El FMI y Argentina: Un acuerdo singular

Era un acuerdo impostergable para ambas partes. Argentina porque estaba al borde del default con el organismo internacional y el FMI porque por obvias razones de prestigio institucional, no podía permitir la insolvencia de su principal deudor, al menos sin un último intento para evitarla. En especial cuando hace pocos meses el propio organismo reconoció su responsabilidad, compartida con Argentina, en los errores cometidos en la aprobación del acuerdo del 2018, que dio lugar a esta deuda. 

El acuerdo consta entonces de un detalle sobre la refinanciación de la deuda y otro sobre las condiciones de contrapartida que Argentina deberá cumplir para ordenar su economía en tanto deja de pagar sus obligaciones. Ambos componentes están relacionados, porque el cumplimiento de estas condiciones es lo que permitirá el aplazamiento de los vencimientos.

Así, hay una meta de baja del déficit fiscal primario del 3% del PBI del 2021 al 2.5 % en este año, 1.9 % el año que viene y 0.9 % en el 2024. A su vez, también hay una meta de baja de la emisión del Banco Central destinada a financiar al Tesoro desde el 1 % del PBI de este año al 0.6 % en el 2023 y cero en el 2024. Las únicas medidas previstas para alcanzar estas metas son el recorte de los subsidios a la energía y el aumento de los precios de los servicios públicos, sin otra precisión. En adición, se establece el compromiso de suba de la tasa de interés real, que en la actualidad está en niveles negativos.  Sobre esta base, cada tres meses, el FMI hará una revisión del cumplimiento del programa y en caso afirmativo, le entregará a Argentina el monto del vencimiento que debió haber ocurrido, para recibir en el mismo acto y por otra ventanilla el mismo importe. Al cabo de este proceso, Argentina quedará debiendo los U$S 44.000 millones originales, que recién comenzará a pagar a partir del cuarto año posterior al primer desembolso ficto, en un plazo de seis años.

Es un acuerdo que puede interpretarse como una concesión del FMI a favor de los intereses de Argentina.

En primer lugar, porque libera al gobierno en funciones de todo pago hasta el fin de su mandato, facilidad que también alcanzará al primer año del gobierno que surgirá de la elección del 2023.

En segundo lugar porque no sólo reestructura la deuda que habrá de vencer en adelante, sino que además, incluye la devolución a Argentina de los U$S 5.000 millones que le pagó al organismo en el año pasado. De este modo se refuerzan las reservas del Banco Central, una ayuda que se agrega a la contribución de los DEG que facilitaron ese pago. 

Más importante aún es que a diferencia de la política tradicional del FMI en un acuerdo de Facilidades Extendidas a diez años como el que se trabaja, no hay ningún requerimiento de reformas estructurales. Es una carencia sustantiva, teniendo en cuenta la diversidad de distorsiones de fondo que desde hace tiempo están trabando el desarrollo de la economía argentina. 

Ello ha generado la crítica de la opinión especializada, que interpela al FMI por su excesiva indulgencia con un país incumplidor y en perpetuo desequilibrio. En contraposición, el gobierno en funciones ha proclamado como una victoria política que el acuerdo no obliga a ninguna reforma de fondo ni tampoco a un ajuste fiscal ni a un salto devaluatorio.    Una visión más conciliadora podría destacar que aunque en forma muy tímida, el cumplimiento de las metas fiscales y de emisión monetaria así como un mejor manejo de la tasa de interés y la política cambiaria podrían permitir una situación macro menos comprometida. Porque en particular las metas obligan al gobierno en funciones hasta el fin de su mandato, de tal modo que si no las cumple, se queda sin la tan deseada refinanciación de la deuda con el FMI, justo en vísperas de la próxima elección presidencial.

Aquí reside la otra parte de la historia. Aún en el mejor de los casos, está claro que el próximo gobierno tendrá que lidiar desde el principio de su gestión con la gigantesca tarea de perfeccionar el ajuste fiscal en marcha e iniciar las tan necesarias reformas de estructura. Toda una herencia. 

¿Debió el FMI haber exigido un acuerdo en serio, al estilo del que tuvo que cumplir Grecia con la UE a principios de este siglo? En teoría, definitivamente sí. Pero desde esta parte del mundo, sin la protección de vecinos poderosos, quizá el organismo no tenía otra salida que intentar un último paso para tirarle un cabo a un país al borde de la ingobernabilidad. Alcanza con seguir las pujas internas en el oficialismo sobre la aprobación del acuerdo y del proyecto de aumento tarifario.

Todo esto abre otro frente en el organismo internacional.

El Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha escrito en estas últimas semanas algunos afirmaciones harto discutibles sobre la política económica argentina y los términos del acuerdo en discusión.

Pero hay un punto en el que vale la pena detenerse. De confirmarse, este acuerdo con Argentina sentará un precedente fundamental para la negociación que tienen por delante los países deudores con el organismo internacional y también para la condicionalidad de los próximos acuerdos contingentes.