El presidente Luis Lacalle Pou decidió mantener en el anteproyecto de la ley de urgente consideración una serie de temas pese a que fueron rechazados por los dos socios principales de la coalición, que decidieron salir a cuestionarlo y anunciaron que no están dispuestos a votarlos.
A fines de enero, el mandatario hizo público el borrador del texto, después de entregárselo a los líderes de los otros cuatro partidos que integran la coalición, los cuales se tomaron varias semanas para analizarlo al detalle y hacer modificaciones que aspiraban a que fueran contempladas en el texto que se enviaría al Parlamento una vez que asumiera el gobierno.
En esos días, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente, reiteraron un punto que ya habían manifestado en noviembre, antes de las elecciones, en la discusión por el Compromiso por el País, el acuerdo que funciona como hoja de ruta de la coalición.
Los tres partidos socios se oponen a que se derogue el monopolio de Ancap para importar, exportar y refinar petróleo crudo y derivados, una ley vigente desde 1931 y que Lacalle Pou rechaza porque entiende que este mercado debe ser liberalizado, lo que permitirá modernizar Ancap y será clave para disminuir el precio de los combustibles.
Ahora, los dirigentes repitieron una vez más que no lo votarán y aspiran a reunirse con la vicepresidenta Beatriz Argimón y el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, para solicitarles que los retiren, aunque la intención del gobierno es enviarla tal como fue divulgada.
El presidente sabe que los socios no están de acuerdo, pero no quiso renunciar a la posibilidad de dar la batalla en el Parlamento y lograr derogar la normativa, tal como aseguró durante toda la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia. Con la inclusión de los artículos en el texto, el presidente se asegura que se dé una discusión que cree necesaria, ya que las autoridades del gobierno (el equipo del Ministerio de Industria en este caso) deberán ir a la comisión de las cámaras de Senadores y de Diputados a defender la iniciativa, que llevará su firma porque el proyecto será del Consejo de Ministros.
Inés Guimaraens
De todas formas, la decisión de mantener este punto causó sorpresa entre legisladores de la coalición, que aseguraron no entender las razones de fondo, si ya en febrero anunciaron que no lo votarían por estar por fuera del Compromiso por el país.
Lejos del enfoque liberal del presidente en este tema, las razones de Cabildo Abierto para oponerse son estratégicas, ya que consideran que dejar de tener el monopolio en la refinación de combustible significa una pérdida de autonomía, tal como manifestó el senador Guido Manini Ríos.
En una entrevista con el semanario Caras y Caretas, el legislador expresó que derogar la ley era quedar a expensas de algún proveedor, lo cual no es bueno para un país que se precie de "soberano e independiente". "Eso no es bueno, hay cosas que el país tiene que mantener porque son sustanciales para su autonomía de funcionamiento, no es lo mismo quedar dependiendo de proveedores sobre cualquier otra materia prima que de los combustibles, que significan la marcha del país. Si faltan los combustibles en algún momento, el país colapsa totalmente”, expresó entonces el general retirado.
Leonardo Carreño
Si bien también se oponen, los colorados están dispuestos a discutirlo pero de una forma más serena, analizando "profundamente" los números de la cadena de producción. En su caso, la propuesta es que los artículos sean desglosados y se analicen sin el rótulo de urgente consideración, lo que evita poner plazos, una situación similar a la que ocurrirá con la Ley de Medios, la cual se enviará un proyecto aparte.
El otro punto en el que Lacalle Pou decidió seguir adelante y que tampoco estaba en el Compromiso por el País es una nueva gran dirección en el Ministerio de Vivienda, que funcionará como un órgano desconcentrado.
Este artículo es rechazado tanto por la ministra Irene Moreira (Cabildo Abierto) como por el subsecretario Tabaré Hackenbruch (Partido Colorado), quienes consideran que de aprobarse dejará solo el esqueleto del único ministerio en el que los blancos no están presentes, debido a la cantidad de atribuciones que tendrá la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (el Plan Juntos, el Programa de Mejoramiento de Barrios, el Plan Nacional de Relocalización y la Cartera de Inmuebles para la Vivienda de Interés Social, entre otros).
A su vez, tras la aprobación de la Ley de Presupuesto se pondrá en marcha el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (cuya aprobación está prevista en la ley de urgente consideración), al que pasarán dos direcciones que actualmente están en el Mvotma: la Dirección Nacional de Medio Ambiente y Dirección Nacional de Aguas, así como otras que sean de materia ambiental, desarrollo sostenible y preservación de recursos naturales.