El “degüello de parado”, los riesgos de la técnica de Lacalle para usar en una coalición

No se han cumplido los primeros 100 días de gobierno y, en medio de una crisis sanitaria y económica inimaginable hace tres meses, el presidente Luis Lacalle Pou decidió la primera destitución.

Los hechos los encontrás en esta completa nota con preguntas y respuestas que escribió Martín Tocar, en la que se relata cómo fue el pedido de renuncia a Guillermo Iglesias como presidente de Antel y la posterior dimisión del otro director nacionalista Gustavo Delgado. Además, esos hechos tienen un trasfondo político que está contado al detalle  en esta nota de Martín y Santiago Soravilla.

No hubo descargos, ni siquiera hubo posibilidad de defensa pública de la decisión de Iglesias. La noticia de que el directorio de Antel había presupuestado a más de 800 funcionarios se conoció a las 14 horas del martes por un tuit de Conrado Hughes  y en menos de cinco horas, Lacalle Pou ya había firmado y publicado una resolución pidiéndole a Antel que revierta la decisión y le había pedido a través del ministro Omar Paganini la renuncia a Iglesias. Ejecución exprés.

Fue lo que al final de las batallas en el Río de la Plata en la primera mitad del siglo XIX instauraron como el “degüello de parado”. Allí no esperaban a un juicio para liquidar a los adversarios una vez terminada la guerra: les cortaban la cabeza en el campo de lucha, tal como relató Hilario Ascasubi desde el sitio de Montevideo en  “La refalosa”, el poema del que te comparto una parte al inicio de esta columna. Esos degüellos, que también sucedieron en la Guerra Grande en estos territorios, eran más que nada un mensaje para todo el resto: adversarios y propios.

En este episodio de Antel la decapitación del directorio es un claro mensaje político que envía Lacalle Pou. En términos económicos la decisión de revertir la presupuestación de 857 funcionarios (algo que todavía no se concretó porque no hay directorio designado y por tanto sigue vigente) tiene pocos efectos porque esas personas por más que se anule la polémica contratación seguirán trabajando en la empresa y cobrando su sueldo.

Es obvio que la decisión de presupuestarlos o no tiene otros efectos, pero el más importante es el de transformarlos en empleados perpetuos. Por más que las normas legales no digan exáctamente eso, en términos prácticos la cultura de endiosamiento del Estado en Uruguay ha llevado a eso. Sabés que si entrás al Estado, es muy difícil (por no decir imposible) que te echen.

Las dos cosas que más le molestaron a Lacalle de este episodio fueron el momento y el rumbo de la decisión (1) y lo inconsulta con el Poder Ejecutivo (2).

1.     En medio de una crisis sanitaria, con una pandemia que le está costando millones de dólares al Estado realizar esta presupuestación es una decisión de muy mala imagen. Pero a la vez, con una política tan clara de ahorro, con una promesa de recortes tan intensa como la que hizo Lacalle en la campaña, presupuestar a casi 900 funcionarios es algo absolutamente contrario a todo lo que impulsa el Poder Ejecutivo. Por ello al destituir al presidente de Antel hay una señal muy fuerte también al resto de los jerarcas para que cuiden a más no poder los recursos estatales.

2.     El directorio de Antel tomó esta decisión el 7 de mayo sin siquiera conversarlo con el Poder Ejecutivo. Iglesias lo consideró un asunto menor y no se lo informó al ministro de Industria.

Las empresas públicas, su rol y su dirección

Ese segundo punto revela otra arista de este episodio. El gobierno privilegió la capacidad técnica a la política para nominar a los presidentes de los directorios de las empresas públicas en el entendido de que es la mejor decisión para profesionalizar la gestión.

En cualquier empresa del mundo (privada o pública), el directorio no es técnico, es político. Allí se deben tomar las decisiones que defiendan los intereses de los accionistas. Por eso es lógico que las empresas públicas tengan directores políticos, para defender los intereses de sus accionistas: los ciudadanos. Eso no quiere decir que los directores tengan que defender sus intereses políticos o hacer carrera política, como también hemos visto en el pasado reciente.

En el caso de Antel, Lacalle ya se había dado cuenta algunas semanas atrás que se había equivocado con la designación de Iglesias. Si bien es un técnico respetado dentro de la compañía (es un gerente que mantenía su cargo en reserva), no tenía la visión política necesaria para impulsar los cambios que pretende el gobierno. El hecho de no haberle avisado a nadie del Poder Ejecutivo de esta decisión es una muestra de esa falta de tino político. A cualquier dirigente con algo de experiencia le hubieran sonado todas las alarmas antes de firmar esa resolución que le envió la gerencia general.

A la vez, al venir de adentro de Antel, representa -queriendo o sin querer- a una de las dos corporaciones que mueven las empresas públicas: sindicatos y gerentes.

Lo que intentó el gobierno con el cambio en la presidencia de los entes es aplicar lógica empresarial para mejorar la gestión y, en definitiva, poder bajar las tarifas.

Pero se encontró un escollo desde el minuto cero: el salario que se le paga a estos cargos. El sueldo para los directores de los entes está topeado, lo que hace prácticamente imposible competir con lo que pagan los privados que en muchos casos llegan a quintuplicar esos sueldos. Esta nota del 11 de enero relata esos problemas  que tuvieron en el equipo de Lacalle.

Por eso la resolución que encontraron tanto en Antel, como en Ancap y UTE, fue apelar a gerentes de adentro de la compañía, que pueden mantener sus salarios, que increíblemente son mayores a los de sus jefes, los directores.

Conrado Hughes, quien con un tuit destapó este lío de Antel esta semana, siempre relata un episodio de sus épocas de director en Ancap (1988-1990). Cada vez que recibía la nómina con los sueldos que había pago la compañía por el mes anterior, armaba un ranking para ver en qué lugar se encontraba él y el otro director de la minoría: nunca bajaban del puesto 290 y en algún caso llegó a tener a 310 funcionarios que cobraban más que él en la empresa. “La lista de la ingnominia”, le llamaba.

Esta opción de tener directores que sean gerentes de la compañía y puedan optar por un sueldo mayor no es una decisión exclusiva de los gobierno blancos o colorados. El anterior presidente de Antel, Guillermo Tolosa, también cobraba su sueldo de gerente en vez del de presidente. O Mario Bergara, tanto cuando fue ministro como presidente del Banco Central, mantuvo en reserva el puesto como funcionario del banco que implicaba una mejor remuneración. Son solo dos ejemplos de muchos.

¿Es posible mantener el criterio del degüello?

No estamos habituados en la cultura política uruguaya a que un político destituya de entrada y sin mucha vuelta a un jerarca importante. Lacalle Pou ha demostrado en su carrera política que tiene esa característica. La aplicó antes de llegar a la Presidencia, cuando sacó de su sector a un diputado acusado de “conductas personales” que no podía tolerar. Luego  lo volvió a aceptar años después, bajo el concepto de que no hay penas de por vida. Tiempo antes también había pedido la renuncia de  un dirigente blanco que era director de AFE por manejo irregular de fondos.

Cuando comenzó su carrera política, Tabaré Vázquez parecía que también era un dirigente que iba a “cortar la mano” a todo el que se desalineara de sus objetivos. Así lo hizo como intendente con Benjamín Liberoff (que luego se demostró que era inocente de lo que se lo acusaba). Pero con el correr de los años como gobernante, en la intendencia y en la Presidencia, no fue alguien que destituyera muchos jerarcas por sus errores cometidos.

José Mujica sí destituyó a varios jerarcas (a una ministra de Desarrollo por errores en un plan de invierno, a dos presidentes de Secundaria), pero a otros tantos les perdonó la vida.

¿Lacalle será igual de implacable con todos como lo fue con Iglesias? Esa pregunta hoy no tiene respuesta. Sí está claro que la tendrá difícil para mantener este criterio de mano dura. Una cosa es destituir a un presidente de Antel sin respaldo político y otra es cuando los que cometan errores severos sean dirigentes pesados de sus socios políticos de la coalición o de su cerno más cercano. Sin ir más lejos ayer se conoció la polémica decisión del Mides de contratar una encuesta para medir su opinión pública y gastar medio millón de pesos, en momentos en que el Mides está buscando recursos por todos lados para asistir la emergencia social. ¿Habrá consecuencias allí? No las hubo hace menos de un mes cuando Lacalle le perdonó la vida al subsecretario de Defensa por sus críticas a Pablo Mieres y Ernesto Talvi, aunque lo obligó a disculparse públicamente por sus tuits.

Semana Traducida: entre buenas noticias de la pandemia y la mala comunicación en un momento clave

• Las seguridades que transmite el equipo científico.
• La peor conferencia del gobierno desde que empezó la pandemia con el regreso a clases. 
• La marcha del silencio, el nuevo gobierno y los derechos humanos.
• El acuerdo con UPM.
• El descongelamiento de la agenda.