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Juicio de El Gucci a Martínez, Di Candia y Goyeneche: no hay conciliación y esperan sentencia
Este jueves fue la última audiencia en primera instancia del juicio iniciado por el cantante Gustavo "El Gucci" Serafini al excandidato a la presidencia, Daniel Martínez, el exintendente Christian Di Candia y la dirigente de Casa Grande, Fabiana Goyeneche. El próximo paso serán los alegatos previstos para el 28 de octubre, por lo que se espera una sentencia de la jueza Ana María Bello para noviembre.
El artista y los jerarcas del Frente Amplio declararon esta tarde en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de 4° turno. Serafini reclama un total de US$ 330 mil por el daño a su imagen y los perjuicios económicos a su carrera musical, causados durante la campaña de Daniel Martínez a la presidencia.
En la audiencia que duró en el entorno de una hora y media, la magistrada consultó si cabía la posibilidad de lograr una conciliación, una opción que volvieron a negar todas las partes. El cantante —representado por la abogada Kerstin Jourdan— ratificó el daño a su imagen y las pérdidas económicas a raíz de las declaraciones de los jerarcas frenteamplistas que lo vinculaban a presuntas acusaciones de abuso sexual que nunca fueron comprobadas por la Justicia.
"Los demandados ejercieron su derecho constitucional, la libertad de expresión, en relación a hechos que eran de público conocimiento mucho antes de la elección nacional de 2019. Y por ello, no puede decirse que hubo falsedad o mala fe", declararon a El Observador dos abogados defensores de los demandados, Renata Scaglione y Juan Pablo Pío. Repasaron que el demandante "se funda en declaraciones públicas replicadas en redes sociales y por medios de comunicación".
"En ese contexto, las presuntas denuncias por acoso o abuso sexual hacia Serafini eran de interés público. Las personas que deciden ingresar a la arena política están siempre sometidas a un escrutinio social superior a la media en la comunidad. Y es una decisión personal involucrarse en asuntos de interés público", sostuvieron.
Scaglione y Pío apuntaron que "la judicialización de la política no le hace bien ni a la justicia ni a la política cuando no existen méritos reales para ello", y consideraron que la sentencia de Bello será "de obligatoria lectura, independientemente de su resultado, para el sistema político todo". "Libertad de expresión, escrutinio público, redes sociales y violencia de género", manifestaron.
Fue en setiembre de 2019, en las vísperas de la primera vuelta de los comicios nacionales, que el cantante de plena decidió iniciar la demanda. En agosto de ese año había anunciado que participaría de una lista del sector Baluarte Progresista, pero Martínez –que en un principio había aprobado la candidatura– le pidió que desistiera luego de recibir críticas en el Frente Amplio por las presuntas acusaciones de abuso sexual que pesaban sobre el artista, algo que no fue comprobado en la Justicia.
En entrevista con Doble Click de FM Del Sol, Goyeneche —quien en ese entonces era directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo (IMM)— había afirmado que si bien las denuncias no fueron confirmadas por la Justicia, sí era "cierto que la comunidad y sobre todo los colectivos feministas" sostenían las acusaciones y desde su punto de vista el resultado judicial no se correspondía con la realidad.
Por su parte, Di Candia había dicho al mismo programa en ese entonces que Martínez ni se debía de haber enterado "de la situación". El exintendente lo había considerado como "un error del equipo de asesores que le tendría que haber dicho 'mirá que está esta situación'", haciendo alusión a las denuncias por acoso y violencia de género. "Teniendo en cuenta las denuncias que están encima de la mesa preferiría que no participara en una lista con el Frente Amplio y apoyando a Daniel Martínez", había zanjado.
Fue en ese marco que Martínez le pidió al popular cantante que bajara su candidatura a la Cámara de Representantes.
