Di Candia: “El costo social va a ser inmenso por el camino que se eligió”

Las elecciones departamentales (que se hubiesen celebrado este domingo 10 de mayo) se postergaron hasta el 27 de setiembre y con ello se extendió el período de Di Candia. 

En las últimas semanas, la intendencia marcó su impronta en medio de la pandemia y promovió varias medidas, bajo el argumento de que el gobierno departamental debe ser el “sostén” de las poblaciones más vulnerables. A continuación, un resumen de la entrevista con El Observador.

¿Cómo cambiaron sus planes y los de la intendencia la extensión por seis meses en el cargo?
Estábamos entrando en una etapa que iba a implicar acelerar y tener prontos los procesos de transición. Habíamos tenido reuniones con los candidatos del Frente Amplio, teníamos agendada reunión con Laura Raffo, así como un equipo armando los procesos de transición de cada departamento. Obviamente, esto cambió totalmente el escenario, desde el punto de vista administrativo, burocrático y político, porque hubo que reinventar la gestión con un presupuesto ya asignado y mayormente adjudicado. También en lo que implica hacia adentro, por el cuidado de los propios trabajadores y el público, así como el papel de protección de los más vulnerados y los más débiles. En lo personal, si bien lo tomé con tranquillidad, significó redoblar el compromiso en una nueva situación compleja. 

¿Por qué la IMM entendió que debía ser un “sostén” para los más vulnerables? ¿No se está haciendo cargo el gobierno nacional?
Si hay algo que este momento y esta crisis mundial demostró es que los países que salen mejor son los que tienen una gran espalda en cuanto al Estado. Un Estado fuerte, servicios de salud que lleguen al 100% de la población y herramientas de política y asistencia social. Uruguay tuvo en estos días herramientas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que se pudieron utilizar rápidamente. Desde las tarjetas, las asignaciones... Todo lo que el gobierno nacional utilizó y que no tendría si el Mides no existiera. También un sistema de salud pública que en 2005 gastaba 30% de lo que invierte el sector privado y que hoy está cercano al 80%. Todos esos cambios que se hicieron en los últimos 15 años permitieron tener la espalda que hoy se tiene. También es claro que $1.200 no puede ser la prestación social para una familia que precisa todos los días ganarse el plato de comida. Aguantaron lo que pudieron. Si no se toman medidas de política contracíclica que mantenga la economía en movimiento es muy difícil después retomar. A la persona que ganaba 200 le van a ofrecer 100 y con tal de quedarse va a acordar por 120. Y va a trabajar más tiempo y contento porque ganó 20. El peor impacto va a ser el social y laboral. Vamos a retroceder en muchos derechos y garantías laborales que la gente tenía en los últimos años. Lo que definimos es que la intendencia tiene que ser esa espalda social y laboral en todo lo que pueda.

“No sería ético tener superávit. Si llegado el momento la gente está pasando hambre y hay que salir a comprar más canastas, las vamos a salir a comprar”

La semana pasada se reunió con el PIT-CNT, ¿de qué hablaron?
Básicamente, de la preocupación por el empleo y por la situación a partir de esta crisis. Estuvimos manejando posibilidades de algunas políticas que fomenten el empleo, tratar de no bajar ninguna obra, por lo que ello implicaría, sostener toda la obra pública que se pueda. Y después manejar algunas exoneraciones que permitan sostener algunos emprendimientos. 

¿Qué tipo de exoneraciones?
De alguna tasa o precio que tenga la intendencia, que todavía no hemos definido cuál. Estamos viendo qué sucede con el flujo de caja y con el comportamiento de la gente cuando tenga que empezar a pagar. Alguna cosa más vamos a ir haciendo, lo estamos definiendo semana a semana. 

¿Hay posibilidad de hacer transferencias financieras? ¿La intendencia tiene esos mecanismos? 
Transferencias financieras no vamos a hacer. Pero no por los mecanismos, que no habría problema. 

También se manejó la opción de entregar vouchers.
Se está definiendo todavía. Porque hicimos la primera entrega de 10 mil canastas, vamos por la segunda de 10 mil canastas y hay $ 10 millones que definió la Junta Departamental de su propio presupuesto, que transfirió a la intendencia, y que la resolución marca que sean vouchers o tickets de alimentación. Eso estamos viendo de qué manera va a ser, si serán tickets en sí mismo, porque eso tiene un costo, o si va a ser a través de alguna aplicación como la que utilizó Antel y el Mides.

¿Qué tope tiene la intendencia para gastar?
Lo vamos a estar definiendo entre este gabinete y el próximo. Estamos haciendo una revisión departamento por departamento. Ver todo lo que por determinadas razones no se va a poder hacer. Por ejemplo, los espectáculos públicos que no se van a poder hacer. Eso va a ir generando recursos que vamos a utilizar en la emergencia. Si en este momento estamos viviendo la situación con un poco más de tranquilidad y no estamos en la situación de otras intendencias es porque en los últimos años generamos una espalda importante. No solo estábamos sin déficit en el año a año, habíamos bajado el déficit acumulado más de lo que teníamos previsto incluso al principio de 2015. Íbamos a tener un pequeño déficit este año por ejecución de obras que había que hacer y seguramente esto se acentuó.

Este año no va a haber superávit.
No. No sería ético en plena situación de emergencia sanitaria.

¿No es prioritario entonces cómo cierran los números?
No sería ético tampoco. Si llegado el momento la gente está pasando hambre y hay que salir a comprar más canastas, las vamos a salir a comprar. Y si vemos que no hay respuestas. Después se verá.

Esto que dice va en línea con la frase que acuñó Tabaré Vázquez cuando fue intendente de que prefería “darle de comer a un niño que tapar un pozo”.
Sí, si tenemos que elegir entre hacer una calle o comprar leche, vamos a comprar leche.

¿Hay alguna obra o proyecto que se vaya a bajar? 
Estaría dispuesto a bajar alguna, si estuviera pronta, presupuestada y que no esté adjudicada. El problema es que justo a dos meses de irnos estaba todo adjudicado. Y algunas obras van por Fondo Capital, que no se puede usar para otra cosa. Terminamos bajando algunas cosas, que me duelen prendas además porque eran definiciones de este año. Una de ellas fue la compra de 20 mil tachos para clasificación que íbamos a repartir en los hogares. Era algo que me había comprometido a hacer. Pero entre comprar tachos para clasificar o canastas, compro canastas. Bajamos una entrega de motocarros porque vamos a precisar que la secretaría trabaje en formatos de empleo más masivo. Fuimos bajando algunas compras para la cartera de tierras y bajamos 18 de Julio. 

¿El proyecto de reformar 18 de Julio y actualizar su mobiliario no se va a concretar en este período?
No, en este período no va a salir. Si algo faltaba para que cayera era el coronavirus. Venía complicado porque tenemos mucha obra en el Centro. Cortar 18 de Julio por el tránsito iba a ser un caos. Habíamos ya previsto tirarlo para adelante y con esto ya no corre. 

¿Cómo evalúa el vínculo político durante la emergencia sanitaria con el gobierno nacional? Hubo varios roces por el tema de las ferias, el vallado en las playas y los boliches. 
La relación institucional es buena. Lo que pasa es que el camino que eligió Uruguay es una línea media. El gobierno evitó hacer una erogación económica como la que el Frente Amplio pedía pero el costo fueron 100 mil pobres. El costo social y laboral de pobreza va a ser inmenso por el camino que se eligió. Podrá tener resultados sanitarios muy positivos en cuanto al coronavirus pero los resultados sociales van a ser muy profundos y va a ser muy difícil volver. Pero ese camino hizo que la línea de contención también sea muy compleja. 

¿Diría que en temas como los de las ferias y las playas se trató de pasar responsabilidad a la intendencia?
Por parte del gobierno nacional no creo. De forma adrede no.
 
¿Y por parte de algunos ministros? 
No, no te voy a decir que sí. No quiero... (Se ríe). 

Hubo también un comunicado del Comité Ejecutivo Departamental del Partido Colorado cuestionando la actitud de la intendencia.
Esas son chicanas políticas, berretas, que no hacen a la política con mayúscula en general. Se viene trabajando con Secretaría de Presidencia, que es con quien estamos coordinando todo. El diálogo a partir de la emergencia mejoró muchísimo. La emergencia hizo que el gobierno nacional tuviera que mirar a las intendencias, especialmente a Montevideo, como una necesidad y como un socio para trabajar. Era evidente que antes veníamos teniendo ruidos permanentes. Yo no había podido tener una sola reunión con un ministro y, de hecho, (el presidente Luis) Lacalle Pou todavía no respondió al pedido desde diciembre.

“La emergencia hizo que el gobierno nacional tuviera que mirar a las intendencias, especialmente a Montevideo, como un socio para trabajar”

¿Y el ministro del Interior Jorge Larrañaga?  
No me recibió pero justo saltó todo esto y yo no lo reiteré. Me crucé con él en varias ocasiones y conversamos sin problemas. Obviamente, hay diferencias sobre la utilización que hizo la Policía del espacio público en esas primeras semanas. Pero por algo se modificó también. 

El Ministerio del Interior sostiene que en los barrios hay vecinos, pero que también se esconden delincuentes y que por eso no va a retroceder en su presencia. ¿Cómo ve esa postura?
No me imagino una ciudad donde la gente le tenga miedo al Estado. La percepción que me dio esas primeras semanas es que la Policía estaba haciendo un uso excesivo de la fuerza contra población que no tenía ningún tipo... No mostraba nada que diera a entender que estaba en una situación ilícita. Más bien se estaba actuando por sospecha. De por quién venís de la mano o cómo tenés el pelo... No quería decirlo pero es la famosa “apariencia delictiva”. De eso estamos absolutamente en contra. 

¿No los están convocando para los operativos?
No. 

¿Pidieron participar?
No. Lo que pasa es que los Operativos Mirador (en el gobierno anterior) eran mucho más amplios, no sólo policiales. Tenían que ver con recuperar el terreno, había cuestiones que tenían que ver con lo jurídico y lo social. Eran un operativo de convivencia en sí mismo más allá del aparato policial. 

En los últimos días se publicaron los datos del monitor departamental que elabora Equipos, ¿suele mirar las encuestas?
Las re miro. Hice Ciencia Política, no puedo no mirarlas. Es más, se las paso a toda la red de politólogos amigos.

¿Qué lectura hace de los últimos números?
Me quedé súper contento. Más que por el 52% (de aprobación), por los colectivos que más apoyan la gestión, que son los que históricamente están más alejados de la política partidaria: 60% de mujeres, 68% de pobres y 68% de jóvenes. Los que están más alejados de la gestión son los hombres, de mediana edad y de mayor nivel económico. Entonces, decís... ¡Es todo lo que quiero! Entre frenteamplistas la aprobación es de 78%, no había un número así desde (Mauricio) Arana prácticamente. Daniel (Martínez) tuvo 72% en un momento, 78% es un montón. Aunque también debe responder a la polarización con el gobierno nacional . 

Hace unos meses decía que el principal objetivo era llevar el barco a buen puerto, pero también pensaba en que la gestión fuera recordada por hacer de Montevideo una ciudad más trasgresora. ¿Lo cumplió? 
Si me tuviese que ir ahora me iría contento y satisfecho. El mayor desafío que tenía es que soy parte de un sistema político absolutamente gerontocrático, que tiende al botijeo permanente de todo lo que sea menor de 50 y pico de años. La sociedad no estaba acostumbrada a que un cargo como el de intendente fuera ocupado por alguien que no tiene nietos para sacar a pasear en sus tiempos libres.

¿Integraría un gabinete municipal si el FA gana en setiembre? 
Sí, lo integraría con cualquiera de los tres compañeros que están propuestos. Puedo integrar una lista como edil también.