Cuando la política tiene en cuenta el conocimiento y no solo la opinión

Uruguay se ha destacado internacionalmente por decisiones en materia de salud pública en plena crisis, que dieron muestra de este diálogo entre ciencia, ética y política. Porque los puros datos y evidencias no dan principios ni criterios orientadores para obrar en contextos cambiantes e inciertos. Por ello los criterios científicos son fundamentales, inesquivables, pero no tienen la última palabra, porque esta pertenece a quien tiene la responsabilidad por el bien común y compete a los actores políticos. Claro está que, si la política ignora el conocimiento científico, las decisiones con buenas intenciones pueden llevar a desastres que afectan la vida de los ciudadanos por basarse en opiniones mayoritarias sin el más mínimo conocimiento del tema.

También es cierto que no todo puede medirse y calcularse, porque no se puede pronosticar en forma determinista cómo van a comportarse los seres humanos en determinadas condiciones sociales y económicas. Hay algunos comportamientos previsibles y otros no, porque estamos condicionados, pero no determinados, siempre podemos elegir cómo vivir, cómo actuar, aunque no todos tengamos las mismas capacidades ni las mismas posibilidades. Lo que es inesquivable es que no se puede partir de falsos supuestos para tomar decisiones que afectan a la población, sino de una investigación honesta, profunda y rigurosa de los temas a debatir.

Libertad responsable: hacerse cargo

Por otra parte, las decisiones políticas no obedecen a una lógica que asegure los mejores resultados posibles, porque en sociedades pluralistas, donde no todos compartimos los mismos valores y visiones del mundo, y donde no hay certezas absolutas universalmente aceptadas sobre cómo debemos vivir en sociedad, siempre habrá consecuencias no deseadas y malestar social en algunos sectores, generalmente los más castigados por las decisiones de quienes tienen mayor responsabilidad. No hay libertad real sin responsabilidad, por eso una libertad responsable podría parecer una expresión redundante, porque es obvio que si hay libertad hay responsabilidad. Pero lo que ha vuelto a esta expresión tan significativa en este tiempo es que funciona como un llamado ético a un ejercicio responsable de la libertad, a pensar en los otros, a hacerse cargo de las consecuencias de nuestras decisiones, a tomar conciencia de que el mundo no empieza ni termina en mi esfera individual, sino que somos seres interdependientes y por lo tanto responsables unos de otros por el bien común.

¿Qué haremos con la eutanasia en Uruguay?

Cada vez que resurge el tema de la eutanasia en la prensa o en discusiones políticas, sin el necesario debate en profundidad, sin haber consultado a los especialistas en Cuidados Paliativos y en Bioética, se vuelve a escuchar una y otra vez de actores políticos las mismas opiniones desinformadas que se pueden encontrar en las redes sociales.  Se sigue confundiendo la eutanasia con la sedación paliativa o con interrumpir un tratamiento fútil o con no continuar con un soporte artificial por voluntad del paciente. Eso no es eutanasia, es legal y sigue los principios de la ética profesional en salud. Lo que parece más evidente, es que a dos años de que se presentó un proyecto de Ley para despenalizar la eutanasia, se siguen repitiendo graves errores que hacen que pensemos de modo simplista una compleja cuestión.

Solo con investigar experiencias internacionales alcanzaría para darse cuenta de cuánto puede cambiar una sociedad que cruza la línea de dar a los médicos derecho a matar a pacientes vulnerables “porque ellos lo soliciten reiteradamente”. Esta visión de la libertad irresponsable e hipertrofiada no tiene en cuenta los procesos de morir, desconociendo que la mayor parte de los pacientes que expresan que quieren morir, cuando son debidamente atendidos, cuidados, aliviados y se sienten queridos, no solo cambian de opinión, sino que revelan su verdadero deseo: saberse importantes y no una carga, saberse amados hasta el final, valorados. ¿En qué sociedad puede convertirse el Uruguay que en lugar de mostrar solidaridad con el que sufre, abandona a los más vulnerables por “respeto” a sus decisiones? ¿Hacemos lo mismo con gente joven y sana que también desea morir? No. ¿Acaso las personas con discapacidad o ancianas con múltiples patologías son vidas a las que sí podríamos otorgarles el “derecho a suicidarse” con ayuda? Cuando aceptamos y naturalizamos que una vida humana “productiva” tiene más valor que la de alguien limitado y dependiente, la dignidad humana ya no significa nada. Los más afectados estadísticamente en el mundo por solicitudes de eutanasia no son pacientes oncológicos como suele pensarse, sino pacientes con discapacidad o enfermedades crónicas que pasan a considerarse culturalmente vidas sin valor para continuar.

Más allá de las posturas filosóficas y de las perspectivas éticas que cada uno defienda en un debate de ideas, lo que no es políticamente responsable es no escuchar a los que saben del tema y desatender las advertencias internacionales de expertos en Bioética y en Derechos Humanos que conocen estas prácticas en otros países. La eutanasia es una cuestión que encierra aspectos sociales, culturales, económicos, políticos y jurídicos de dimensiones insospechadas para quienes piensan que es una cuestión de elegir entre defender la libertad o la vida. Nada es tan simple cuando se trata del sufrimiento y de la dignidad de las personas. Lo que hace falta es hablar en serio del tema, informarse debidamente y dar un debate que ayude a pensar y a comprender, a descubrir valores en común y prioridades políticas para un país solidario que cuide a su gente.