era el gerente de Compras de la comuna. En la administración actual, el dirigente comunista se desempeña como director de Desarrollo Económico.
"Él me dice que (el reclamo en base al informe del ingeniero Obiol) lo van a estudiar en Jurídica y que van a gestionar mientras tanto la compra directa", explicó Sosa. "Me pide que no recurra ante el TCA porque lo iban a resolver ellos, y que si en jurídica entendían que la documentación me daba la razón, hacían lugar al recurso y me daban la licitación", asegura el responsable de la carpintería. De acuerdo a la versión de Zapata y Sosa, recibieron una respuesta similar de parte de Braga, actual asesor cercano de la intendenta.
El Observador intentó hablar tanto con Cabrera como con Braga pero desde la IM solo brindaron un repaso cronológico del caso en cuestión. Dado que el gobierno departamental no podía prescindir de los ataúdes mientras estaba trancada la licitación, procedieron al mecanismo de compra directa: adquirieron 500 a cada uno de los tres oferentes por unos $3 millones. Eso fue el 9 de diciembre, por resolución firmada por Cosse a pocos días de haber asumido.
"Este derrotero ha hecho que a través de las licitaciones no se haya podido adquirir los ataúdes necesarios, y debido a eso se realizaron compras directas a distintos proveedores, incluyendo aquellos que se presentaron originalmente al primer llamado. Si no se hubiera tomado esa medida, el servicio se hubiera visto resentido", expresaron desde la IM a El Observador.
Según Sosa, cada compra de este tipo conlleva su ampliación –es decir, una adquisición de la misma cantidad de productos–. "Llegado su momento, no solamente no hubo ampliación, sino que me comunican que no tenían otra alternativa que gestionar una nueva licitación", declaró Fabián Sosa.
Ataúdes sin cuerpos
La nueva licitación, a la que Sosa también se presentó, se abrió a finales del 2021. Esa es la que hoy se encuentra impugnada ante el TCA, luego de que la IM rechazara el recurso presentado por Sosa ante sus oficinas. Los pliegos piden la fabricación de 1.500 ataúdes con varios requisitos que contemplan altura, materiales para el interior y para la tapa, espesor de dichos elementos, entre otros. A esa instancia se presentaron tres empresas.
A fines del 2021 la Comisión Asesora de la compra aconsejó "aceptar la oferta" presentada por Cautín SA, "por ser la de mejor puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación" del pliego. La adquisición de los ataúdes sería por $8.495.470. Sin embargo, la carpintería de Fabián Sosa pide la "nulidad" de ese acto ante el TCA, por considerar que se "benefició ilegítimamente al adjudicatario", que "violó los principios de igualdad entre los oferentes" y que se incurrió "en notorios apartamientos de lo dispuesto en el pliego".
A grandes rasgos, el reclamo sostiene que la administración permitió usar a Cautín SA un "material diferente" al exigido en los pliegos, de "inferior calidad al requerido, y por supuesto, de un costo casi seis veces inferior". Así lo redactó el abogado Marquesano –que tras colaborar con Daniel Martínez pasó a defender a Sosa– en el documento al que accedió El Observador.
Los demandantes plantean que se agotó la vía administrativa luego de que la IM no hiciera lugar al recurso de reposición, al tiempo que "operó denegatoria ficta" al haber pasado más 200 días desde que fuera presentado el de apelación.
La empresa argumentó: "El referido acto administrativo nos afecta directamente, ya que se adjudica una licitación en forma irregular, causándome perjuicios en forma personal patrimonial y directa". Uno de los puntos esgrimidos fue que la comuna pedía el uso de nylon de color blanco para el interior de los ataúdes, mientras que Cautín SA (que finalmente ganaría) utilizó para ello TNT. El reclamo plantea que el segundo "tiene un costo sensiblemente menor" que el primero, con un costo en plaza por metro cuadrado de $12,20 contra $68,08.
Los demandantes se apoyan para eso en los informes técnicos del LATU, entidad escogida por la administración para certificar las condiciones de los ataúdes. "La claridad del informe técnico elaborado por el LATU exime de cualquier otro comentario, el adjudicatario no cumple siquiera con los materiales exigidos", afirmaron. "La norma es más que clara por lo que no necesita su mayor análisis; así también lo entendieron los oferentes, dado que, salvo el adjudicatario, todos los demás cotizaron sus productos utilizando el material exigido", añadieron para justificar la violación del principio de igualdad.
La carpintería destacó que la elección del nylon para los ataúdes "no es caprichosa" –así como también un espesor mínimo de 100 micras–, dado que ese material cumple la función de "contener los fluidos corporales que se comienzan a desprender una vez producido el fallecimiento". "La utilización de menor micraje, amén de un menor costo para quien lo provee, aumenta considerablemente el riesgo de roturas y su consecuencia lógica de filtraciones, lo que en definitiva es el hecho a evitar", desarrollaron.
"La aceptación de la oferta de Cautín estaría consagrando un claro apartamiento de los principios que reglan el instituto de la Licitación, beneficiando ilegítimamente al adjudicatario, dado que el material utilizado tiene un costo de por lo menos un 20% menos al del material requerido", analizado "específicamente" por el LATU, indicaron.
Otro aspecto señalado consistió en que, si bien el pliego solicita una altura aproximada de 48 centímetros para el féretro, el adjudicatario "intentó sacar ventaja presentando uno de 11 centímetros menos" que lo requerido. Marquesano apuntó que la diferencia de un 25% respecto a la medida solicitada "evidentemente" deja de manifiesto que la oferta de Cautín no entra en los parámetros de lo "aproximado". "Se trata de obtener un abatimiento de sus costos presentando un féretro sustancialmente más barato, producto de la utilización de menor cantidad de materiales", reclamó la empresa.
El recurso de nulidad concluye que "la propuesta del adjudicatario resulta económicamente más beneficiosa por la simple razón que emplea elementos más baratos", y que eso "cercena el derecho de los restantes oferentes de poder emplear los mismos elementos que lo lleven a abaratar sus costos, básicamente porque las condiciones del llamado exigían otra cosa".
Sosa aseguró que ante las promesas de Cabrera y Braga de que se estudiaría su caso, ahora quedó con material comprado para unos 3 mil ataúdes. "Vos tenés que tenerlos asegurados para cumplir con el alcance de la licitación. Eso ahora sirve solo para la intendencia, porque los requisitos del pliego son muy particulares. Estamos hablando de aproximadamente de US$ 200 mil", declaró.
"Estuve casi un año bancando de mi bolsillo el tener a 12 personas preparadas exclusivamente para hacer este trabajo. Esto supuestamente se iba a solucionar. Ahora tengo el capital invertido, un crédito de US$ 240 mil en plaza e incumplimientos de toda clase y especie. Me afectó mi vida, total, completa", apuntó.
Según su versión, obtiene "cero respuesta" de la comuna, al tiempo que Braga le transmitió que "Carolina está muy ocupada para atender el tema de los ataúdes, y que están viendo si efectúan la adjudicación o no". Los ataúdes vacíos y a medio hacer se apilan hoy en su depósito de la Cruz de Carrasco.
