Nacional > audiencia
Caso Odebrecht: Cikurel esperará en libertad a que se resuelva su extradición
La jueza María Helena Mainard dispuso la libertad de la contadora Maya Cikurel, pareja del ministro de Educación, Pablo da Silveira, sobre quien pesa un pedido de extradición planteado por la Justicia de Panamá, que la indaga como sospechosa de una maniobra de lavado internacional de activos vinculado a las coimas de la constructora Odebrecht.
El fiscal Ricardo Lackner dijo en rueda de prensa que a su juicio "los requisitos están cumplidos” para que se otorgue la extradición. De todos modos, afirmó que no existe "riesgo de fuga”, por lo que no se opuso a que se le retirara la orden de prisión domiciliaria. "No va a seguir con prisión domiciliaria porque en este momento no está justificado”, dijo a la salida de la audiencia.
La jueza dictará sentencia y resolverá si otorga la extradición en una próxima audiencia el 8 de junio.
En la audiencia realizada este martes se resolvió que de ahora en más deberá hacerse presente en la comisaría de su barrio semanalmente. En esta instancia, Lackner también dejó establecida su posición a favor de conceder la extradición. "La fiscalía entiende que se cumplen las formalidades de Panamá y que correspondería hacer lugar a la extradición", sostuvo.
El abogado de la contadora, Gonzalo Fernández, se retiró del juzgado sin hacer declaraciones. Ante la consulta de El Observador, se limitó a decir: "Hay que esperar la sentencia". En la audiencia, según dijo Lackner en la rueda de prensa, el penalista "esgrimió una serie de incumplimientos" para defender la negación a ser extraditada, como que su clienta ya había sido juzgada por este tema en Uruguay "y por lo tanto no se la podía juzgar dos veces" por el mismo delito.
"También apeló a la falta de legitimación del Estado panameño", agregó el fiscal. El tratado que rige la extradición entre Panamá y Uruguay, acordado en 2008, lleva la firma de Gonzalo Fernández –entre otros–, porque en ese momento se desempeñaba como ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Tabaré Vázquez.
La historia del caso
Cikurel había sido detenida el 19 de febrero pasado cuando se aprestaba a viajar a Buenos Aires con Da Silveira y saltó la orden de captura internacional –una alerta roja de Interpol– por ser indagada en Panamá.
De acuerdo a la fiscalía panameña que pide la extradición –cuyo trámite se inició en abril de este año–, los hechos de corrupción que presuntamente involucran a la detenida se cometieron entre el 1º de enero de 2009 y el 1º de mayo de 2012, y la orden de detención contra la indagada fue emitida el 17 de abril de 2019. Sin embargo, por un error en la inscripción de su nombre, recién el 30 de ese mes Interpol elevó una alerta roja.
“Se la vincula con una conexión Suiza-Panamá, dentro de una investigación en torno a la llamada Caja 2 de Odebrecht”, informaron a El Observador fuentes panameñas, el 20 de febrero. La “caja” mencionada refiere al dinero de coimas acumulado por la constructora brasileña. Los pagos ilícitos en cuya ingeniería financiera habría participado la indagada fueron recibidos por Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal.
Esta mujer ya había sido requerida por la Justicia del país caribeño en febrero de 2018. Entonces había sido citaba como indagada, para lo cual Panamá solicitó a Uruguay que permitiera que la contadora fuera interrogada en el marco de esta investigación, pero la Justicia local entendió que no correspondía por una cuestión formal. "Se sugirió que se hiciera la extradición, ya que acá no se le podía tomar declaración", explicó Lackner.
El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó en marzo el archivo de una investigación, a raíz de otro pedido internacional radicado en también en 2018, esta vez proveniente de Suiza. Dos meses después de la solicitud panameña, Suiza pidió la cooperación de Uruguay para indagar a la contadora por su presunta “participación en sociedades vinculadas a las coimas de Odebrecht”, según había informado Pacheco.
Ese pedido también fue denegado, pero se abrió una investigación en paralelo liderada por Pacheco, que finalmente fue clausurada luego de que un informe elaborado por la Unidad de Información Análisis Financiero del Banco Central no aportara elementos que indicaran responsabilidad penal de contadora.
