Desde cuándo correrá el plazo para la ley urgente y qué puntos deberán negociar en la coalición

Los socios de la coalición oficialista esperan que el anteproyecto que recibieron el 9 de abril sea modificado en función de sus sugerencias. En la cuenta regresiva a la remisión, los integrantes de la alianza están sumergidos en esta discusión, aseguraron dirigentes nacionalistas y colorados a El Observador. 

La comisión especial que tratará el proyecto de ley en el Senado va a estar integrada por cinco senadores blancos, dos colorados, uno de Cabildo Abierto y siete del Frente Amplio. Los blancos estarán representados por Sergio Abreu, Sergio Botana, Carmen Asiaín, Gustavo Penadés y Jorge Gandini.

La emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus obligó al Partido Colorado a reconsiderar su estrategia. Antes de la propagación del coronavirus covid-19, los senadores que representarían al partido en la comisión especial eran Adrián Peña (Ciudadanos) y Julio María Sanguinetti (Batllistas). Pero como el expresidente es considerado población en riesgo de contraer la enfermedad, su participación todavía no está confirmada. Fuentes partidarias dijeron que tenían previsto llegar a una resolución al terminar este lunes, después de que el tema fuera tratado por el Comité Ejecutivo Nacional. 

Para tratar el proyecto de ley, el Senado tendrá un plazo de 45 días antes de que pase a Diputados. Penadés dijo que ese tiempo empezará a correr el 5 de mayo, cuando está previsto que se realice la primera sesión ordinaria del Senado desde que se interrumpió la actividad parlamentaria por la emergencia sanitaria. De momento, todas las sesiones son convocadas de forma extraordinaria. 

Con mayor o menor énfasis, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente remarcaron que solo están obligados a votar los artículos que se apoyan en Compromiso por el País, el acuerdo programático que firmaron en noviembre. 

Este lunes los colorados señalaron que, en comparación a la versión anterior, el nuevo proyecto de ley presenta mejoras sustanciales "en algunos capítulos esenciales como el de seguridad ciudadana".

Pero hay otros planteos que no son respaldados por ninguno de los socios, como han salido a remarcar algunos dirigentes de los socios de la coalición. Los tres partidos se oponen a que se derogue el monopolio de Ancap para importar, exportar y refinar petróleo crudo y derivados, una ley vigente desde 1931. El presidente Luis Lacalle Pou entiende que liberalizar el mercado es clave para disminuir el precio de los combustibles.

La decisión de mantener este punto causó sorpresa entre legisladores de la coalición, que aseguraron no entender las razones de fondo, dado que en febrero –cuando Lacalle Pou divulgó el borrador del proyecto de ley– anunciaron que no lo votarían. Por ejemplo, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, cree que el país perderá autonomía si el Estado no tiene el monopolio de la refinación de combustible. 

El otro punto en el que Lacalle Pou decidió seguir adelante y que tampoco estaba en el Compromiso por el País es una nueva gran dirección en el Ministerio de Vivienda, que funcionará como un órgano desconcentrado. 

Este artículo es rechazado tanto por la ministra Irene Moreira (Cabildo Abierto) como por el subsecretario Tabaré Hackenbruch (Partido Colorado), porque consideran que solo quedará el esqueleto del único ministerio en el que los blancos no están presentes, debido a la cantidad de atribuciones que tendrá la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana. 

A su vez, en el proyecto de ley urgente se prevé la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una vez que se apruebe la Ley de Presupuesto. Al nuevo ministerio pasarán dos direcciones que actualmente están en el Mvotma: la Dirección Nacional de Medio Ambiente y Dirección Nacional de Aguas, así como otras que sean de materia ambiental, desarrollo sostenible y preservación de recursos naturales.