El desafío del Estado para proteger a los más vulnerables

Un informe realizado por el Programa de las Naciones Unidas presentado en 2018 denominado Dinámica del bienestar de las clases sociales, concluyó que en 2017 la cantidad de hogares en situación de vulnerabilidad, o de riesgo de caer en situación de pobreza ante un shock negativo de la economía, en Uruguay alcanzaba el 40%. 

El documento sostiene que entre 2004 y 2016 hubo una fuerte reducción de la pobreza en el país (de 60% a 21%), pero advirtió que muchos de los que ascendieron en la escala social aún estaban en situación de vulnerabilidad.

“El hecho de que un número importante de hogares hayan superado el umbral de pobreza no garantiza el logro de ciertos funcionamientos, así como tampoco el desarrollo de capacidades que permitan a las personas estar a resguardo de futuros shocks económicos y de caer nuevamente en situación de pobreza”, señala el informe, y agrega que “consolidar las mejoras del grupo de hogares que se encuentra en situación de vulnerabilidad representa un desafío para el país, si no se quieren perder los logros alcanzados”.

Ante la situación generada tras la aparición del coronavirus con una caída de la actividad económica en todo el mundo, uno de los principales desafíos que se le plantea el gobierno durante este período es atender a los sectores de la población más expuestos ante esta crisis inesperada, con una economía estancada que destruye empleos hace un quinquenio. 

Como respuesta, el Poder Ejecutivo anunció este viernes que se destinarán $ 1.000 millones (US$ 22,3 millones) al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), para crear refugios para personas en situación de calle, fortalecer los planes del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) y aumentar los montos de la Tarjeta Uruguay Social (TUS). Estas medidas se sumaron a la flexibilización para el acceso al seguro de paro informado días atrás. 

Por su parte, el economista Javier de Haedo sintetizó el dilema al que se enfrenta el gobierno de forma muy sencilla en una entrevista con radio Carve este jueves. Dijo que el gobierno estaba enfrentando decisiones muy difíciles porque “cuanto más se cuide la salud, más se afectará la economía, y cuanto más se cuide la economía, más se afectará la salud”.

Para uno de los elaboradores del informe, el economista Martín Leites, a la primera reacción de pedido de solidaridad a la gente para que “no salga a la calle” –que es motivada por un bien supremo como la salud de la población–, debería de ahora en más en razón de que esas actitudes tienen costos distintos entre los que pueden seguir trabajando y los que no logran el jornal, pedirse también respuesta con “solidaridad de recursos”. 

Aunque Leites reconoció que hablar de cifras en el escenario actual es imposible, dijo que las características de esa población son que está vinculada principalmente al sector informal de la economía (en negro), por lo que éste es al que el Estado tiene que poner su foco prioritario. 

“Me parece que el discurso de la solidaridad no debería morir en la salud. Nos es muy fácil construir un discurso que si uno toma una decisión de salir y contagiar al otro, embromo al otro. Pero cuando le exijo al otro que no salga, como sociedad nos deberíamos comprometer a que el otro tenga los recursos suficientes para sobrepasar la crisis. Los recursos van a ser más escasos y tenemos que buscar las mejores formas de distribuirlos”, planteó.

La personas comprendidas en esta situación, dijo el investigador, forman parte de una población cuyo jefe o jefa de hogar está vinculada al sector informal, o su nivel educativo es relativamente bajo a pesar de tener un trabajo, que seguramente sea de cierta inestabilidad o baja calidad. 

“Básicamente, la crisis económica está ocurriendo porque a muchos les estamos pidiendo que no vayan a trabajar y para esos hogares el no hacerlo significa que no van a tener recursos”, explicó. 

El académico indicó que los mencionados son hogares que están insertos con mayor o menor éxito en el mercado formal, con inestabilidades por momentos, pero que, en otras dimensiones del bienestar como vivienda o educación, evolucionan más lento.

“Esta característica, además, habla de la capacidad de acumulación de ingresos, que es menor a la del resto. Los shocks recesivos les hacen reducir drásticamente su bienestar. Los costos por pérdidas salariales son mucho mayores”, alertó.

Leites explicó que también una sobrerrepresentación de esos hogares vulnerables a los que el Estado tendrá que atender, son aquellos con jefatura femenina,  que además son los que en general tienen mayor presencia de menores en la composición familiar. Otros casos relevantes a considerar "son los hogares de ascendencia afrodescendiente”, agregó.  

Por su parte, el doctor en historia económica, Diego Vallarino,  dijo a El Observador que lo particular de esta crisis es que no se da a partir de fundamentos esencialmente económicos o financieros -como ha sido históricamente en Uruguay-, sino que parte de un tema de salud que afecta directamente “a toda la actividad en semanas o días”. 

El contador explicó que los primeros en sentir el efecto –como ya está ocurriendo– son los sectores no transables de la economía, como almacenes, peluquerías, restaurantes y demás lugares de esparcimiento. El efecto se da en “esos lugares que, por más que tengan un producto, el servicio es fundamental”. 

“Lo que está ocurriendo afecta a la base misma de la economía que se enfría toda, en particular en los servicios -también a las empresas- como sanitarios o electricistas que es donde la atención personal tiene un valor agregado. Eso es lo que está derrumbando la actividad. Ataca a las pequeñas y medianas empresas directamente, con mucha gente que no tiene la posibilidad de ir al seguro de paro porque son los que salen a vender su trabajo mes a mes. Frenaste porque el de al lado frenó. Después tenés toda la economía informal como almacenes de barrio, el vendedor ambulante, que no tienen una contención formal. Esos son los primeros que caen, son los que viven día a día”, apuntó.       

Sin embargo, Vallarino consideró que en esta coyuntura la posibilidad que tienen las políticas públicas de actuar sobre la actividad es más directa que en crisis pasadas, poniendo dinero "de forma directa en los motores de la economía afectando consumo interno e inversión".  

"La gente ahora se empieza a quedar en la casa y cuando eso ocurre queda todo vacío. Eso es lo que está parando la economía porque la gente no sale. Y si lo hace, lo hace de un punto a otro, cortando y derrumbando la actividad en donde están la gran mayoría de los trabajadores en Uruguay. La génesis de lo que está ocurriendo es totalmente distinta con un enfriamiento artificial de la economía".

Diego Vallarino

Un Estado de mayor alcance

Sin embargo, y ante el inminente aumento de la carga en los costos del Estado que provocará esta emergencia sanitaria, económica y potencialmente social, Leites destacó que, a diferencia de lo que ocurrió en 2002 –además de menos desempleo e informalidad–, lo bueno es que hoy el Mides y el Estado tienen una serie de instrumentos que antes no tenían.

A partir del desarrollo de los sistemas de transferencias no contributivas rápidamente se pueden traspasar recursos a los hogares más vulnerables, explicó,  “al menos por un periodo determinado de tiempo, pero va a ser necesario que exceda los montos de la actualidad”. 

En este sentido, manifestó que quizás durante dos meses  “en este contexto”, hay que plantearse dotar de ingresos sin mantener condicionalidades, como la de enviar a los chicos a la escuela.

Dijo que el anuncio por parte del gobierno este jueves sobre la expansión de sistemas de alimentación “es importante” y una condición necesaria, pero que “no va a ser suficiente”.

Por su parte, el exdirector  de Evaluación y Monitoreo del Mides, Juan Pablo Labat, apuntó que una mayor canalización de recursos por parte del Estado a los que están en situación más vulnerable o con riesgo de caer en la pobreza debe ser considerado “como una emergencia de un mes o como mucho dos”, no de subir el flujo permanente de gastos del Estado. 

“Ahí hay una diferencia sustantiva. No es lo mismo invertir por única vez en un asunto que conserva capacidades frente a la posibilidad de perderlas, que no hacerlo. Esto es un evento evidentemente nuevo que nunca había pasado, pero hay mecanismos, sobre todo para los sectores formales en los que solo se trata de transferir fondos, debido a que las reglas ya son claras. Además, la parte donde se concentra más la informalidad, además de la pobreza y la precariedad, estaría más o menos cubierta al menos en la información. En eso está cubierto el 70% del primer quintil de ingreso y para aumentar recursos es apretar un botón”, señaló. 

"Desde la perspectiva de cuál es la mínima transferencia posible para atender a los más desposeídos pienso en la tarjeta del Mides. Ahora, al lado de la tarjeta del Mides en el mismo barrio tengo un montón de gente que no tiene tarjeta y que tiene una condición apenas mejor, con las mismas características como población".

Juan Pablo Labat   

Labat agregó que hay que dividir las políticas públicas en dos partes (exceptuando a los que acceden al seguro de desempleo); las que ya están enfocadas a las personas en situación vulnerable pero ya son parte de las políticas sociales y de las bases de datos, y por otro lado, los que se encuentran en el sector informal de la economía que no están contemplados en el presente por el Estado, porque no están en un situación tan precaria para estarlo.  

“En ese caso hay una vulnerabilidad informal no vinculada a las prestaciones del Estado. Tampoco hay instrumentos para estos casos, que no son sencillos de aplicar además. Muchas veces esto va asociado al pequeño emprendimiento barrial, el almacén de la esquina o la carnicería del barrio, que tiene a la mitad de la gente en blanco y a la otra mitad en negro. Ese tipo de situaciones van a ser muy difíciles de atender. Habrá que hablar de algún tipo de bono u otras políticas focalizadas”, argumentó Labat, que dijo que este tipo de transferencias también van a repercutir en esos negocios con la reactivación de su actividad microeconómica.

Aumento de bienestar