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Panamá envió solicitud de extradición para pareja de Da Silveira
La justicia de Crimen Organizado recibió formalmente la solicitud de extradición de Maya Cikurel Spiller, la mujer que fue detenida en Colonia el 19 de febrero, cuando se disponía a viajar a Argentina junto con su pareja, el actual ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira.
Según informó Búsqueda y confirmó El Observador con fuentes judiciales, la Fiscalía Especial Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación de Panamá está esperando "una respuesta" por parte de la justicia uruguaya, que ya dispuso que la detenida continúe bajo régimen de prisión domiciliaria hasta que se defina su situación.
Cikurel fue detenida aquel día porque pesaba contra ella un pedido de captura internacional por presuntamente estar involucrada en operaciones de blanqueo de capitales vinculado a la empresa Odebrecht, la constructora brasileña investigada por corrupción –por realizar pagos y sobornos a gobernantes para ganar licitaciones y obtener contratos millonarios– por la Justicia de Estados Unidos y una decena de países de la región y de Sudamérica entre los que se encuentra Panamá.
De acuerdo a la fiscal panamaeña que solicitó la extradición, Tania Iskra Sterling Bernal, los hechos de corrupción que involucran a la detenida se cometieron entre el 1° de enero de 2009 y el 1° de mayo de 2012, y la orden de detención contra Cikurel –contadora de 46 años– fue emitida el 17 de abril de 2019, aunque el 30 de ese mes Interpol elevó una alerta roja contra la requerida.
“Se la vincula con una conexión Suiza-Panamá, dentro de una investigación en torno a la llamada Caja 2 de Odebrecht”, informaron fuentes panameñas, en relación a la “caja” en la que la constructora brasileña juntaba el dinero para pagar las coimas. Los pagos ilícitos en cuya ingeniería financiera habría participado la indagada, fueron recibidos por Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal.
El abogado de Cikurel, Gonzalo Fernández, sostuvo ante la Justicia en la audiencia en la que se decidió la prisión domiciliaria de su defendida, que a la mujer se le “imputa que desde Montevideo abrió una cuenta en Suiza y entre los movimientos de esa cuenta desde Suiza se hizo una transferencia a Panamá”.
Por estos movimientos bancarios Cikurel era buscada por el país centroamericano desde abril de 2019.
Sin embargo, Cikurel ya había enfrentado otras indagaciones penales.
En 2018 había llegado a Uruguay un pedido de “cooperación penal internacional” procedente de Suiza en el que se solicitaba “indagar a la mujer y tomarles testimonios a otras personas por vínculos con Odebrecht”, según explicó semanas atrás a El Observador el fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco, que entonces intervino en el caso.
De hecho, según consta en el registro judicial de mayo de 2018 de Panamá, la Fiscalía Federal de Suiza la investigó durante ese año por “una diversidad de delitos, entre ellos blanqueo de capitales”.
No obstante, la solicitud del país europeo fue denegada por motivos jurídicos, pero en cambio la justicia uruguaya inició en 2019 –en paralelo al proceso de Panamá– una investigación contra la contadora, sobre presunta “participación en sociedades vinculadas a las coimas de Odebrecht”, añadió el fiscal.
Una de las líneas de la investigación del fiscal Pacheco apunta a la empresa Arcadex Corporation, con sede en Belice, la cual según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos emitido en 2016, era administrada por la División de Operaciones Estructuradas, la dirección de Odebrecht que se encargaba de los sobornos y de ocultar los pagos indebidos que se hacían a funcionarios y partidos políticos.
Este expediente abierto no ha tenido novedades en los últimos meses, porque todavía se está a la espera de un informe de la Unidad de Información Análisis Financiero del Banco Central, aseguró Pacheco.
Trámite en el MEC
El Tratado de Extradición firmado entre Uruguay y Panamá establece que toda "solicitud de extradición se formulará por escrito y se cursará por vía diplomática", y que "la autoridad central competente en la República Oriental del Uruguay será el Ministerio de Educación y Cultura", mientras que en Panamá el organismo designado es el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Dentro del Ministerio de Educación y Cultiura hay una oficina llamada Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica del Uruguay y es la que interviene ante todos los pedidos de extradición, sin perjuicio de que la decisión de aprobar o no el envío de una persona al exterior para que sea juzgada en otro país es una potestad de la Justicia.
A fines de febrero, antes de que asumiera como ministro, Da Silveira fue consultado en rueda de prensa sobre su eventual intervención formal en el proceso de extradición. "El ministro de Educación ni ve el expediente, ni pasa por su oficina (...). No tiene ninguna capacidad de influir en eso", dijo el hoy secretario de Estado.
"Respeto el estado de derecho, respeto la división de poderes, respeto la Justicia independiente, toda mi vida lo hice y lo último que haría ahora sería interferir o de algún modo molestar el funcionamiento de la justicia", concluyó en declaraciones realizadas el 26 de febrero
