Diego Battiste

Contrataciones para el gobierno: gerente de RRHH y community manager

Muchos de los cambios de jerarcas se podrían haber evitado con mejor investigación previa

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04 de julio de 2020 a las 05:01

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Armar una empresa de cero, o casi de cero, es una tarea titánica. A algo así se enfrenta el gobierno encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou desde noviembre, cuando se confirmó que esta empresa llamada Uruguay iba a ser gerenciada por el Partido Nacional, en asociación con una serie de partidos conocidos ahora como coalición multicolor.

Es cierto que en un Estado con cientos de años de burocracia a cuestas hay muchos mecanismos que funcionan solos. En teoría, deberían hacerlo. Pero es cierto también que la herencia de un gobierno luego de 15 años con un tipo de gerenciamiento específico, que fue el del Frente Amplio, es compleja. Por eso desde diciembre quienes debieron empezar a elegir jerarcas que, desde los ministros para abajo son cientos, no la han tenido fácil.

A la tarea de construir cuadros jerárquicos combinando cuota política y –al menos en la teoría– idoneidad técnica y profesional, se sumó la realidad de que buena parte de los cargos gubernamentales de confianza tienen remuneraciones relativamente bajas para atraer perfiles atractivos, a lo que se le suma una fecha de caducidad. Los uruguayos nos pasamos la vida protestando por lo que ganan los jerarcas públicos, a veces con razón pero casi siempre perdiendo de vista la realidad de que buena parte de lo que decidan las personas que ocupen esos cargos define nuestro futuro.

En diciembre el nuevo gobierno comenzó un proceso complicado: el de elegir cientos de nombres para manejar una empresa que es ni más ni menos que un país. A la vista de todos los jerarcas que han rebotado por diversas razones –algunas profundamente vergonzantes–, el gobierno tiene un problema serio en la selección de recursos humanos.

Los líderes de los partidos multicolores deben ser conscientes de quiénes son sus candidatos y no solamente cuántos votos les acercaron o qué favor hicieron. Y el presidente, que el 1 de marzo prometió ser responsable final de lo que pase en esta gestión y que ha puesto la cara en emergencias y zozobras de estos meses, debe ser implacable para reclamar mejor elección de jerarcas 

Los que entienden de empresas recalcan una y otra vez que este suele ser el talón de Aquiles de las organizaciones. Es una frase hecha pero real: las empresas son sus integrantes. Este partido recién empieza pero maestro, hay que cambiar ya la forma de elegir los recursos humanos.

En cuatro meses ya se superó la decena de cargos de porte que debieron abandonar el gobierno por diversos motivos pero que, en buena parte, se podrían haber evitado con una mejor investigación previa de quién es la persona propuesta para el cargo y hasta qué punto era idónea para llevarlo adelante.

Cientos de puestos de confianza han sido repartidos considerando los compromisos que el partido ganador tiene con el resto de los partidos que hicieron posible su triunfo. Sería inocente pensar que el presidente puede soslayar esos compromisos, pero sería irresponsable afirmar que no se puede elegir un poco mejor, con la mira algo más afinada y con un mínimo chequeo de antecedentes que confirme quién es, qué hizo y, sobre todo, qué dijo (miren Facebook, por favor) el candidato en cuestión.

La última perla de un collar que nadie quiere colgarse del cuello es el caso de la nueva directora de Desarrollo Humano de ASSE, una militante de la lista 71 del Partido Nacional que fue elegida edila por Canelones en 2015. Silvia de Borba es funcionaria pública desde hace unos 30 años en el área de la salud. Tal como informó Búsqueda esta semana, entre 2016 y 2017 presentó 18 certificados médicos por neurosis, con los que justificó 502 días de ausencias en su trabajo en el Hospital Pasteur. Mientras tanto, la misma neurosis no le impidió trabajar como edila ni postear frecuentemente en Facebook sobre esa actividad.

La funcionaria alega que fue sometida a persecución política y así lo confirmó el actual presidente de ASSE. Pero el sufrimiento que le causó esa situación, ¿generó una neurosis parcial? La edila explicó entonces que el de la Junta Departamental era para ella un trabajo recreativo.

Lacalle Pou no puede prohibirle a sus jerarcas que usen las redes sociales y sería muy mal visto que el gobierno invirtiera en cursos de capacitación sobre cómo mantener a raya el “dedo veloz” que determina que hayan publicado allí expresiones inconvenientes de todo tipo y color. Pero el presidente, sus ministros y directores y su Oficina de Servicio de Civil pueden y deben hacer un mejor trabajo a la hora de elegir a los nuevos jerarcas. Para empezar pueden arrancar chequeando antecedentes en redes sociales. Esta sencilla medida les hubiera evitado al menos dos o tres dolores de cabeza.

El líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, le pidió a sus colabores que revisen y borren sus publicaciones y comentarios en Facebook que pueden dar lugar a problemas. “Ya quedó demostrado: hay gente a la que le pagan para que estudien las redes de todos los cabildantes, para ver qué pueden sacar y publicar en la prensa que sea escandaloso”, publicó Búsqueda.

Y sí, hay gente a la que le pagan por hacer eso y mucho más, pero parece que por ahora acá no se los contrata. De hecho, al menos dos jerarcas designados por CA duraron horas en sus puestos por esas publicaciones “escandalosas”, aunque no eran de hace 10 años: uno se fue volando de ASSE por hablar de la “mugre y decidia (sic)” de los hospitales públicos en la red social de Zuckerberg y otro fue el que casi ni llegó a su despacho de la ANP por atacar con munición pesada a actuales ministros y parlamentarios y a la manga de “ballenatos/cachalotes” que en su opinión son las feministas.

Diego Battiste

Para Manini Ríos no tiene sentido que te echen de tu nuevo puesto público por un disparate que escribiste en Facebook hace 10 años. Es tremendo, desde su punto de vista, que te saquen los trapitos al sol después de tanto tiempo de haberlo dicho. ¿No es un disparate nunca haberse retractado?

La política (y la politiquería) ha sido siempre el criterio rector a la hora de elegir a la mayoría de los puestos de confianza de todos los gobiernos. Se ha hablado incansablemente del más preparado y del perfil técnico, pero en los hechos son pocos los jerarcas que llegan por su currículum, su experiencia y su idoneidad. Y esto corre también para los gobiernos del Frente Amplio.

Que se haya hecho así hasta ahora, sin embargo, no es excusa para seguir replicando malas prácticas. Conseguir plantillas de jerarcas idóneos lleva tiempo y esfuerzo y hasta cambios de normativas y leyes, y está claro que no hay gestión de recursos humanos que asegure un 100% de aciertos, pero sería bueno aspirar al menos a un porcentaje digno que evite los mini escándalos que se conocieron en los últimos meses.

La responsabilidad es compartida: los líderes de cada uno de los partidos multicolores deben ser conscientes de quiénes son sus candidatos para cada puesto y no solamente cuántos votos les acercaron o qué favor les hicieron. Y el presidente, el mismo que el 1 de marzo prometió ser el responsable final de todo lo que pase en esta gestión y el mismo que ha puesto la cara en todas las emergencias y zozobras de estos meses de crisis, debe ser implacable a la hora de reclamar mejores elecciones de jerarcas y a la hora de criticar duramente a quien corresponda, cuando se mete la pata. 

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