El Lavado de Activos supone, básicamente, una maniobra para diluir en dinero lícito, dinero proveniente de actividad ilícita. La leyenda urbana dice que el nombre de “lavado” provendría de la práctica que por los años 1920 realizaban en Estados Unidos los “gángsters” de comprar “lavanderías” para legalizar el dinero mal habido. Algunos historiadores encuentran antecedentes de esta maniobra en la Edad Media cuando la usura fue fuertemente perseguida, y los mercaderes y prestamistas debían ingeniarse para encubrir sus ganancias.
Con el crecimiento del narcotráfico en la década del 60 y 70 comenzaron a intensificarse las medidas tendientes a la detección del flujo de dinero y en 1978 Italia tipifica el lavado como delito y luego lo hará Estados Unidos y allí comenzaría la compleja lucha contra un delito trasnacional y muchas veces inasible, que hoy representa el equivalente al 2,5% del PBI mundial.
Hace algunos días, el prestigioso periodista argentino Hugo Alconada Mon sostuvo en un programa de televisión los términos que sirven de título de esta columna. Dijo que “a Uruguay le decimos la Suiza de América del Sur, y no porque haga chocolates: es porque es la gran caja de seguridad de toda América del Sur. Los uruguayos se la pasan señalando que "ustedes son corruptos", y hay que decirles: "Y ustedes uruguayos son unos lavadores". No conozco la realidad argentina con la suficiencia adecuada para adherir o para rechazar la concesión que el periodista termina formulando sobre la totalidad de sus compatriotas. Parece, como toda generalización, una falsedad, pero allá él. Sí corresponde precisar la realidad que tiene nuestro país sobre el Lavado de Activos.
No pretende ser esta columna un desagravio chovinista, sí una réplica basada en hechos frente al relato que desde la otra orilla se esgrime y que ha servido para que algunos actores políticos cabalguen en este lado de la orilla.
De hecho, uno de los precandidatos del Frente Amplio, Yamandú Orsi sostuvo, a propósito de esos comentarios del periodista Alconada, que “se la dimos servida en bandeja: cuando aumentamos la cantidad de efectivo que se puede utilizar en las transacciones a 100.000 dólares, ahí también es que nosotros ‘le damos pasto a las fieras’”, reflexionó.
Hacía referencia a la modificación que mediante la Ley de Urgente Consideración se hizo mediante la que se aumentó la posibilidad de operar en efectivo dejando de lado la bancarización obligatoria. Agregaba Orsi: “no veo la razón por la cual ampliar la cantidad de dinero en efectivo que se puede utilizar en una transacción, de una manera tan simple, con menos controles que los de antes. Los frenos a ese tipo de operaciones, ayudan. No los eliminan. Pero, como te decía, (nosotros) también facilitamos que se nos vea de esa forma”.
Vayamos por parte. La irónica referencia a la Suiza de América, más allá que desacompasada en el tiempo, hacía referencia a la seguridad jurídica que nuestro país brindaba y brinda, así como las características de nuestra Democracia. La caricatura del país como “plaza financiera” no tiene fundamento alguno hoy.
En particular, yendo al corazón de la crítica de Alconada Mon, se replica con hechos. El diseño antilavado de Uruguay ha mejorado en los últimos tiempos y ha superado las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que es quien monitorea a los distintos países. Con tareas pendientes y posibilidades de mejora sí, pero con un trabajo ya hecho que impiden aceptar una acusación de ser centro regional del Lavado.
En el caso de la modificación de la LUC, que aumentó el umbral para el uso de efectivo en operaciones y negocios jurídicos, pasando de 40.000 a 1.000,000 de unidades indexadas, respondió a un reclamo de centros comerciales y sectores profesionales como los Escribanos que entendían necesario ese aumento debido a que la suma permitida era muy exigua.
Esta modificación ha sido utilizada como crítica por la supuesta incidencia en la facilitación de operaciones de lavado. Esto es incorrecto y supone confundir y desconocer los controles existentes. La habilitación a realizar operaciones en efectivo no exime de controles.
Más allá que antes de la LUC e incluso de la Ley de Inclusión Financiera, el uso de efectivo no era común en negocios de gran envergadura, ya que los operadores ya habían adoptado la práctica de utilizar medios de pago electrónicos o financieros debido a la inseguridad y los riesgos asociados al efectivo.
Pero sobre todo, el Decreto 379/018, reglamentario de la Ley Integral antilavado establece en los artículos 35 y 47 que los Sujetos Obligados deben intensificar los procedimientos de debida diligencia cuando se utiliza efectivo en cualquier monto. Esto significa que, para estos Sujetos, el uso de efectivo en una operación implica controles más rigurosos, independientemente del monto. Por tanto, aunque la LUC amplió los umbrales para el uso de efectivo, la normativa antilavado ya establecía contrapesos y controles más estrictos para mitigar los riesgos asociados al lavado de activos en operaciones con efectivo.
De hecho, luego de las declaraciones del ex intendente Orsi, la Asociación de Escribanos del Uruguay emitió un comunicado “ante diversas manifestaciones públicas que afirman que en el Uruguay se han derogado los controles de prevención de lavado de activos” expresando que “si bien con la LUC se habilitaron operaciones con efectivo con cierto límite (porque los topes eran irrisorios y perjudicaban a los ciudadanos comunes, cargándolos con sobrecostos y obligándolos a contratar con bancos), en caso de no pagar por medio bancario (pago con efectivo) los controles incluso se hacen sensiblemente más exigentes. Particularmente, con respecto a los Escribanos, los controles incluso han aumentado” y concluye con un llamado a la responsabilidad: “seamos claros: Pagar con efectivo puede ahora ser admisible, pero dispara una alarma que eleva los controles. Llamamos a todos los actores públicos a actuar con responsabilidad y no generar confusiones en la población a partir de información incorrecta”.
No se trata de ser autocomplacientes porque hay desafíos por delante para seguir mejorando. Esta Administración ha estado comprometida en la mejora de las respuestas antilavado. Por ejemplo se ha fortalecido a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), se ha capacitado a los funcionarios policiales mediante convenios entre el Ministerio del Interior y Banco Central y también con Senaclaft para la mayor eficiencia en las investigaciones, se ha incorporado la figura del decomiso ampliado a nuestro ordenamiento y se ha creado una Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos.
Esta base permite aspirar a un segundo piso de transformaciones en la mejora de respuestas para prevenir y reprimir el lavado de activos que pasa, entre otras medidas, por la conjunción de los cometidos de Senaclaft y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central de modo de reunir el control financiero y no financiero, y coordinando con otras agencias estatales que pueden ayudar en las investigaciones patrimoniales.
Por lo dicho, es injusta y desajustada a la realidad la imagen de Uruguay y los uruguayos como “lavadores” y desmantelada la crítica acerca que la LUC favo reció operaciones de lavado.
