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Andrés Berterreche, director del INC por el Frente Amplio,

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Director de Colonización rebate a Manini: “La inspección no se hizo a fulano o mengano, fue al inmueble 511”

Andrés Berterreche cuestionó que el líder de Cabildo Abierto lleve la stuación al “terreno personal” y ratificó que en el predio “hay irregularidades”  

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19 de marzo de 2022 a las 19:15

La resolución que tome la Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Colonización (INC) en un campo en el norte del país será decisiva para dilucidar la situación contractual de Guido Manini Ríos con ese organismo. Las conclusiones, para cuya fecha no existe un plazo, tendrán también sus derivaciones políticas y legales si son negativas para los intereses del líder de Cabildo Abierto.

Según el semanario Búsqueda, Manini y su esposa Irene Moreira explotan junto a Roque Moreira, padre de la ministra de Vivienda y suegro del senador, 4.350 hectáreas de campo en el departamento de Artigas.  Parte de esa extensión, unas 2.856 hectáreas, corresponden al inmueble 511 del INC y está afectadas a la ley de Colonización. Lo hacen a través de una sociedad anónima, Palomar, encabezada por Moreira y por su padre.

Esas fueron las conclusiones de un informe de la División Inspección General del instituto , que determinó además que todos los involucrados tienen la condición de colonos, y que incumplen la ley al no residir allí ni realizar directamente ningún trabajo de producción.

Las autoridades del organismo resolvieron que ese informe no es concluyente y que debe ser analizado jurídicamente.  Fue por tres votos contra uno , en la que Andrés Berterreche quedó en minoría frente a los directores del oficialismo. Consultado por El Observador, el representante del Frente Amplio en el organismo dijo que la situación es clara. “No tengo ninguna duda: en el padrón 511 hay una serie de irregularidades que hay que regularizar”, expuso.

Según recordó, hace varias décadas hubo muchas transacciones de campos en las que no se pedía certificar que las tierras que cambiaban de manos pertenecían o no al instituto. Una situación que, señaló, derivó en un gran desorden. En 2011, indicó, durante el gobierno de José Mujica, se decidió un “borrón y cuenta nueva”: los colonos debían presentarse a regularizar su situación. Y la mayoría lo hizo. 

Fue a partir de algunos “comentarios” que, dijo, se puso a investigar la situación del predio en cuestión. Así luego de un “trabajo detallado” fue que le dio paso a la inspección cuyo análisis por parte de la dirección, por distintos motivos, se fue prorrogando. “Esto no es Berterreche contra nadie, es un tema del instituto”, puntualizó el director. “La inspección no se hizo a fulano o a mengano, se hizo al inmueble 511 del Instituto Nacional de Colonización”. 

 “Lo están llevando a un terreno personal, pero yo lo que quiero es que la normativa se cumpla. Lo que a mí me corresponde es ver las irregularidades que pueda haber en los campos administrados”, expresó. 

Para el director, que Manini diga que la inspección fue a “medida” y que hubo presiones sobre los funcionarios representa un agravio. Berterreche se refirió a los comentarios del senador. . “Para mí, que me digan colono sería un honor”. 

La eventual condición de colono del líder de Cabildo Abierto implica, entre otros aspectos, que no puede vender esa fracción de campo sin autorización del instituto. 

Consultado, Berterreche defendió su accionar. Dijo que cuenta con la información desde hace seis meses, y desde hace dos conoce el resultado de la inspección. “Si hubiera querido espectáculo, lo habría divulgado antes”, dijo. 

También sostuvo que trabajó siempre con respeto institucional: nadie en el Frente Amplio sabía del tema. “Puede preguntar”, insistió. “Hablé recién cuando los resultados estaban sobre la mesa de la directorio”, descartando así los señalamientos sobre una intencionalidad política de la divulgación de estos datos. 

Caminos bifurcados

Este lunes la bancada del Frente Amplio, que está en su mayoría dedicada a la campaña hacia el referéndum por la ley de Urgente Consideración (LUC), comenzará a analizar el tema. Como primer insumo los senadores tomarán los resultados de la inspección técnica. Con todo, en la oposición, se comprende que la definición llegará recién con el pronunciamiento definitivo del directorio del INC. 

Sobre todo, a partir de la conclusión sobre su el campo está o no afectado a la ley de Colonización. “Allí se bifurcan los caminos”, dijo a El Observador el senador Enrique Rubio. 

Si Manini resulta ser colono, incurrió en claras irregularidades. Una de ellas fue haber votado en 2020 los artículos 357 y 358 de la LUC. Uno desafectó de la órbita del INC los campos provenientes de colonias del Banco Hipotecario. El otro, flexibilizó las condiciones que debe cumplir un colono, en cuanto a trabajar en forma directa en el predio o residir allí. Se trata de cambios que, eventualmente, lo habrían beneficiado en forma directa. 

Si el líder de Cabildo Abierto está sometido a las obligaciones de la ley de Colonización, para Rubio incurrió en una “falta grave” por, en primer lugar, haber violado el reglamento del Senado, que impide a los legislador participar en asuntos en los que tengan  intereses,  salvo que sea autorizado en forma expresa por la cámara.  

Rubio remarcó que esto podría tener otras derivaciones. Recordó allí que  la misma acusación se le hizo en su momento al diputado frenteamplista Daniel Placeres (MPP), que terminó procesado sin prisión por conjunción de interés personal y público. Uno de los elementos que jugó para eso fallo fue que el entonces legislador promovió y participó en acciones parlamentarias para beneficiar a Envidrio, la cooperativa que dirigía. 

Pero el FA analiza otra de las aristas del caso: las condiciones en las que, presuntamente, vivían los trabajadores que residían en el predio inspeccionado.  Según el resultado de la inspección, en el inmueble 511 vivían un capataz y una cocinera en una “casa de personal” y otros cinco asalariados en otra “construcción muy modesta, compuesta por un dormitorio y una cocina-comedor”. 

Votó convencido 

La única expresión pública de Manini sobre el asunto la hizo el viernes vía Twitter, poco después de que Búsqueda difundiera la información. “Otra mentira más", señaló el líder de Cabildo Abierto. Según su versión, esa fracción de campo fue adquirida por su suegro, Roque Moreira “hace más de 51 años y nunca fue colono”.  Manini sostuvo que la inspección “la mandó hacer a medida” el director Berterreche para así “ensuciar la cancha antes del referéndum”. 

En Cabildo Abierto se suscribe lo expresado por su líder. “Es un viejo tema”, recordó en diálogo con El Observador el senador Guillermo Domenech. ‘Él siempre dijo que ese campo lo había comprado Moreira hace muchísimos años, en una subasta al INC, y que no estaba afectado al régimen de colonias”. 

Domenech dijo creer que se trata de un predio “con muchísimos problemas”, con una importante extensión de monte y una baja productividad. El senador defendió la actuación de Manini en el Senado durante  la discusión de la LUC. 

“Votó convencido de que no tiene ninguna relación con Colonización y de que no está sometido a su régimen”. Domenech apuntó además respecto a ese campo, que “en 50 años nunca hubo una inspección para ver qué se estaba haciendo allí”. A su juicio, eso demuestra de manera tácita que el INC siempre entendió que el campo en cuestión nunca estuvo afectado a la ley de Colonización. 

El presidente del INC, Julio Cardozo, había precisado el viernes a El Observador que la clave es la interpretación que la asesoría jurídica determina sobre la ley que creó a Colonización que, recordó, ha tenido muchas modificaciones y otras tantas interpretaciones jurídicas a lo largo del tiempo. 

Sobre todo, si cuando se compró el predio en discusión estaba afectado a los alcances de la ley. Eso es lo que argumentan Manini y su esposa, Irene Moreira. 

Consultado, Cardozo indicó que solo con los resultados de la inspección “no se puede afirmar que Manini y Moreira sean colonos”. 

Los antecedentes

Búsqueda había consignado el año pasado que la ministra Moreira figura como directora de Palomar SA desde 2008. El semanario divulgó en su momento que el predio en discusión fue comprado en 1970 por Colonización y luego realizó un llamado público, en el que lo adquirió Roque Moreira. 

En 1974 el suegro del líder de Cabildo Abierto resultó intimado a residir en el campo y a explotarlo directamente, según marca la ley. Moreira entonces pidió un “cambio en las condiciones de contrato” bajo el amparo del artículo 127 de la misma ley. 

Entre 1981 y 1982 Moreira, según fue consignado, compra el resto de las fracciones del inmueble y crea Palomar SA. En 1977, según la información, Manini Ríos pasa a ser el titular de la fracción 2.

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