Economía y Empresas > Emergencia sanitaria

El gobierno y una batería de medidas económicas en menos de una semana

Empresas, trabajadores y Estado se enfrentan a una situación de crisis  inédita por sus características 

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24 de marzo de 2020 a las 05:03

El gobierno uruguayo dio a conocer el diagnóstico del paciente cero por coronavirus en el país el pasado viernes 13 de marzo.

A partir de ese día, los casos se multiplicaron, la actividad económica nacional comenzó a frenarse, y en conjunto, día a día, el Poder Ejecutivo anunció una batería de medidas apuntadas a la salud, el trabajo y a amortiguar las consecuencias negativas que traerá esta pandemia global, con ineludibles repercusiones en las cuentas no solo de las empresas y los trabajadores, sino también en la de los gobiernos.

Referentes del anterior equipo económico como Álvaro García, Pablo Ferreri o Martín Vallcorba, respaldaron el accionar del Ejecutivo entrante, mientras que otros sectores más a la izquierda del Frente Amplio y el PIT-CNT las consideraron insuficientes. 

Menos de una semana después y a una exacta de haber anunciado suba de tarifas y la quita del beneficio de dos puntos del IVA en el pago con débito, el Ministerio de Economía y Finanzas respondió a la situación con varias medidas buscando dotar de mayor liquidez a la economía nacional.

Ante este fuerte shock temporal, para proteger la salud financiera de las empresas, se apuntó a no cortar la cadena de pagos entre productores, proveedores y distribuidores.

La ministra de esa cartera, Azucena Arbeleche, anunció condiciones más flexibles (menores tasas, plazos más largos, períodos de gracia en algunos casos) para las pequeñas y medianas empresas por parte del Banco República, además de aplazamientos en los aportes a la seguridad social.

El Banco República dispondrá de una línea de crédito con condiciones blandas por un monto total de US$ 50 millones, pero según se informó a El Observador desde la institución financiera, aún la medida no ha podido ser instrumentada. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó este lunes la llegada de esos fondos, con la opción de incrementar la disposición de esa línea por hasta US$ 125 millones.

Otra de las medidas tomadas fue aumentar los fondos del Sistema Nacional de Garantía (SIGA) para las pequeñas y medianas empresas y además una reducción del 70% de la comisión que se cobra por la gestión y canalización de esos fondos.

Estos fondos no funcionan como prestadores, sino que ofician para garantizar a aquellos pedidores de préstamos de crédito (ante una falta de garantía suficiente) ante las instituciones financieras que puedan acceder a ellos, en caso de carencia de patrimonio suficiente. 

El objetivo del gobierno es que los créditos sean más accesibles aplicando esta medida sobre todo para las empresas con menos capacidad para asumir deudas, aumentando las garantías que brinda el Estado.

El plan apunta a elevar el fondo del SIGA a US$ 500 millones, procurando que el apalancamiento pueda ubicarse hasta en los US$ 2.500 millones, basado en el supuesto de que la mayoría van a poder honrar sus deudas.

El SIGA es una garantía destinada a todas las micro, pequeñas y medianas empresas que encuentran ciertos obstáculos para poder respaldar su crédito ante una institución financiera. El instrumento tiene un costo por comisión de uso para las empresas de 2% anual sobre el capital remanente que se garantiza (en pesos y UI) y de 2,6% en dólares. El porcentaje máximo de cobertura puede llegar hasta el 70% del préstamo solicitado.

También la Agencia de Desarrollo (ANDE) agregara, en un decreto que saldrá en los próximos días, a micro y pequeñas empresas como beneficiarias de créditos para el pago de capital de trabajo (salarios), con un subsidio a las tasas de interés cobradas por las instituciones microfinancieras.     

El Banco Central y los organismos recaudadores

De parte del Banco Central del Uruguay, se anunció  una medida que va en una línea similar a la anterior, autorizando a las instituciones de intermediación financiera a extender los plazos de vencimiento para el las empresas “no financieras” por un plazo de hasta 180 días.

A su vez, según la resolución 550/2020 del 20 de marzo, tanto la DGI como el BPS difirieron vencimientos para varios meses.

En el caso tributario, la DGI postergó el pago del IVA mínimo para las empresas de literal E (no consideran IVA compras versus IVA ventas, sino que pagan un importe fijo) para marzo y abril, abonándose en seis cuotas iguales y consecutivas a partir de mayo. Quedaron exceptuadas de esta medida las empresas estatales.

En el caso del Banco de Previsión Social (BPS), se prorrogó para junio el pago de los aportes patronales correspondientes a marzo y abril. El 60% de dichos aportes podrán ser pagados también en seis cuotas iguales y consecutivas, mientras que el restante 40% no deberá ser abonado, dado que va a ser subsidiado por el Estado. Las empresas beneficiarias en estos casos serán las monotributistas, unipersonales y sociedades personales con hasta 10 empleados cuyo régimen de aportación sea Industria y Comercio.

Trabajo y seguridad social

Mientras el BPS recibió más de 40 mil solicitudes de desempleo en lo que va de marzo, que solo entre jueves y viernes sumaron unas 20 mil, en la misma conferencia donde se anunciaron medidas para las empresas, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, informó la ampliación del seguro de paro para todos los sectores de actividad.

El Ministerio de Economía y Finanzas habilitó en las últimas horas el régimen de importación libre de impuestos a productos como mascarillas, alcohol en gel, guantes, respiradores y otros insumos sanitarios asociados.   

Esta ampliación  permitirá enviar a seguro de paro por solo un mes o que la empresa disponga reducción horaria y que el horario restante lo pague BPS, situación que en el presente no estaba prevista. La excepción de este mecanismo fue en principio pensado para los sectores de comercio y servicio, servicios turísticos y restaurantes, las áreas más golpeadas en el corto plazo con una paralización de casi el 100%.

En el caso de la construcción –que abarca a unos 45 mil trabajadores-, se llegó a un acuerdo de licencia especial de forma tripartita en el que se para la actividad desde este martes hasta el domingo 5 de abril, con el pago el pago de una partida extraordinaria de $ 16.500 que se recibirá por única vez y se instrumentará a través del Banco de Previsión Social antes del 31 de marzo.

El desembolso lo hace el BPS y recupera el 70%, dijeron fuentes del sector, cerca del 20% a través de los trabajadores (mediante la renuncia a un día de licencia y del salario vacacional) y a través de un aumento en la alícuota en la cuota del BPS de las empresas que es casi el 50%.

También el lunes 14 el gobierno anunció tras el reclamo en particular del Pit-Cnt y de los gremios de la salud, que la cobertura para los trabajadores del sector en caso de ser necesario puedan acceder al seguro por enfermedad profesional. Aunque aún no ha sido implementado el instrumento, implicará que la cobertura para esos caso esté a cargo del Banco de Seguros del Estado (BSE), contemplado por la modalidad de seguros por accidentes de trabajo. 

A los más afectados

El viernes el Poder Ejecutivo anunció que se destinarán $ 1.000 millones (US$ 22,3 millones) al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para crear refugios para personas en situación de calle, fortalecer los planes del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y aumentar los montos de la Tarjeta Uruguay Social (TUS).

En cuanto a implementación, el desarrollo de los sistemas de transferencias no contributivas permite que rápidamente se puedan traspasar mayores recursos a los hogares más vulnerables que ya están en la base de datos del Mides, pero se plantea la interrogante de aquellos que no se encuentran incorporados, porque hasta la aparición del coronavirus su situación no era tan precaria, pero puede empezar a serlo.  

Emergencia en el agro 

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) decidió este viernes 20 extender el área productiva nacional declarada bajo emergencia agropecuaria por la sequía que ahora alcanzó las 2 millones de hectáreas. En ese marco, se añadieron en la consideración a zonas correspondientes a seccionales policiales de Colonia, Florida, Maldonado y Rocha. Ya estaban consideradas zonas de seccionales de Montevideo, Canelones, San José y Lavalleja, donde se había manejado un ayuda de unos US$ 8 millones para casi 6 mil productores familiares. 
También se amplió la consideración de sectores productivos beneficiados. En la de la semana pasada se consideraba la asistencia a productores ganaderos y lecheros, a lo que se añadió a fruticultores, horticultores y apicultores. Los productores involucrados en la asistencia dispondrán de un beneficio adicional, una rebaja del 18% en el importe de la contribución inmobiliaria rural.
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