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En el FA se oponen a que víctimas de la guerrilla integren la Institución Derechos Humanos
La Asamblea General del Poder Legislativo intentará designar el próximo lunes a los cinco integrantes que deberán asumir la nueva conducción de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Para que eso suceda deberán reunirse los dos tercios de los votos de cada cámara del Parlamento: 66 diputados y 21 senadores. Si eso no ocurre en dos votaciones sucesivas todo se postergará por 20 días, y los nuevos directores serán nominados por mayoría simple.
Eso es lo que probablemente sucederá, dada las profundas diferencias políticas y de procedimiento que dividen al oficialismo y a la oposición. La coalición de gobierno impuso este lunes sus votos para que la asamblea resuelva entre 26 candidatos. Prácticamente todos presentaron su postulación, lo que representó la primera de las diferencias entre los bloques y ambientó una batalla jurídica en el Parlamento.
Once de los candidatos fueron presentados por los mismos partidos de la coalición, lo que a a juicio del Frente Amplio representa una violación de la normativa. La izquierda pretende que solo puedan postularse aquellos que hayan sido presentados por las organizaciones sociales inscriptas ante la INDDHH. Así se indica, se remarcó, en el artículo 39 de la ley que dispuso en enero de 2009 la creación de la Institución de Derechos Humanos.
La oposición apeló también al artículo 45 de esa ley. Entre los requisitos allí establecidos, se señala que los directores deben ser personas de "alta autoridad moral" y "contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos", además de no haber desempeñado cargos públicos de particular confianza durante los dos años anteriores a su designación. A juicio de la senadora Sandra Lazo, los postulantes del oficialismo están lejos de reunir todas estas condiciones.
Los cuestionamientos del FA se enfocan en especial en dos candidatos: Sergio Molaguero y Diego Burgueño, cuya principal carta de presentación pasa por haber sido, en diferentes circunstancias, víctimas del accionar de los grupos guerrilleros. Molaguero estuvo secuestrado por 69 días en 1972 a manos de la Organización Popular Revolucionaria 33 Orientales (OPR33). Burgueño es hijo del civil que murió el 8 de octubre de 1969 víctima del fuego cruzado entre los tupamaros y las fuerzas de seguridad en el marco de la "toma de Pando", emprendida por el MLN.
Burgueño, en particular, había adelantado en su presentación que si es electo procurará que la institución pueda funcionar "con total ecuanimidad" frente a la historia y el presente. Una historia en la que, insistió, la mayoría de las veces se muestra con una sola versión. "En este país se sabe muy poco de la historia reciente", aseguró. "Diría que no se conoce ni el 50% de lo que sucedió", dijo. "La verdad implica saber todo los sucedido sin diferenciar las partes de la historia".
Molaguero fue postulado por el diputado colorado Omar Estévez. Burgueño, en tanto, lo fue por la legisladora nacionalista Nancy Núñez. "No están calificados" dejó en claro a El Observador la senadora frenteamplista Silvia Nane. Consultada por los motivos, fue específica. "No tienen las competencias necesarias, y además tienen una posición completamente antagónica con la defensa de los derechos humanos", sentenció. Nane dijo haber hecho una "evaluación exhaustiva" de los candidatos, en las que consideró su experiencia profesional, su formación y su "aporte al plan estratégico" de la INDDHH, entre otros aspectos.
El FA también puso en la mira a Bernardo Legnani Píriz, el candidato promovido por el senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto). Según expresó, las últimas declaraciones de su colega cuestionando a la Justicia por el procesamiento del excomandante del Ejército, Juan Modesto Rebollo, deberían inhabilitar al postulante que propone, al ir contra el plan estratégico de la institución. En su presentación, Legnani había deslizado ciertas críticas al funcionamiento del actual consejo directivo de la INDDHH. Consideró que sus integrantes deberían ser "políticamente neutros".
Si bien el FA sigue sin tomar una definición, a juicio de Nane hay dos candidatos que deberían ser considerados a la hora de asegurar la línea actual de trabajo de la institución. Sobre todo, en lo que respecta a la búsqueda de los restos de detenidos-desaparecidos: Mariana Mota y Wilder Tayler. "No me cabe duda", señaló. Los actuales directores de la INDDHH se postulan para un nuevo período en el organismo, apadrinados entre otros por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Con los 26 nombres en carrera, el Frente Amplio deberá definir en estos días si, finalmente, opta por algún nombre o desconoce todo el proceso. Por ahora, tampoco existe acuerdo en cómo serán electos los candidatos. A fuerza de votos, el oficialismo pretende reservarse la elección de cuatro de los integrantes del nuevo directorio. Dos de ellos quedarían en manos de los nacionalistas, uno de los colorados y otro de Cabildo Abierto. Según esta fórmula, el Frente Amplio elegiría al quinto integrante.
Cuestionan incursión
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) había expresado a mediados de este mes su preocupación por el proceso de elección de un organismo "encargado por ley de la búsqueda de la verdad y el destino de los detenidos desaparecidos". El asunto fue incluido en las conclusiones preliminares del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas en su reciente visita.
Así, a través de información recibida, el grupo tomó nota de la "intención de ciertos sectores políticos" de "querer controlar y politizar" a la institución mediante la elección del nuevo consejo directivo. En ese marco, la ONU subrayó la necesidad de que la selección se base en un procedimiento que ofrezca "garantías de idoneidad y competencia" de los candidatos, que deben además "representar a actores civiles involucrados con la protección de los derechos humanos".
En ese marco, la ONU hizo un llamado a los parlamentarios para que la elección no afecte la independencia de la Inddhh y su tarea fundamental. La preocupación está dada además por "reiterados episodios" que tienden al "desprestigio y al cuestionamiento público" de los actuales integrantes de la institución, "formulados por algunos exponentes políticos y retomados por algunos medios de comunicación". Una situación que, a juicio de ONU, puede dificultar el desempeño de sus funciones. El grupo de trabajo considera "inaceptable cualquier ataque, amenaza o intimidación que atente contra la integridad personal o profesional de sus integrantes, y que vaya justamente dirigida a cuestionar las labores de búsqueda de desaparecidos y de protección de los derechos humanos.
El pronunciamiento del organismo internacional fue rechazado desde filas nacionalistas. El diputado Rodrigo Goñi habló este lunes de "intromisión" por parte de esa entidad y reclamó que la comisión especial que analiza el tema repudie esas expresiones. "Rechazamos toda intromisión dirigida a desacreditar este proceso de elección" señaló Goñi al cuestionar la "incursión" de este grupo de trabajo. Consultado por El Observador, dijo que a su entender el accionar de los representantes de ONU puede configurar un cuestionamiento a la soberanía del Parlamento uruguayo.
Al respecto, el oficialismo apela allí a un informe especial de la División Jurídica del Senado. Allí se concluye que el propio artículo 39 de la ley lo expresa claramente: los parlamentarios "podrán recibir propuestas" y así "elaborar una lista de candidatos". Los especialistas de la cámara descartaron una interpretación "piedeletrista" y concluyeron, de esa forma, que los legisladores también están habilitados para presentar postulantes. "Así surge claramente de la intención o el espíritu con el que fue aprobada la norma", señala el informe al que accedió El Observador.
La encomienda llegó tarde
De la lista original fueron eliminados dos candidatos. Uno de ellos fue Santiago Juan Mirande. Su nombre fue propuesto por el Sindicato Único de Trabajadores de Arroz y Afines (SUTTA). el problema es que la ley obliga que cualquier postulante esté en pleno ejercicio de sus derechos cívicos. A la hora de la evaluación, resultó que Mirande no tenía ni siquiera credencial cívica.
Otro de los candidateados ni siquiera llegó a ser considerado en la lista de postulantes. Residente en Paysandú, envió sus antecedentes y su currículum a través de un correo privado que terminó demorando más de lo previsto. El sobre llegó al Parlamento un día después de que se cerrara el plazo de inscripción. En este caso, la División Jurídica recomendó rechazarlo. "Los requisitos y las condiciones establecidas deben ser respetadas por todos los postulantes", se señaló. Aceptar esa postulación, se agregó, sería violar el principio de igualdad que debe regir para todos los interesados.
