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El arma secreta de Lacalle Pou

Es absurdo pedir resultados instantáneos para seguir endeudándose, lo que importa es la credibilidad 

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10 de diciembre de 2019 a las 05:00

Es un cliché que los 90 días iniciales son vitales para cualquier gobierno que intente realizar cambios de fondo. Se supone que en ese arbitrario lapso rige el romance con la ciudadanía adepta y, además, que no habrá grandes protestas ante cualquier medida porque nadie se atreverá a disputar la reciente decisión de las urnas.

Esto ha llevado a creer que lo que no se haga en esos 90 días no podrá hacerse nunca. Destacados profesionales sostienen, por ejemplo, que como no se podrá bajar el gasto en pocos meses, para no perder el grado inversor se debería recurrir a más impuestos para satisfacer las demandas de los prestamistas internacionales (o de Fitch) que exigen reducir el déficit a la mitad en semanas. Urgencia que apareció curiosamente el 24 de noviembre a las 23.30, aproximadamente. O sea que, el indefendible nivel de gasto se defiende esgrimiendo la imposibilidad de bajarlo pronto.

Razonamiento superficial e incompleto. Los primeros 90 días serán vitales para lograr la aprobación de un paquete legislativo que permita salir del corsé estatista urdido pacientemente durante 15 años, que impide que la decisión electoral se pueda aplicar. Por eso es adecuado e imprescindible que se impulse la ley de urgente consideración que es parte de la plataforma de la coalición, porque de lo contrario se estaría impidiendo cumplir con lo que se le propuso y aprobó la ciudadanía.

Pero la reducción del gasto es un tema más técnico, largo y minucioso. Como se ha dicho aquí, no se trata de entrar a los sablazos a cortar cualquier cosa desesperadamente. Aunque esa misión debe empezar ya mismo, tener una coordinación unificada, una metodología, y encararse en todos los sectores al mismo tiempo, sabiendo que los resultados no ocurrirán simultáneamente.

Las empresas públicas deben ser analizadas en cada una de sus áreas de explotación, sus estructuras, funcionalidad y eficacia, al igual que cada uno de los contratos en vigencia, los juicios en curso, la toma de decisiones, el modo de fijación de tarifas o precios, como se haría en cualquier empresa privada y aún con más detalle. Luego tomar las decisiones adecuadas. Lo mismo vale para sus requerimientos de fondos e inversiones y el tamaño, eficiencia y costo de sus organismos de conducción, incluyendo remuneraciones y accesorios.

La administración general del estado debe pasar por un escudriñamiento similar, que incluya tanto el análisis de la necesidad de cada área como la eficacia de la gestión. También los contratos vigentes requerirán una auditoría profunda. Esto se llama calidad del gasto.

A la decisión ya anunciada de no reemplazar una parte de las vacantes se debe agregar un plan de retiros voluntarios en el que el estado garantice un plazo largo de cobertura de salud y otros aspectos, aún el salario sin presencia por un tiempo razonable y un programa de exoneración de aportes patronales por varios años para quienes contraten a los así retirados. Se puede pensar en la utilización de profesionales voluntarios que donen su tiempo para varias tareas específicas de análisis y revisión, bajo la conducción de las autoridades respectivas. 

Debe ser primordial y obligatorio en ambos sentidos el reentrenamiento y la reasignación del personal entre las distintas áreas, elemental en un mundo de necesidades cambiantes con obsolescencia e innovación constantes. Nadie debe quedar atrás. Nadie debe abrazarse al atraso en nombre de sus derechos.

En los casos en que por razones legales o de otra índole no se pueda proceder al ahorro inmediato, será útil que se exponga a la sociedad los costos innecesarios que se están afrontando con el dinero público, como un modo de concientizar sobre los efectos negativos del gasto prescindible.

También se debe replantear el sistema jubilatorio. Pero no improvisadamente y de apuro, sino tras una discusión estratégica, que debe incluir la formulación y reformulación de varias políticas de estado, no meramente el objetivo de bajar el gasto, lo que podría ser injusto si éste no se evaluara en su totalidad. (Por ejemplo, limitar la indexación de las jubilaciones, pero no de todo lo demás)

Todas estas acciones requieren de un nivel importante de profesionalización y compromiso de quienes las lleven adelante, empezando por los ministros de cada área y sus principales cabezas ejecutivas en cada sector. Eso se supone que es lo que se elije: capacidad, honestidad, trabajo. Y claramente, la capacidad de persuasión y la perseverancia serán atributos esenciales.

Es evidente que este proceso no se puede completar en tres meses, ni en nueve, ni en doce. Por lo que, al contrario de lo que sueña Fitch, no se podrán exhibir todos los resultados de inmediato. Pero sí se puede exhibir un plan orgánico y demostrar la vocación de cumplirlo. Eso es lo que esperan los mercados, y aún lo que están dispuestos a financiar: la credibilidad de un gobierno, o de una sociedad, plasmada en un programa integral que muestre los cambios que se intentan, con un cronograma de metas, una valorización de esos cambios, una rendición de cuentas y resultados cada tres meses, con las correcciones que se requieran.

Ese plan integral, publicitado, explicado, aplicado obsesivamente, con rendiciones y correcciones trimestrales, con metas y cifras precisas, junto a un sólido plan económico de 5 años, es lo que tiene que mostrar el gobierno a la sociedad, a los bancos, a los inversores. 

Desde los comienzos de la banca, el crédito no se otorga al que tiene plata para pagarlo, como dicen en el café. Se otorga al que tiene un proyecto creíble y cumplible. Al que genera confianza.  Se otorga al éxito futuro. A un sueño, pero sostenido con seriedad, sudor, sacrificio, inteligencia y trabajo. 

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