El edificio en el que un ministerio gastaba $ 750 mil al mes y otros recortes en el Estado

El adjetivo lo había acompañado durante toda la campaña electoral, y si alguno de sus colaboradores aún no lo sabía, quince días antes de asumir como presidente de la República se encargaba de recordárselo.

El pedido se materializó por primera vez el lunes 2 de marzo, cuando los ministros asumieron en ceremonias por demás sencillas, que según los jerarcas buscan reflejar lo que serán las gestiones.

Al poco tiempo, se hizo decreto mediante una norma que estableció el máximo del gasto de los ministerios en el 85% del presupuesto anterior. A más de un mes y medio de haber comenzado la tarea, con una pandemia en el medio que los obligó a desviarse de la ruta trazada, los ministerios comienzan a observar con lupa los presupuestos y afinan gastos para cumplir con la austeridad encomendada por el presidente.

En algunos casos, el coronavirus les facilitó las tareas y los jerarcas aseguran que estarán “por encima” de lo solicitado, mientras que otros ya saben que no la cumplirán porque el rubro se les disparó para atender la emergencia sanitaria.

A Javier García, una de las primeras cosas que lo sorprendieron cuando llegó al Ministerio de Defensa Nacional fue la cantidad de autos oficiales que había.

Pensó que eran muchos y esta semana ordenó reducir 30% la flota de vehículos administrativos. El pedido exceptúa a los considerados de carácter “táctico”. Los autos, al igual que el avión presidencial, serán rematados.

Este jueves, el semanario Búsqueda informó que Defensa tiene 418 vehículos administrativos, de los cuales casi la mitad (44%) corresponde al Ejército y 31% a la Fuerza Aérea y la Dinacia conjuntamente. Entre combustible, seguro y mantenimiento, Defensa gastó en 2019 más de US$ 10 millones.

El otro tema que sorprendió a García fue que solo 20 vehículos estuvieran afiliados al Sistema de control vehicular (Sisconve), la herramienta para monitorear el consumo de combustible en los autos estatales. El ministro buscará ampliar la cantidad.

El jerarca también decidió que su administración permanecerá en el histórico edificio Artigas de la avenida 8 de Octubre, que data del siglo xix, y ordenó cancelar la obra donde iba a funcionar una nueva sede del ministerio. Según fuentes de la cartera, esto permitirá un ahorro de más de US$ 3 millones, a los que se sumarán otros US$ 3 millones anuales por recortes en gastos administrativos.

Aunque menor, Defensa también ordenó disminuir los ágapes y celebraciones que había en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Solo en esta última fuerza, el rubro previsto eran unos $ 500 mil. “Todos acataron”, graficó la fuente.

El Ministerio de Economía y Finanzas ordenó recortes de carácter administrativo y es el encargado de evaluar los gastos.

Así como García se sorprendió con la cantidad de autos, algo similar les ocurrió a Pablo Bartol y Armando Castaingdebat en la transición, cuando observaron que había una cantidad de programas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que se superponían y ahora serán fusionados. Una de las fusiones en la que están pensando es de Uruguay Crece Contigo, que atiende a la primera infancia, con el programa de Cercanías, para familias vulnerables.

Los jerarcas aseguran que los cambios no significarán una disminución en la calidad de la atención ni de los servicios que se prestan a la población.

Con el mandato firme de austeridad, y junto a una consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que contrataron, el director general de Secretaría, Nicolás Martinelli, peina los gastos dentro del ministerio para definir una reestructura que será importante.

Martinelli dijo a El Observador que están revisando los 49 programas existentes y que “muchos” no tenían evaluación. “En algunos casos se prescindirá de la contratación de oenegés porque se harán con personal del ministerio. No hay grandes márgenes para recortar, por lo que hay que buscar eficiencia”, agregó.

Para las personas en situación de calle, evalúan el funcionamiento de contenedores recientemente adquiridos, que les permitirán bajar el costo de alquileres, así como potenciar la utilización de hoteles y generar acuerdos con la Agencia Nacional de Vivienda para inmuebles vacíos.

Las autoridades esperan tener el trabajo de revisión interna terminado para mediados de mayo y poder volcar la reestructura en la ley de Presupuesto.

El Ministerio de Salud Pública disparó sus gastos debido a la llegada del coronavirus covid-19 y no cumplirá con la meta prevista por el gobierno, mientras que al Ministerio de Turismo le pasó lo contrario. El ministro Germán Cardoso dijo a El Observador que están teniendo “ahorros muy por encima de lo solicitado” debido a que no están realizando actividades promocionales. “No sabemos hasta cuándo vamos a tener la inactividad, por lo que no podemos cuantificar el ahorro”, agregó.

La cartera pondrá a la venta la casa comprada en 2017 durante la administración de Tabaré Vázquez que iba a ser la nueva sede pero que todavía no se inauguró. El ministro dijo que en total se iban a invertir US$ 4 millones en ese inmueble, contando que había costado US$ 1,5 millones e indicó que el dinero que se obtenga de la venta será volcado a “ahorros que el Estado necesita para invertir grandes cantidades de dinero”.

Quien sí se mudará será el Ministerio de Industria, que volverá a funcionar en la sede de Ancap, abandonando el edificio alquilado durante la gestión de Carolina Cosse en la peatonal Sarandí. Son $ 750 mil por mes el alquiler y funcionamiento; en 2019 ese gasto ascendió a $ 8.548.318. En esa cartera las autoridades están en la mitad del proceso de revisión de gastos.

En el caso del Ministerio de Vivienda, Irene Moreira y Tabaré Hackenbruch dispusieron una serie de restricciones al uso de vehículos, compra de hardware, insumos en informática y mobiliario. También a la compra de prensa escrita, con una disminución de medios y la obligación de adquirir soportes digitales y no en papel. También disminuirán la cantidad de primas que se otorgan a funcionarios y no comprarán aparatos de telefonía celular para las autoridades.

Según Hackenbruch, en “funcionamiento” entre las medidas y el parate por el coronavirus estarán “por encima” del 15% solicitado.

Hasta el momento, los recortes en las oficinas no han recibido críticas de las anteriores autoridades, salvo un caso: Eduardo Bonomi, que fustigó a Jorge Larrañaga por dejar sin efecto la 89ª Reunión de la Asamblea General de Interpol que iba a organizar el Ministerio del Interior en octubre en Punta del Este, y cancelar la construcción de una nueva cocina en el Hospital Policial.

La financiación del primer evento estaba estimada en cerca de US$ 3 millones, y las obras en el centro de salud iban a salir aproximadamente US$ 2,7 millones, según informó El País. Sobre la cancelación del evento internacional –cuyo costo fue considerado por el Poder Ejecutivo como “innecesario y un exceso”–, Bonomi criticó este martes en el programa radial InterCambio de M24 que se lo midiera como “un gasto”, y catalogó luego de “grueso error” la suspensión de la construcción en el Hospital Policial.

El director general de Secretaría, Luis Calabria, emitió una circular donde señala que es “necesario y obligatorio el control, racionalización y abatimiento del gasto en todas las contrataciones de bienes y servicios” que realiza el ministerio y que deberán trabajar en la ejecución del 22% del presupuesto, ya que el 78% corresponde a erogaciones salariales.