Diego Battiste

Economistas plantean subir impuesto a la renta y riqueza para distribuir impacto del coronavirus

Un estudio realizado por el Instituto de Economía de la Udelar estima una caída de al menos 1% del PIB por el frenazo de la actividad solo durante tres semanas

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26 de marzo de 2020 a las 05:00

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Ante la urgencia de una situación que requiere de un fuerte impacto en políticas públicas referidas a la salud por la llegada del coronavirus, la búsqueda de soluciones para mitigar las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia es otro ángulo que cobra relevancia para el sistema político.

Un estudio sostiene que será ineludible elevar el nivel actual de la deuda pública, aunque quizás ello no sea suficiente por lo que debería considerarse subir impuestos sobre la renta y la riqueza para que la distribución del impacto sea más equitativa con aquellos grupos sociales más vulnerables. 

El Instituto de Economía de la Universidad de la República (Iecon) publicó un primer trabajo firmado por cuatro economistas pertenecientes a su equipo de investigadores bajo el título Las políticas económicas y sociales frente a la expansión de Covid-19, en el que destacan que “desafortunadamente, las medidas que han mostrado ser efectivas para contener la pandemia tienen graves consecuencias de corto, mediano y largo plazo sobre la actividad económica”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que el golpe de la pandemia sobre la economía mundial puede ser peor que el que se originó con la crisis financiera de 2008.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revisó fuertemente a la baja sus proyecciones de crecimiento para la región. Actualmente, prevé una contracción de 1,8% de la actividad económica en el escenario más optimista, y un incremento del desempleo de diez puntos porcentuales. Además, la incidencia de la pobreza aumentaría de 185 a 225 millones de personas.

Con respecto a Uruguay, los investigadores uruguayos sostuvieron que la mayor permanencia en los hogares de la población implican mayores pérdidas económicas en el corto plazo, con la consecuente caída de la producción, la demanda interna, y aumento del desempleo. 

Según estimaron los profesionales, la paralización transitoria durante tres semanas de la actividad interna en el país a causa de la cuarentena podría provocar una caída de al menos 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en términos reales. 

Los autores del trabajo fueron los economistas Mauricio De Rosa, Bibiana Lanzilotta, Ivone Perazzo y Andrea Vigorito.

Sin embargo, esta parece ser una estimación incluso generosa dado que los investigadores aclaran que deben sumarse “los cuantiosos impactos externos negativos originados en la retracción de la demanda externa, la caída de precios internacionales, la interrupción del turismo por el cierre de fronteras, el aumento del riesgo país y el endurecimiento de las condiciones financieras globales, entre otros”.

En efecto, Uruguay particularmente se ha visto afectado a través de las consecuencias de la pandemia en los principales destinos de sus exportaciones. El caso de China y la Unión Europea son dos de los más evidente, pero también para la actividad industrial local ha habido problemas para la importación de materias primas, sobre todo desde Argentina.  

“La profundidad y el alcance de los impactos económicos del contagio de Covid-19 dependen, en buena medida, de la duración de la pandemia y de las medidas de distanciamiento social necesarias para contenerla”, se afirma.

Con respecto a Uruguay, los investigadores aseguran que los tipos de políticas que se desplieguen durante este tiempo son las que pueden contribuir a no “exacerbar las desigualdades preexistentes” y además apuntan “que cuánto antes se tomen medidas más efectivas serán”.

“Como lo demuestran muchos ejemplos en la historia del pensamiento económico, las políticas económicas mal diseñadas pueden aumentar las privaciones y generar un fuerte sufrimiento humano. En el caso de América Latina y de Uruguay en particular, se agrega que la enfermedad llega en un contexto de reducido (o nulo) crecimiento económico y aumento del desempleo, aunado a la finalización del ciclo de la caída de la pobreza y redistribución de ingreso”, advierte. 

Sobre este punto, los economistas realizaron algunas consideraciones que entienden deben apuntar a emprender “una política de gasto contracíclica” a pesar del alto déficit fiscal del país y focalizada en sectores prioritarios. El déficit fiscal de Uruguay ronda el 5% del PIB actualmente y varios economistas privados ya están proyectando un deterioro adicional para este 2020 por los coletazos inevitables que dejará esta pandemia. 

“Debido a la naturaleza de la crisis, la responsabilidad principal deberá recaer sobre la política fiscal, aunque seguramente los recursos disponibles sean insuficientes y se requiera de un mayor endeudamiento”, se sostiene. En ese sentido, se plantea que también “es necesario un incremento de los impuestos a la renta y a la riqueza de manera de lograr que la contribución sea más elevada para quienes disponen de más recursos”, sugiere el estudio de la Udelar. 

Algunas medidas aconsejadas

 A nivel de empleo, se destaca que luego de las reformas realizadas en el seguro de desempleo, a diferencia de lo que ocurrió en 2002, el beneficio en la actualidad abarca a más trabajadores, como por ejemplo a los asaliariados rurales y al servicio doméstico.

Además, se agrega la relevancia de mantener el vínculo de los trabajadores con sus empleos, "de forma de permitir sostener parte del ingreso y mantener el acceso al sistema de salud".

Recomiendan también que a aquellos trabajadores que ingresen al seguro de desempleo (que recibirán el 66% de su salario el primer mes y a partir de allí un porcentaje cada vez menor), se les mantenga la tasa al menos durante el mes siguiente, de manera de no disminuir sus ingresos tan sustantivamente.

El trabajo también destaca como positivas algunas de las medidas ya adoptadas por el gobierno para evitar que las empresas más pequeñas entren en situación de morosidad, pero reclaman que para esto “debería condicionarse al mantenimiento del empleo, para que sean realmente efectivas”.

“Los asalariados pueden contribuir aportando algunos días de licencia”, agregan, destacando el reciente acuerdo alcanzado en la construcción.  

En línea con varios de los anuncios que ha realizado el gobierno, los economistas también recomendaron implementar rápidamente intervenciones que alcancen a quienes mantienen un vínculo con el Banco de Previsión Social (BPS) o el Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Esto comprende a  los trabajadores formales, quienes perciben el seguro de desempleo, los beneficiarios de Asignaciones Familiares (AFAM) en sus diversas modalidades y de la Tarjeta Uruguay Social (TUS).

Las estimaciones presentadas en OPP en 2018 indicaron que los programas TUS y AFAM tienen un costo anual de 0,43% del PIB total nacional. Este viernes el Poder Ejecutivo anunció que se destinarán $ 1.000 millones (US$ 22,3 millones) al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para crear refugios para personas en situación de calle, fortalecer los planes del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y aumentar los montos de la Tarjeta Uruguay Social (TUS), que según se informó este martes se duplicará por única vez el monto de la tarjeta Uruguay Social. 

En base a esta información, los economistas sugieren que “la duplicación de sus prestaciones a los actuales beneficiarios tendría por tanto ese costo adicional. Esto representa un monto diez veces mayor al que el gobierno ha anunciado inicialmente para fortalecer los planes alimentarios”, reclaman.

En tales efectos, el documento sostiene que para lograr una cobertura total de los dos primeros quintiles (la población más vulnerable) deberían agregar prestaciones a los hogares que fueron dados de baja por no cumplir condicionalidades, transferencias a adultos mayores y ampliación de la Tarjeta Uruguay Social.

Por último, sobre el trabajo se recuerda que para acceder al seguro de desempleo los trabajadores deben haber trabajado al menos seis meses en el último año, por lo que para las personas que no cumplan con el requisito deberá flexibilizarse el requisito para garantizar ese ingreso, además de la cobertura mutual. En los anuncios que ha dado el gobierno sobre la flexibilización del seguro de desempleo, este factor no ha sido considerado. 

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