Detrás del allanamiento a Álvarez: cobrar al grito, corporativismo fiscal y dos bandos

Cuando eso ocurre terminan “cobrando al grito”, como hemos visto tantas veces, y se dan fallos que más que hacer justicia en pos de la verdad de lo ocurrido, parecen buscar calmar a las fieras que gritan desde la tribuna. Bajo esos parámetros se movió la fiscal Mariana Alfaro, y con ella la jueza Patricia Rodríguez, frente a la alarma pública que generó el caso de violación grupal, al pedir y ordenar respectivamente, el allanamiento a Azul FM y a la casa de Ignacio Álvarez ante la divulgación en el programa La Pecera de los audios vinculados a la denuncia por la violación de la que resultaron imputados por abuso sexual especialmente agravado.

Al día siguiente de la divulgación de los audios en el programa radial, el fiscal de Corte, Juan Gómez, ordenó de oficio el inicio de una investigación penal por la vulneración del artículo 92 de la Ley 19.580, de violencia basada en género contra las mujeres, que establece: “El que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, será castigado con una pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría”. También alegó que se vulneró el artículo 259.6 del Código del Proceso Penal, que impide la filtración de información reservada.

La investigación fue asignada por la Dirección de Depuración Priorización y Asignación a la Fiscalía de Delitos Sexuales de 6to. Turno, cuya titular es Darviña Viera, subrogada por Alfaro por estar de licencia médica.

Tres días después, el exfiscal de Corte Jorge Díaz, validando la denuncia presentada por su sucesor, se pronunció en Twitter afirmando que la difusión de audios de una relación con contenido sexual “es delito”. “Soy partidario de la más absoluta libertad de expresión del pensamiento. De aquellos que me gustan y fundamentalmente de aquellos que aborrezco. Y aborrezco la divulgación de imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo sin su consentimiento”, dijo.

La principal contradicción de Gómez y la excesiva comprensión con algunos de los suyos

El episodio ha dejado de manifiesto una actuación errante de la Fiscalía expresada en numerosas contradicciones. Concretado el allanamiento, Gómez aceptó reunirse con la Asociación de la Prensa del Uruguay el lunes. Tras ese encuentro el jerarca lamentó el procedimiento, dijo que fue “innecesario” porque existen otros medios para obtener pruebas.

Según contó en rueda de prensa el secretario de Prensa y Propaganda del sindicato, Luis Curbelo, Gómez aseguró “enfáticamente que esto no va a volver a ocurrir. Dejó meridianamente claro que para la Fiscalía no hay ningún tipo de interés en generar violaciones a las normas” del trabajo de los periodistas. Esas normas, basadas en la Constitución, en la ley 16.099 y en pactos internacionales a los que Uruguay adhirió, compendiadas en esta página, que garantizan el derecho de los medios de comunicación y de los periodistas a informar.

Sin embargo, lejos de sancionar o al menos llamarle la atención a Alfaro por andar perdiendo tiempo persiguiendo periodistas cuando debería indagar a cientos de presuntos violadores (en tres de las fiscalías de Delitos Sexuales se acumulan 2.800 investigaciones en trámite, según informó El País), justificó su actuación y dijo que el allanamiento “no se concretó”. Que no se haya encontrado al periodista ni en la radio ni en su casa, no significa que no se haya realizado.

La misma actitud benevolente la tuvo Gómez, y antes Díaz, para con la fiscal Viera. Pese a que la fiscal de la megacausa Operación Oceáno cometió errores como omitir entregar a los defensores de los imputados 50 archivos probatorios, entre los que estaba algún testigo dejado afuera de la carpeta y de declarar en el libro Sugar Daddy, del periodista César Bianchi, que “le chupa un huevo” las críticas por el caso, sus jerarcas entendieron que estaba estresada y le dieron licencia médica, sin tomar ninguna medida más que apartarla del caso, que pasó –oh casualidad- a Alfaro.

El corporativismo y los fiscales alineados

Cuando digo que no es casualidad que ciertos casos recaigan en ciertos fiscales me refiero a que el sistema de depuración y asignación de casos no es tan aleatorio y transparente como se dice, y a que entre los fiscales existen dos bandos: los alineados con el jerarca de turno y los otros. Esa alineación está marcada por componentes ideológicos, por componentes técnicos, por ejemplo la defensa acérrima de la instrumentación del nuevo Código del Proceso Penal, y también por conveniencia.

Los posicionamientos se han visto representados a su vez en la Asociación de Fiscales que últimamente ha tenido a la cabeza a los sectores alineados con el jerarca, y en minoría a los opositores.

La postura que asume cada fiscal, se ve reflejada luego en las designaciones -por ejemplo se pueden ver carreras meteóricas de fiscales que aparecen en cargos de confianza, o ascienden rápidamente a Montevideo- o en la asignación de tareas de confianza: formar parte de tribunales evaluadores de concursos, ser asignado para participar en capacitaciones tanto en Uruguay como en el exterior. Todo ello suma puntos para el legajo de los fiscales, que se acumulan en los casos de los alineados.

Otro ejemplo de designaciones es justamente lo que ocurre en las Fiscalías de Delitos Sexuales y Violencia Doméstica y Violencia basada en género. Son ocho, cuatro se dedican a delitos sexuales, mientras que las otras abarcan los casos de violencia doméstica. En las primeras, que son las fiscalías “estrella” por tener casos como Operación Océano –el caso que consideran emblemático-, están las fiscales alineadas (Alfaro, Viera, Lovesio) mientras que en las otras cuatro están fiscales como Gabriela Fosatti (quién se ha puesto en la vereda de enfrente de Díaz y renunció a la asociación tras señalar que sus colegas no investigan denuncias de género internas), o Raúl Iglesias (preside la lista opositora).

Por último, el comunicado difundido esta semana por la Asociación de Fiscales confirma el corporativismo de la actual directiva que cerró filas en apoyo a Alfaro sin considerar lo que su actuación generó. Si bien la asociación determinó que sólo trataría asuntos de colegas cuando estos lo solicitaran, en el caso de Alfaro, que además es vicepresidenta del gremio, decidieron pronunciarse y emitieron un comunicado por unanimidad de la directiva. La fiscal Brenda Puppo, que es “opositora”, dijo a El Observador que el comunicado no es en defensa de Alfaro sino que fue para marcar posición frente a temas que se dijeron y que engloban a todos los fiscales. El comunicado reivindica primero la independencia técnica de los fiscales, señala que no tienen que rendir cuentas a sus jerarcas por sus actuaciones, lo cual es cierto, y afirma que no hay categorías de ciudadanos, en relación a los periodistas, si cometen delitos. Acoto que es muy distinto que un periodista trafique droga o cometa un robo a un periodista que sea perseguido penalmente por informar.

Pero lo más preocupante es que afirma que los fiscales están para “lograr la condena de personas imputadas como responsables de la comisión de delitos”. Por el bien de la ciudadanía espero que sigan primando los fiscales y jueces, hay muchos, que buscan la verdad y son capaces de analizar las pruebas reales recabadas en una investigación para juzgar al imputado y que son capaces también de dar marcha atrás cuando castigan erróneamente a un inocente. Hay muchos ejemplos de inocentes imputados. Esa capacidad es la que da garantías de un estado de derecho y la que nos permite estar tranquilos sabiendo que se imparte justicia y no venganza.