Da Silveira habló de "deudas impagas" que heredó de Muñoz y de $ 8 millones que "desaparecieron"

Pero más allá de la voluntad expresada por el jerarca, buena parte de su presentación giró en torno a la anterior administración encabezada por la exministra frenteamplista María Julia Muñoz. "Nos encontramos con un ministerio con debilidades que marcaban diferencias internas significativas", sostuvo el ministro ante los legisladores. "Nos encontramos con un ministerio en donde, a nuestro juicio, había un nivel no suficientemente alto de coordinación y de trabajo conjunto entre las diferentes unidades ejecutoras", agregó. 

Da Silveira dijo también haberse encontrado con "un ministerio con disfuncionalidades y problemas", que iban "desde la precariedad de los vínculos laborales de una parte muy significativa" del funcionariado hasta "deudas impagas y compromisos asumidos" con los trabajadores en años anteriores que no terminaban de concretarse.

Leé también

Lacalle habló sobre Colonización y le envió mensaje a Cabildo: "Hay algunos que están en la misa y en la procesión"

Acto seguido el ministro comenzó a enumerar las situaciones. Entre ellas un "conjunto importante" de deudas por las inversiones realizadas en el Edificio del Notariado, donde está ubicada la sede de la Dirección General de Registros, cuya propiedad es compartida con la Caja Notarial y con la Asociación de Escribanos del Uruguay. 

Años atrás el ministerio recibió intimaciones por parte de la Intendencia de Montevideo y de UTE, por lo que debió enfrentar obras para reformar la instalación eléctrica y los ascensores. Según Da Silveira, la actual administración tuvo que asumir una deuda en ese sentido de $ 28 millones, cuando el crédito para inversión en inmuebles es de $ 1,5 millones, con los que debe atender 21 locales en todo el país. 

Las autoridades afirmaron que tomaron conocimiento de la situación a partir de un informe que les presentó la Caja Notarial, que detallaba lo actuado desde 2016. 

"Cuando hablamos de ordenar la casa no nos referimos simplemente a la natural secuencia de pagos y al hecho de que algunas obligaciones generadas en una administración se honren en la siguiente", dijo Da Silveira. "También hablamos de cosas más serias", afirmó. 

Habló en ese sentido de $ 8 millones que "desaparecieron" del Fondo de Incentivos Culturales y de los que su administración todavía tienen rastros, por lo que presentaron una denuncia ante Fiscalía.

Leé también

El FA presentará este jueves en Fiscalía denuncias de Pérez Banchero contra Germán Cardoso

También mencionó una serie de situaciones "poco agradables" que debieron enfrentar, como el haber recibido una comunicación de la Embajada de Italia en la que ese país se hacía eco de los reclamos de una cantidad de acreedores que el ministerio dejó allí a partir de su participación en la Bienal de Venecia: entre ellos arquitectos, constructores y proveedores del pabellón que Uruguay presentó en  la muestra. 

Allí habían quedado sin abonar y desde 2018 unos 13 mil euros, producto de la actividad que presentó el país, autorizada en su momento sin disponibilidad presupuestal. 

Otra de las situaciones cuestionadas por el gobierno fue la de la Dirección General de cultura. Según su titular, Mariana Wainstein, de un presupuesto de $ 91 millones para gastos de funcionamiento, convocatorias y fondos concursables previsto para 2020, al asumir en marzo $ 58 millones ya estaban comprometidos por deudas. "No es mi intención hilar fino los números, sino resaltar la importancia que tuvo para nosotros pagar esas deudas, dado que los acreedores eran artistas, técnicos y proveedores del sector cultural, que en el panorama de pandemia necesitaban más que nunca ese dinero", dijo. 

Otra de las situaciones planteadas fue la del Museo Gurvich, que el Estado compró en febrero de 2019 por US$ 2,8 millones. Un día antes de asumir el actual gobierno vencía una cuota de US$ 72.655, que hubo que renegociar. 

Da Silveira destacó que en varios casos hay en curso investigaciones administrativas, pese a lo que según dijo el ministerio optó por un criterio de "responsabilidad institucional": por más que fueran deudas contraídas en otros gobiernos, en el caso de las que pudieron constatarse y verificarse documentalmente, se efectuaron los desembolsos correspondientes.

El jerarca sostuvo además que se detectaron algunos rubros con "gastos excesivos", en los que se aplicaron correctivos. Por ejemplo, en publicidad. Según el ministro en 2019, durante el último año del gobierno del Frente Amplio, se habían ejecutado casi $ 7 millones. A valores constantes, durante el quinquenio anterior el ministerio gastó $ 55 millones en publicidad. En 2020, las actuales autoridades ejecutaron por ese concepto $ 1,5 millones.