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El FA y los blancos quieren eliminar el corralito mutual pero no saben cómo hacerlo
El corralito mutual está en la agenda de todos los partidos. La discusión acerca de la movilidad regulada –es decir, que los usuarios solo puedan cambiarse de prestador durante febrero– es uno de los temas centrales de la campaña. Pero a pesar de que los dos partidos con mayor intención de voto, el Frente Amplio y el Partido Nacional, se comprometieron a eliminar el corralito para que los socios puedan cambiarse durante todo el año, ninguno sabe a ciencia cierta cuándo lo harían si llegaran al gobierno.
Ante la consulta de El Observador, el doctor Miguel Fernández Galeano, asesor del candidato frenteamplista, Daniel Martínez, afirmó que en un eventual gobierno de la coalición el cambio se concretará cuando estén "las condiciones dadas". El diputado nacionalista Martín Lema expresó que la intención del Partido Nacional es "velar por la eliminación del corralito", pero dijo que para ello deberán tener "garantías de estabilidad".
De fondo está el anuncio del Ministerio de Salud Pública, que comunicó que el corralito reabrirá en febrero de 2020 luego de haber permanecido cerrado durante dos años. La cartera resolvió el cierre en diciembre de 2017 porque descubrió estafas millonarias al Fondo Nacional de Salud: cerca de 30.000 usuarios del sistema aceptaron dinero por cambiarse de institución. La reapertura fue postergada otra vez al año siguiente, porque el Ministerio de Salud Pública no podía garantizar que el sistema informático de huellas digitales que pensaba implementar pudiera poner un freno a la intermediación lucrativa.
El candidato nacionalista, Lacalle Pou, se compromete a eliminar por completo el corralito luego de haber estudiado a fondo el sistema. El coordinador del equipo de asesores en salud, Augusto Ferreira, dijo El Observador que si el Partido Nacional gana las elecciones, va a ponerse a trabajar "apenas asuma" para que la eliminación se concrete "en determinado momento".
Lema agregó que habrá que hacer auditorías e incrementar los controles a los prestadores –tanto públicos como privados– para tener un panorama más amplio de cómo se encuentra el sistema ahora. A la vez, Ferreira dijo que un eventual gobierno blanco va a trabajar en la elaboración de indicadores que permitirán al usuario conocer con exactitud la calidad del servicio que brinda su prestador.
En diciembre de 2018, Lema catalogó a la permanencia del cierre como una "tomadura de pelo" y se preguntó en una sesión parlamentaria si no habría intereses que podrían estar "afectando la decisión del gobierno". En diálogo con El Observador, el legislador reiteró esta duda y aseguró que le "llama mucho la atención que en campaña el Frente Amplio se comprometa a eliminar el corralito, teniendo en cuenta que no lo hizo en todos los años que estuvo en el gobierno".
Fernández Galeano señaló que el partido de gobierno "siempre tuvo en mente" la eventual eliminación del corralito al poner en marcha la reforma del sistema. Aun así, reconoció que fue crucial la intervención de Fernando Amado –el líder de Unir, sector que llegó a un acuerdo con la coalición de izquierda para estas elecciones– porque fue él quien puso sobre la mesa la "eliminación gradual" del corralito. En las bases programáticas del Frente Amplio se habla de la libertad del usuario pero no del cese de la movilidad regulada concretamente, explicó Fernández Galeano.
Ante la consulta de por qué ahora sí es tiempo de eliminar el corralito, y no en los anteriores períodos de gobierno, el asesor dijo que "ha transcurrido suficiente tiempo" desde que se implementó la reforma como para que el sistema esté preparado para asimilar los cambios. Asimismo, Fernández Galeano confía en que los mecanismos de control que el Ministerio de Salud Pública dispuso en estos dos años serán suficientes para evitar la intermediación lucrativa. El médico recordó que uno de los pilares del nuevo sistema de salud es garantizar la libertad de elección de los usuarios.
Mientras el corralito permanezca cerrado solo hay tres vías para cambiar de prestador: cambio de domicilio, problemas de atención y motivos económicos. Las nuevas afiliaciones, en tanto, dependen de la aprobación de la Junta Nacional de Salud (Junasa).
