Cierre de Casa de Galicia: expresidente Iglesias declara en Fiscalía tras denuncia de irregularidades

Si bien se han tomado declaraciones a otros funcionarios de la mutualista y analizado tres informes que proporcionó el Ministerio de Salud Pública (MSP) en su denuncia, el síndico aún no proporcionó su informe final, que es el que determinará si Iglesias es empresarialmente responsable por el quiebre. Eso tendrá un correlato civil, pero en el marco del resto de los informes y declaraciones, Rodríguez deberá analizar si Iglesias cometió además un ilícito penal. 

Estaba previsto que el sindico terminara el informe antes de fin de año, cosa que no ocurrió y después se estimó febrero o marzo. Pero aún no lo han finalizado.

Iglesias concurrirá acompañado de su abogado, Enrique Moller. Inicialmente, la citación a Fiscalía para después de semana de turismo fue divulgada por Búsqueda.

El Ministerio de Salud Pública denuncia la compra de una clínica por US$ 3,5 millones sin ningún informe técnico previo, y el retiro por parte de Iglesias de US$ 180 mil de un cambio sin pasar por las arcas de la mutualista.

Por estas situaciones, el MSP cree que las autoridades incurrieron en delitos de: apropiación indebida, asociación para delinquir, estafa, libramiento de cheque sin garantía, libramiento de cheque sin fondo y usura. El caso está en Fiscalía, a cargo del fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez. De forma paralela, Iglesias planea denunciar al ministro de Salud, Daniel Salinas, por su accionar en el cierre del prestador.

Las irregularidades

En el escrito se denuncia que la mutualista realizó la compra de una clínica de los hermanos Leborgne por US$ 3,5 millones sin tasar su precio y sin "informes técnicos de ningún tipo". "Casa de Galicia quedó con el 51% de las acciones y dos personas con el restante 49% del paquete accionario, cuyo aporte está asociado a un crédito del Banque Heritage, el cual es amortizado por la propia clínica", detalla el documento.

Allí también se reportan irregularidades en otros dos edificios: la adquisición de otra clínica de los Leborgne, ubicada en Punta Carretas, que fue alquilada en un "contrato entre particulares" que pagó Casa de Galicia, y las obras en un Centro Oftalmológico de la mutualista ubicada en Avenida Centenario, que también pagó la mutualista a pesar de que el acuerdo marcara que el responsable era un médico, al que a cambio se le iba a dar un comodato por diez años.

Otra compra de un edificio en Avenida Centenario y Luis Alberto de Herrera por US$ 800 mil involucra directamente a Alberto Iglesias. Según indica el relevamiento de las interventoras, para pagar US$ 300 mil del edificio la mutualista pidió un préstamo de US$ 480 mil a un grupo de clientes de Corredores de Bolsa.

Tras pagar la deuda, el contrato establecía que los restantes US$ 180 mil debían ser depositados en un cambio. Cuando las interventoras reclamaron el dinero, el cambio "llamativamente informó que esa importante suma de dinero se habría entregado en efectivo a Iglesias el 10 de febrero de 2021".

Estas situaciones se contradicen con las dificultades económicas con las que contaba Casa de Galicia, a la que se le otorgaron dos fideicomisos en 2012 y 2019 para solucionar su situación. Las autoridades del prestador querían acceder a un nuevo préstamo millonario en 2021, lo que fue rechazado por el MSP antes de decidir su intervención.

La institución, según sostiene la cartera en la denuncia, liberó cheques "por millones de dólares que no tuvieron fondos", y emitió otros "firmados en garantía, con doble cobertura, ante la devolución de préstamos a acreedores financieros". Además, "se pagaban tasas de usura a acreedores financieros", a veces firmando contratos con tasas legales que luego se saldaban con tasas superiores.

Los préstamos financieros que la mutualista pagaba con medios de este estilo no tenían el "debido control sobre el origen de los fondos". "La detección de una necesidad, la elección del proveedor, la negociación, la firma de contratos o acuerdos, la conformación de la factura y la autorización para el pago, todo pasaba por Iglesias y una persona de su confianza, el cual lamentablemente se quitó la vida dos días después de efectivizada la intervención del Poder Ejecutivo", indica el documento.

También se marcó que las retenciones de los sueldos a los funcionarios de la institución "no fueron vertidas a los organismos e instituciones correspondientes".

Las interventoras también detectaron que luego de que el MSP rechazara el pedido de fideicomiso, e Iglesias solicitara que la institución entrara en concurso judicial –el que luego decretó el cierre–, el presidente "firmó órdenes irrevocables de pago a acreedores financieros y otras para ser abonadas por un Fideicomiso de Administración acordado con República Afisa, lo que implicó la cesión de créditos hasta entrado 2024".