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Domésticas: la historia de un sindicato patas para arriba

Un informe oficial detalla pormenores de decisiones adoptadas sin cumplir con el estatuto y de asambleas en las que no se tomaron en cuenta requisitos necesarios

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09 de octubre de 2019 a las 15:25

Llama la atención que un sector de actividad que tiene más de 76 mil trabajadores registrados —además de una buena cantidad en la informalidad — tenga un sindicato con 270 afiliados a nivel nacional. Ese es el caso del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD). Pero más difícil es imaginar duras peleas internas entre un puñado de delegadas que disputan con uñas y dientes espacios de conducción que lejos parecen estar de parcelas de poder que pueden observarse en potentes corporaciones sindicales o empresariales.  

En abril de 2017 hubo elecciones en el SUTD. Votaron 192 afiliadas, triunfó una lista de Cerro Largo por dos votos (97 a 95) y la oponente encabezada por delegadas de Montevideo impugnó las elecciones.

Un par de meses después, Laura Rivero asumió la presidencia en representación de la lista ganadora. En mayo de este año, hubo otra elección. Sufragaron esta vez 120 trabajadoras de un total de 272 registradas y venció la agrupación de la capital. Pero en esos dos años pasó de todo.

El 22 de enero de este año Rivero se presentó en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para denunciar irregularidades y solicitó la intervención del sindicato.

En 2018, había pedido que se efectuara una auditoría en las finanzas y ese fue uno de los motivos del enfrentamiento con otras dirigentes. Luego la separaron del cargo por unos meses y finalmente terminó expulsada del sindicato. Los hechos sucedidos en los dos últimos años son explicados en un informe elaborado por el MEC, tras la presentación de Rivero ante la cartera.

Uno de los primeros mencionados es una asamblea nacional de delegadas realizada el 21 de julio de 2018. El escrito oficial indicó que hay un documento no incorporado al libro de actas del sindicato que correspondería a esa asamblea. Allí no se establece el orden del día del encuentro aunque menciona que se tratará un llamado a elecciones.

En esa reunión de delegadas -que contó con la participación de nueve filiales- se presentó un pedido de renuncia y sanción de suspensión a la presidencia de Rivero. El resultado fue de cinco votos a favor y cuatro en contra.  

El MEC señaló que la asamblea nacional de delegados tiene la potestad de sancionar por dos tercios de los votos presentes a un integrante de la directiva siguiendo determinados procedimientos. Uno de ellos antes de resolver la sanción es dar vista por un plazo de 10 días hábiles para que haya posibilidad de presentar una defensa.

Añadió que en esa asamblea se resolvió la suspensión por lo cual de ninguna manera podría considerarse que se cumplió con la vista exigida por el estatuto del gremio.

La expulsión

En una asamblea general de trabajadoras domésticas efectuada el 16 de marzo de este año en la sede del PIT-CNT se tomó la decisión de expulsar a Rivero del sindicato. El informe del MEC sostuvo que la convocatoria debe ser comunicada a los afiliados con un aviso personal y escrito, detallando el orden del día con una anticipación mínima de 15 días y una publicación en un diario de la capital. Sobre este punto, marcó que no se acreditaron las comunicaciones correspondientes.

Una de las competencias de la asamblea general es la remoción de cargos de los órganos del sindicato por dos tercios de los votos presentes. Del expediente surge que la expulsión se resolvió por 15 votos a favor y 12 abstenciones. El escrito agregó que no fue presentado registro de asistentes ni se estableció el quórum, pero surge que hubo 27 votos. Y tomando en cuenta esa cifra se constató que no se cumplió con la mayoría de dos tercios exigidos en el estatuto.

Consideraciones

Tomando en cuenta lo relatado y otros hechos los técnicos del MEC redactaron algunas consideraciones. Una de ellas es que el sindicato no cumple con los requisitos exigidos para llevar la documentación social. En ese sentido, sostuvo que hay algunos que no toman en cuenta formalidades mínimas con las consecuencias que eso deriva.

Entre ellos enumeró que en algunos no se consigna el órgano que se reúne, el quórum necesario, las mayorías por las cuales se resuelve cada punto tratado o las actas no son firmadas o ligadas en forma. Pero señaló que sin perjuicio de ello y asumiendo que reflejan lo ocurrido en cada reunión, registran una serie de incumplimientos en el accionar del SUTD.

 A su vez, expuso que si bien gran parte de la documentación presentada no cumple con las formalidades necesarias no surge que el sindicato haya cumplido con los requisitos exigidos para suspender del cargo a Rivero ni para, posteriormente, expulsarla. Igualmente, expresó que lo mencionado no implica un pronunciamiento sobre el tema, sino que es lo que se desprende de su examen formal. Pero complementó que no se prueba que se haya dado vista previa a la sanción y tampoco que los órganos de decisión se hayan reunido en forma ni que alcanzaran las mayorías necesarias.

Ante eso, plantea que correspondería dar vista al sindicato para que acredite haber dado cumplimiento de los requisitos. Por otra parte, señaló que también correspondería sancionar al SUTD.

El informe fue elevado a la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales del MEC.  

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