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Denuncia por acoso laboral a Álvaro Villar: Medicina pidió informe a la Udelar
El Consejo de la Facultad de Medicina espera un informe de la dirección de Jurídica de la Universidad de la República (Udelar) para resolver sobre una denuncia de acoso laboral contra el director general del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, realizada por la exdirectora técnica de ese centro de salud, Marina Stoll.
La denuncia refiere a situaciones ocurridas en los primeros meses de la gestión de Villar en el hospital universitario y fue ingresada ante la Unidad Central de Acoso, Violencia y Discriminación (Ucvad) de la Udelar, quien en noviembre del año pasado emitió un informe en el que recomendó iniciarle un “sumario administrativo” tras identificar una situación que “podría configurar violencia psicológica”, de acuerdo con documentos del expediente revisados por El Observador.
Por pedido de la facultad, en mayo de este año el caso fue analizado –de forma externa– por el abogado Carlos Delpiazzo, quien consideró que “correspondería disponer el sumario correspondiente” tal como propuso la Ucvad aunque también señaló que si el consejo entiende que las faltas son “leves” alcanza con que Villar pueda hacer sus descargos antes de “adoptar la decisión que se juzgue adecuada”. A su vez, sugirió ofrecer una “satisfacción moral” a Stoll.
Más allá de analizar las razones de fondo del caso, Jurídica de la Udelar también deberá determinar si se violó la confidencialidad y reserva de la investigación, ya que Villar denunció que Stoll envió por “fuera de los canales institucionales” el expediente a algunos consejeros, por lo que solicitó la "nulidad".
“Las graves omisiones referidas, que en sí mismas constituyen una flagrante violación al principio constitucional del debido proceso legal determinan la existencia de vicios de forma insanables que conducirán inexorablemente a la nulidad de todo lo actuado por dicha comisión”, señaló el director del Clínicas en una carta enviada al decano de Medicina, Arturo Briva.
La denuncia
En agosto de 2021, Stoll envió una carta al entonces decano de Medicina, Miguel Martínez, en la que anunció que si bien estaba en condiciones de solicitar la reelección (por cuatro años) de su cargo como directora técnica del Clínicas (al que había accedido por decisión del Consejo de la Facultad de Medicina en 2017) no lo iba a hacer por “razones ajenas” a su voluntad.
A su vez, le transmitió que era de “su interés” poner en conocimiento de las autoridades lo que había sucedido y enumeró diez situaciones que –a su entender– configuraban el “acoso laboral”.
En la carta señaló que quedó como directora general del hospital en el ínterin entre que Villar fue electo (diciembre de 2020) y asumió (febrero de 2021). Desde este cargo, intentó en varias oportunidades ponerse en contacto con el futuro director para ponerlo en conocimiento de la situación y recibir “directivas de su parte”, algo que fue “infructuoso”.
Tras la asunción, le transmitió toda la información que entendió “pertinente” y se fue de licencia, pero cuando retornó observó que su escritorio estaba ocupado por otra persona –un asesor del director– que “no tenía cargo” en el hospital.
La misiva continúa relatando una serie de hechos que, en sus palabras, muestran la existencia de un “desconocimiento total” a su autoridad como directora técnica.
Por ejemplo, dice que Villar convocó a reuniones con mandos medios que dependían de ella sin avisarle. También que le comunicó que no quería que integrara la dirección, que iba a nombrar a otra sin designación formal del consejo ni los requisitos académicos necesarios, y que primero le ofreció que eligiera un “área donde trabajar”, una situación que “no correspondía de acuerdo a la normativa” e “implicaba incumplir con los deberes a mi cargo”.
Luego, le propuso trabajar “juntos hasta agosto”, algo que aceptó “en el entendido que se respetarán mis funciones”, pero en la primera guardia que realizó –a partir de un caso particular– tomó “conciencia” de que se había “conformado otro grupo paralelo de dirección” sin ella.
“El resultado final, en la medida que ese grupo estaba liderado por el director general, era que todas mis decisiones no iban a ser cumplidas. En definitiva, en los hechos se me estaba quitando la autoridad conferida por el Consejo de la Facultad que me designó, y por lo tanto era imposible trabajar en un equipo en el que no se me permitió integrar”.
En el último punto, Stoll mencionó una expresión de Villar durante una reunión de la Comisión de Estructura Docente en la que discutían la no reelección de tres profesores grado dos del equipo de dirección, algo que puso en “evidencia la incompatibilidad de nuestros estilos de dirección”.
Según la exdirectora técnica, todo lo sucedido afectó su salud y por primera vez en todo el período debió pedir licencia médica.
La otra versión
Tras la denuncia, dos técnicas de la Ucvad –la unidad específica de la Udelar creada para atender estas situaciones– intervinieron en el caso y entrevistaron a Stoll, Villar y dos “personas observadoras”.
En su informe, enviado al decano en noviembre del 2022, señalaron que el director les transmitió que estaba “sorprendido” con la denuncia ya que la única reunión que tuvo con Stoll se desarrolló en “buenos términos”.
Villar les dijo que “en ningún momento” cuestionó las habilidades de la directora técnica y que su decisión se debía a que en su opinión “no cumplía con las características para trabajar con su equipo”.
También manifestó que la decisión de informarle en una reunión a solas era un “riesgo” que prefería asumir para “no exponer a la persona que lo recibe” y agregó que Stoll “recibió la información sin plantear su desacuerdo y le agradeció la honestidad”.
En el informe, las técnicas de la Ucvad escribieron que una de las personas entrevistadas planteó que el proceso de transición fue “conflictivo e incómodo” y que el nuevo modelo de gestión implicaba cambios con los que coincidía pero que “no se procesaron de manera correcta”.
Esa persona también dijo que en una reunión Villar y Stoll discutieron, algo que se vivió “con mucha tensión” porque la directora técnica le transmitió al director su “descontento con todo lo que estaba viviendo”.
Uno de los puntos indagados por las técnicas fue el hecho de que el lugar de trabajo de Stoll fuera ocupado por otra persona. Villar dijo que la situación “pudo haber sido incómoda” pero que como ella había tomado su licencia y luego se habría certificado “asumieron que no se reintegraría a la brevedad”.
A su vez, señaló que la manera de trabajar de su equipo era con “poco formalismo” e hizo referencia a que “todas las personas pueden usar todos los espacios como práctica habitual” y que si bien se “ocupó el espacio, no se sacaron las pertenencias de la directora técnica” sino que solo se le utilizó la computadora.
Las técnicas entrevistaron al asesor de Villar que ocupó el espacio, quien reconoció que el evento había ocurrido aunque aclaró que él “inmediatamente” se retiró a trabajar en otro espacio y que no tenía intención de “sacarle el lugar” sino solamente utilizarlo porque “estaba libre”.
También mencionó que la nueva gestión apuntaba a una “dirección de puertas abiertas”, algo que involucraba el uso del espacio físico entendido como un “espacio común” que puede ser utilizado por una u otra persona “sin exclusividad”.
La interpretación de las técnicas, tras realizar las entrevistas, fue que había “versiones disonantes” de los mismos hechos.
“Se identifica una situación que podría configurar lo que en el artículo 3 de la ordenanza de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación se define como violencia psicológica en el trabajo”, escribieron en las conclusiones y agregaron que “además” estos hechos “podrían configurar acoso moral”.
Por estas razones, recomendaron iniciar un “sumario administrativo” y sugirieron que no fuera realizado por la asesoría letrada del Hospital de Clínicas. También supervisar que los funcionarios cumplan la normativa, especialmente los cargos de jerarquía o modificarla mediante los mecanismos previstos institucionalmente, y mejorar la comunicación interna.
Informe externo
Tras permanecer en la secretaría del decanato durante varios meses, el Consejo de Medicina le solicitó –en mayo– un informe al abogado Carlos Delpiazzo acerca de todo el caso.
En sus conclusiones, el abogado dijo que los testigos calificaron la conducción del nuevo director como “personal y autoritaria generando un clima de trabajo conflictivo e incómodo”.
“En su mérito, no procede investigación administrativa alguna al respecto ya que las actuaciones cumplidas han comprobado la existencia de las irregularidades reseñadas, a la vez que han individualizado al nuevo director como responsable de las mismas”, señaló en uno de los puntos de las conclusiones.
De acuerdo con Delpiazzo, corresponde “disponer el sumario correspondiente” tal como lo propuso la Ucvad.
Pese a esto, agregó el abogado, si Medicina considera que Villar cometió una “falta leve”, debería “darle la oportunidad de ser oído y formular los descargos que entienda del caso y, cumplida esa etapa de garantía, adoptar la decisión que se juzgue adecuada”.
Por último, planteó que la facultad debería ofrecer una “satisfacción moral” a Stoll.
Discusión interna
Al considerar que el caso no avanzaba con la celeridad que ella quería, Stoll envió el 17 de abril un mail a todos los consejeros de la facultad en el que les informó acerca de la situación para que tomaran “conocimiento” y pudieran definir de acuerdo a lo que “crean más justo”.
En el correo, adjuntó el informe de la Ucvad y la carta enviada a Martínez, el anterior decano, dos elementos que forman parte del expediente cuyo carácter es reservado.
“Es mi interés que esta situación sea tratada con la importancia que merece, ya que mis derechos fueron vulnerados como trabajadora. He tenido una larga trayectoria como funcionaria del ámbito de la salud pública primero en ASSE y por último en la universidad”, escribió y planteó que apelaba a que la situación fuera “resuelta” en ese ámbito.
Un mes después, el caso fue mencionado por Maira Sánchez, una de las consejeras por el orden estudiantil, durante una reunión pública del consejo, lo que significó un cambio ya que siempre se había tratado en régimen de comisión general (una modalidad en la que lo que se dice no queda en actas).
Allí dijo que tomaron conocimiento de la situación porque la denunciante les envió el expediente y pidió que fuera resuelto, adelantando que su grupo –el Frente de Participación Estudiantil– iba a votar siguiendo las recomendaciones de la Ucvad. “¿Para qué vamos a tener una unidad como esta encargándose de recibir, procesar y atender estas denuncias de violencia, acoso y discriminación si cuando tenemos los insumos no vamos a hacer nada con ellos?”, se preguntó antes de que otro consejero pidiera ir a comisión general.
Tras la discusión, se aprobó una resolución en la que resolvieron “esperar el informe definitivo solicitado a la asesoría jurídica externa”, en referencia a Delpiazzo.
La reserva y la nulidad
El hecho de que la consejera hablara del tema en la sesión pública motivó que Villar pidiera las actas y enviara el 27 de junio una carta a Briva en la que le expresó su “sorpresa, preocupación y desazón por el contenido difamatorio, infundado, y violatorio de los deberes de reserva y confidencialidad”.
“El manejo de las resultancias del expediente fuera de los canales institucionales constituye una grave violación a los principios de confidencialidad y reserva” contenidos en la ordenanza de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación, por lo que instó al consejo a “investigar y constatar las razones que determinaron” esa irregularidad administrativa y el “oportuno sometimiento” de los presuntos responsables a los procedimientos disciplinarios que les correspondan.
A su vez, señaló que no fue notificado del informe de la Ucvad por lo que se reservaba el derecho de realizar los descargos correspondientes, y que en el transcurso de todo el proceso nunca le advirtieron que podía contar con abogado u ofrecer testimonios y documentos para “refutar los hechos”.
“En ningún momento se me comunicó que la denuncia era contra mi persona y que debía comparecer bajo la condición de ‘denunciado’, colocándome en una situación jurídica de absoluta indefensión”, agregó e incorporó las comunicaciones que había recibido.
Por último, dijo que las “graves omisiones” determinaban la existencia de “vicios de forma insanables que conducirán inexorablemente a la nulidad de todo lo actuado por dicha comisión”.
Tras este correo, en su sesión del 28 de junio, el Consejo de la Facultad de Medicina resolvió remitir a la Jurídica de Udelar todo el expediente.
Este martes, Jurídica aún estaba analizando el caso y todavía no había enviado el informe definitivo al decano.
El Observador se comunicó con todos los implicados quienes no quisieron hacer comentarios por la reserva de la investigación.
