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El FA busca los votos de Cabildo Abierto para una solución a los miles de uruguayos "acorralados" por las deudas
La bancada del Frente Amplio en el Senado tiene pronto un proyecto de ley que busca constituirse en una nueva alternativa para solucionar el problema de las decenas de miles de personas afectadas por el endeudamiento pero, antes de oficializarlo en el Parlamento, procura construir una mayoría que le aporte los votos necesarios para su aprobación. Allí la apuesta es, una vez más, Cabildo Abierto.
En la oposición confían en que los liderados por Guido Manini Ríos se plieguen a una alianza en un tema en que ambas formaciones demostraron tener intereses similares, ya que los cabildantes buscan desde hace tiempo promover su propia iniciativa destinada a darles una solución a los uruguayos que, afirman, han sido "expoliados" por los prestamistas.
El proyecto del Frente Amplio, enviado días atrás a varios dirigentes de Cabildo y al que accedió El Observador, propone un procedimiento judicial para reestructurar los pasivos originados en créditos al consumo no garantizados con hipotecas, que deberá obligatoriamente ser precedido de un proceso conciliatorio administrativo. Podrán acogerse a él todos los que se vean imposibilitados de afrontar sus obligaciones ante sus acreedores y vean por ello comprometido el acceso a bienes de primera necesidad. Podrán hacerlo las personas cuyo único activo inmobiliario esté destinado a vivienda con un valor máximo de 600 mil unidades reajustables (equivalentes hoy a unos $ 900 mil) y perciban ingresos anuales de hasta 120 mil unidades reajustables ($ 180 mil).
El procedimiento administrativo se entablará ante el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas y suspenderá las ejecuciones de contenido patrimonial por 120 días, plazo en el que las partes deberán arribar a un acuerdo de pagos, que tendrá que ser refrendado por los acreedores que representen las dos terceras partes de los pasivos denunciados.
La propuesta de acuerdo no podrá ser inferior al pago del 40% de la deuda y las cuotas no deberán superar el 40% de los ingresos mensuales del deudor. Si el acuerdo no llega, tanto deudor como acreedores podrán entablar un proceso judicial de acuerdo al monto del pasivo inicial. Allí el juez podría imponer una "reestructura judicial forzosa" obligatoria para las partes y que incluirá lo que el magistrado considere factible de cumplir por parte del deudor.
En el proyecto el Frente Amplio considera indispensable resolver la situación de deudores de bajos recursos "afectados de forma dramática por intereses, multas y recargos practicados por instituciones financieras y prestamistas, así como las "formas abusivas" a las que estas recurren para el cobro de esos créditos.
Préstamos que, se señala, termina en montos "absurdos e imposibles de pagar" debido a las altas tasas de interés previstas y la forma de imputar los pagos efectuados por los deudores. "Todo ello deriva en dramas sociales y familiares", se advierte, con pérdidas del poco patrimonio con el que se cuenta, y su inclusión práctica en la categoría de "parias" en el Clearing de Informes. La posición apuntó allí a responsabilidad de las financieras por habilitar un alto nivel de endeudamiento de sus clientes, en particular los de escaso patrimonio, muchas veces además tercerizando el cobro de deudas y llegando para eso incluso al acoso.
Actuación culpable
El proyecto del Frente Amplio prevé la "actuación culpable" del acreedor, que se presumirá cuando al otorgarse cualquier préstamo no se informe al deudor del monto total a pagar por el crédito, incluyendo todos los costos involucrados. También cuando, en los casos en que se realice publicidad, no incluya toda la información relativa a la tasa de interés prevista. Dicha "actuación culpable" estará configurada además cuando se realicen "prácticas abusivas" para el cobro de los créditos, como violaciones a la intimidad de la persona, su humillación, el uso de información errónea, el abuso de desinformación o llamadas constantes y a horarios inapropiados.
Cerca de un millón de uruguayos figuran con al menos tres meses de atraso en el pago de sus créditos en el Clearing de Informes, según los últimos datos proporcionados al Parlamento por Equifax, la empresa que administra esa registro. A su vez, 633 mil personas son consideradas deudores irrecuperables ante el Banco Central.
"La gran mayoría de los uruguayos sin activos, que solo cuentan con su salario, se encuentran acorralados y muchas veces embargados ante el incumplimiento en el pago de sus obligaciones", señala el texto. "En épocas de crisis, es imperiosa la creación de instrumentos procesales y administrativos eficaces tanto para el deudor como para el acreedor", se concluye.
El acuerdo con quien sea
En Cabildo Abierto recién tomaron contacto con el texto de la oposición y será analizado en el correr de las próximas semanas. En diálogo con El Observador, en senador Guillermo Domenech dijo que su partido insistirá en la creación de un procedimiento por el que los deudores consigan reestructurar sus deudas, pero también pretende avanzar otra vía en la regulación de los intereses que pueden cobrar las financieras.
Los liderados por Manini Ríos vienen de una gran decepción en este tema luego que el mes pasado sus socios de la coalición de gobierno frenaran en el Senado la aprobación del proyecto que habían presentado para regular esta situación.
Domenech remarcó que ahora la apuesta es a lograr los consensos necesarios para llegar a las mayorías que permitan la aprobación de esta iniciativa. Más allá de un compromiso previo, en senador reconoció "no está claro" que ese consenso pueda llegar en el oficiailsmo. Por lo tanto, dijo, Cabildo Abierto está dispuesto a acordar "con quien sea" que se atenga a una solución razonable para esta situación.
Si el acuerdo no llega, la formación está decidida a lanzar en el primer semestre del próximo año una campaña de firmas para lograr que consulta popular defina el tema.
