República bananera no, pero…

Al poco rato, otro expresidente, Julio María Sanguinetti, retrucó: “Somos lo opuesto a una república bananera, parecemos una república draconiana, basta que uno pegue un tropezón para que le cortemos la cabeza”. Y continuó, llevando agua para su molino: “Bananero fue que un gran narco que estaba preso, como (Rocco) Morabito, se fuera caminando. Eso sí que es bananero. Pero esto es al revés; hay una diferencia entre los ministros y saltan todos. Hay un rigor extraordinario”, alegó Sanguinetti en entrevista con el programa Justos y pecadores (medios públicos). Sobre las salidas de los ministros, dijo que “lo que ha habido es rigor”, e incluso “en exceso”.

Allí estamos: entre las bananas y Dracón, tratando de encontrar una explicación de algo que ha ocurrido, que no está claro, que no huele bien, pero que no es una crisis institucional sino una crisis política, algo que de ningún modo justifica que el PIT-CNT, cada vez más metido en la campaña electoral, convoque a un gran acto contra la corrupción.

Lo cierto es que la crisis se encauzó por medios políticos. Renunciaron los ministros y subsecretarios involucrados en el caso; el presidente habló con los líderes de la coalición de gobierno y el presidente del opositor Frente Amplio; y finalmente dio una conferencia de prensa para dar s punto de vista sobre el tema.. Algunos dirán que son escasas las explicaciones, pero recordemos que la época de las renuncias de ministros y de las conferencias de prensas presidenciales no son muy frecuentes.  Son, más bien, recientes, desde la pandemia. Por de pronto, en el tan sonado como inexplicado caso de la fuga del poderoso narcotraficante Morabito de la Cárcel Central, solo presentó renuncia el ministro del Interior Eduardo Bonomi, pero no fue aceptada por el entonces presidente Vázquez. No hubo conferencia de prensa presidencial y las investigaciones no dieron luz sobre lo ocurrido más allá de que alguien apagó las cámaras de vigilancia para facilitar la fuga. Ni siquiera la investigación judicial dio pistas de lo ocurrido. Y no cabe duda de que allí sí hubo corrupción para que el narco escapara. Eso sí: el PIT CNT no convocó a ningún acto, público o privado.

Que se haya actuado mal entonces, no justifica  o compensa que se obre ahora en forma similar. Un gobierno que predica altos estándares éticos, como los que enunció el presidente Lacalle Pou en su discurso de asunción, no se debe comparar con otros gobiernos sino con estándares propios. Y allí surgen algunos defectos, errores o preguntas sin respuestas.

Si hay un aspecto claro es que el otorgamiento del pasaporte fue legal. Quizá pudo demorarse por razones prudenciales, sabiendo a quien se le otorgaba. Pero el hecho en sí no fue ilegal. Que hubo banderas rojas no cabe duda: la advertencia de Maciel a Ache indica que se conocía en el Ministerio del Interior la peligrosidad de Marset. Alberto Lacoste, subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que fue destituido por el ex ministro Luis Heber por no haber alertado, declaró en la Fiscalía que había informado a sus superiores de que se reunió con Alejandro Balbi, abogado de Marset, en dos oportunidades por el otorgamiento del pasaporte, y que todo estaba en regla. Lo mismo dijo José Luis Rondán, director de esa repartición. Es más, Rondán señaló que el pasaporte no se podía denegar al no haber antecedentes penales abiertos ni requerimiento de Interpol

Lo que sí llama la atención, y que no se encuentra una explicación, es la actuación en Torre Ejecutiva del asesor de comunicación presidencial Roberto Lafluf. Sin tener un cargo jerárquico, convocó, en nombre de Lacalle Pou, a dos subsecretarios para coordinar sobre un expediente que estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores y que misteriosamente llegó a la sede presidencial. Si algo había que coordinar acerca de un expediente, ello era tarea del Secretario o del Prosecretario de Presidencia.

Sin embargo, parece que el comunicador estratégico había excedido las expectativas establecidas por la descripción de su cargo. De hecho, llegó al punto de tomarse  la libertad de destruir un documento notarial. Algunos dicen que era parte del expediente de Cancillería, otros, entre ellos el presidente, que era una hoja protocolizada que no integraba el expediente. En cualquier caso, una acción reprobable que Fiscalía deberá analizar. Porque todos merecemos conocer la verdad y si hay alguna responsabilidad administrativa o penal, alguien tendrá que asumirla.

En todo caso, hay que sacar lecciones de este episodio. Primero, el que se calló la boca con casos anteriores, no parece que ahora esté legitimado a criticar y menos a pasar a la acción de convocar actos masivos “contra la corrupción”. La coherencia es un gran valor. Y si lo de ahora llama la atención, hay muchos que deberían llamarse a reflexión sobre su silencio en el pasado muy reciente.

Segundo, la transparencia es una forma esencial de desempeñar el gobierno. Quienes la reclamaban antes, tienen que aplicarla ahora. La mejor estrategia es abordar directamente el núcleo del asunto, eliminando cualquier atisbo de sospecha que pudiera quedar en el aire.

Tercero, el caso vuelve a dejar en evidencia la problemática  del narcotráfico. Vaya novedad. Por suerte, nos conocemos todos. Reforzar las líneas de la justicia, de las fuerzas de seguridad y de los organismos de control siempre es importante. Hay muchos que se quejan de este episodio, pero este semana nos vinimos a enterar que la exfiscal Darviña Viera, que actuó en el caso que involucró a Marset en 2018 por un supuesto homicidio, declaró en Fiscalía que se “perdió un acta” de aquel expediente.

 Se trata de un episodio sumamente grave, sobre el cual la oposición ha guardado silencio hasta el momento

Por lo tanto, no sería apropiado referirnos a nuestra nación como una "república bananera". Nuestras instituciones están funcionando eficientemente: la justicia está investigando, el presidente ofrece explicaciones y los funcionarios cuestionados han presentado sus renuncias. Somos quizá “un poco draconianos”.

Sin embargo, es crucial tener cierta  precaución, ya que la falta de coherencia en el ejercicio de las responsabilidades gubernamentales o de las opositoras, que también las hay, podría llevar al país a ganarse el calificativo de "bananero". Evitar deslizarnos por ese camino. es desafío que nos interpela a todos.